Seguridad: cuando investigar el patrimonio se convierte en pieza clave

El crecimiento de varios delitos en los que los factores económicos son una pieza clave, motivó la creación de un equipo de especialistas encargados de investigarlos. Se trata de un área que se aboca a construir perfiles (de personas físicas o jurídicas) a partir del análisis y recolección de información de bases de datos públicas o privadas. Así, el organismo consiguió primer fallo por lavado de dinero con competencia provincial.

   Se trata de la Dirección de Investigación Patrimonial, que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia, un sector que tomó mayor protagonismo en octubre pasado en el marco de la megacausa por lavado de activos y fraude en Rosario, pero que viene desarrollando sus tareas desde hace más de tres años.

   La dependencia nació a inicios de 2012 en lo que en ese entonces fuera la Subsecretaría de Delitos Económicos. En la actualidad depende de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Policías Especiales y está integrada por profesionales abogados, contadores públicos nacionales, licenciados en administración y personal policial especializado.

   El titular de la dirección, Alejandro Elías, explicó que "el trabajo consiste en armar composiciones de determinadas personas físicas o jurídicas para tratar de identificar cómo se compone su patrimonio". Es que conocer si un investigado cuenta con inmuebles, vehículos o cuentas bancarias, por ejemplo, son elementos que al grupo de profesionales de Seguridad les permite armar una radiografía, "o lo que se llama una foto patrimonial", indicó Elías; y agregó que "a partir de ahí también es posible establecer vinculaciones con otras personas e identificar las actividades que desarrollan o el historial de trabajo por el que han tenido vinculaciones".

Perfiles

En este sentido, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, sostuvo: "Es muy importante trabajar con esta información, que nos permite conocer con más profundidad los perfiles de los investigados. Es un área del gobierno que trabaja en conjunto con la Justicia y lleva adelante muchas tareas investigativas importantes y necesarias para la construcción de seguridad pública".

   La tarea de armar la foto patrimonial supone una ardua tarea de recolección de información (en bases de consulta pública o de acceso restringido) y luego un análisis minucioso de los datos. "A partir de la obtención de esa información, armamos la base de relaciones; es decir todas la vinculaciones familiares, comerciales o de otro tipo que tengan las personas en cuestión. Ordenamos esta información, la subdividimos en categorías y la presentamos en informes que son acompañados con un cuadros gráficos, una herramienta visual que favorece mucho la interpretación cuando hay gran cantidad de datos", explicó el director de Investigación Patrimonial.

  Cuando distintos organismos o áreas de la policía de Santa Fe requieren la información, la aplicación del Sistema Redes resulta de gran utilidad para gestionar los pedidos y tener un registro de lo que se está trabajando.

   "La particularidad que tiene el sistema es la de automatizar el pedido de datos a través de usuarios a los que nosotros les asignamos claves de acceso y un nombre", explicó Elías. "De esta forma, los usuarios registrados, quienes previamente tienen que completar un formulario y hacerse responsables del uso de la información que piden, ingresan a un sitio en internet, cargan un pedido y solicitan la información básica que necesitan. Eso genera un requerimiento al que se le asigna un número y que es trabajado por un integrante de nuestro equipo", añadió el funcionario.

   Luego, se confecciona el informe correspondiente y se envía al correo electrónico de la persona que lo requirió.

Caso emblema

La importancia en materia de seguridad pública respecto al aspecto patrimonial quedó plasmada cuando en 2014 la Justicia provincial obtuvo competencia en un caso de lavado de dinero en Melincué. Ese fue el primer antecedente en el marco de lo que establece la ley Nº 25.246 de lavado de dinero.

   En un trabajo conjunto realizado por la entonces Subsecretaría de Delitos Económicos y la entonces Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas, el 25 de mayo de ese año se allanó una whiskería (La Rueda), varios privados y un domicilio particular en Melincué, por una causa de facilitamiento y explotación económica de la prostitución. A partir de los datos recolectados y de los elementos secuestrados, el fiscal Matías Merlo elevó un pedido de investigación por lavado de activos. Luego del proceso judicial, parte de los bienes obtenidos por la explotación y facilitamiento de la prostitución (dinero en efectivo, vehículos y equipamiento informático) volvieron a la sociedad y a las víctimas.

   Ese no fue el único caso en el que participó el equipo especializado en patrimonio de la provincia. Lo propio ocurrió en Rafaela, en una investigación llevada adelante por el fiscal Diego Vigo, también por facilitamiento de la prostitución. Además de las condenas a los responsables del ilícito, este año los bienes decomisados fueron donados a una ONG y el dinero secuestrado en el marco de los allanamientos sirvió para resarcir a las víctimas.

Otros casos

Los informes patrimoniales también se realizaron en casos resonantes como el de la familia de Delfín Zacarías, cuyos miembros compraron en pocos años 40 inmuebles, 36 de los cuales fueron adquiridos entre 2008 y 2009; además de la causa de Los Monos (ahora la dirección provincial se encuentra actualizando y complementando la información patrimonial elaborada oportunamente); y en el caso por la búsqueda de Maximiliano Sosa, el pequeño de Ceres que lleva un año de desaparecido y cuya abuela y su pareja fueron detenidos y varios de sus bienes secuestrados.

   Más cercanos en el tiempo, la actuación de la Dirección de Investigación Patrimonial fue importante tras los allanamientos por la causa de presunto fraude en la liquidación de consorcios en José Hernández al 1600 de Rosario; en la megacausa por presuntas estafas y lavado de dinero en la compra y venta de propiedades; y en otro ilícito similar, aunque de menor dimensión, que tuvo lugar en Santa Fe.