"Esto nos pega muy fuerte, porque casi todos los insumos vinculados con la medicina, del equipamiento a los medicamentos, excepto los recursos humanos, tienen una dependencia casi absoluta con la situación monetaria actual. Esto va a repercutir de manera directa y brutal en los costos de la salud, tanto estatal como privada", aseguró el profesional.
Durante la jornada, que se desarrolló en el auditorio del hotel Ros Tower, expusieron entre otros los responsables del Iapos y Pami, Soledad Rodríguez y Sergio Cassinotti; el superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Sandro Taricco; el director de la carrera de Médico Especialista en Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la UBA, Esteban Lifschitz, y el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, a cargo del cierre.
Inflexión
"En este momento hay una inflexión en el financiamiento de la salud, ya que ni los aportes estatales ni los aportes salariales alcanzan para financiar el sistema, que tiene una inflación mucho más alta que la inflación general", aseguró a su vez el presidente de la Asociación de Clínicas, Rodrigo Sánchez Almeyra.
Villavicencio, que ofició como otro de los anfitriones y a la vez participó como moderador y disertante, no ocultó su preocupación por el impacto de la corrida del dólar sobre el sistema sanitario, pero descartó que pueda darse un "colapso".
Esa cautela no evitó que previera como "brutal" el modo en que la devaluación "va a repercutir" en los costos sanitarios del sistema público y privado.
En la misma línea, el titular del grupo Oroño afirmó que las "pautas salariales", que "quedaron en un orden promedio del 15 por ciento", funcionarán como un "recurso escaso frente a la escalada del dólar, muchísimo más alta".
Ese es el caso, recordó después de haber escuchado las ponencias de Rodríguez y Cassinotti, de las situaciones del Iapos y el Pami, cuyos titulares "dejaron muy claro" que sus recursos dependen de los sueldos de los trabajadores estatales y privados, respectivamente, afirmó.
Sólo que mientras la obra social de los empleados provinciales arrastra un desequilibrio de financiamiento de entre el 5 y el 7 por ciento, en el caso del Pami el "déficit es mucho mayor" y difícil de cuantificar.
Lo que está claro respecto del Pami, sostuvo, es que "por cada afiliado tienen una cápita aportante individual de 24 mil pesos, dos mil pesos por mes", una cifra "totalmente insuficiente".
Algo es seguro, la devaluación cruzó todos los debates en la jornada de salud.
Uno de los disertantes de ayer fue Esteban Lifschitz, sólo un homónimo, no pariente, del gobernador. Dirige la carrera de Médico Especialista en Evaluación de Tecnologías Sanitarias en la UBA y podría ser futuro director de una agencia que se encargará justamente de ese monitoreo, si es que finalmente la aprueba el Congreso. Ese organismo estará facultado para definir cuándo un tratamiento, un método diagnóstico o un medicamento, podrá ser usado por los pacientes, y cuándo se podrá comprar un aparato de última generación. Uno de los ejes de trabajo es pivotear sobre la relación "costo-efectividad" en el sistema sanitario. Y aunque Lifschitz afirmó que poner un freno a los recursos de amparo que autorizan judicialmente buena parte de las prestaciones médicas hoy no es un fin en sí mismo de la agencia, admite que "si funciona bien y todos confían en ella, los juicios van a disminuir".
Las asociaciones de consumidores miran la iniciativa con recelo y sospechan que podría tratarse de un nuevo mecanismo de ajuste. De hecho, en su ponencia Lifschitz abordó el tema de esa futura agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, que todavía se debate en el Senado. El modelo ya existe en el Reino Unido y Canadá. "Es como una segunda barrera después de la Anmat, que ve cuánto cuesta un tratamiento, si vale la pena pagarlo en función de su efectividad, hace un análisis técnico, de calidad e impacto presupuestario", explicó. El objetivo es "ir ordenando la incorporación y cobertura de las tecnologías, ver qué se incluye y excluye" del Programa Médico Obligatorio (PMO), dijo Lifschitz, y a la vez "garantizar que ningún financiador se niegue a cubrir algo que la Agencia autorizó". Los amparos podrán seguir presentándose, pero la expectativa es que cada vez sean menos.