Trabajadores de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil se concentraron esta mañana para reclamar por la situación laboral de dos trabajadoras del Centro Especialidad de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ), el ex Irar. Según mencionaron se trata de una acompañante y una cocinera de la institución que no cobran su sueldo desde fines de 2019. En ese marco consideraron que se trata de trabajadoras esenciales en este contexto de pandemia, por lo cual además pidieron que se los contemple en el cronograma de vacunación.
"Hay dos compañeras que hace más de un año que no cobran. Una tiene un expediente abierto para la resolución del conflicto y cobrar lo adeudado. La otra no tiene ni un expediente abierto", explicó a este diario Emiliano Scopetta, delegado de ATE Rosario en Justicia Penal Juvenil. Se trata de dos trabajadoras, una acompañante juvenil y una cocinera de la institución que aloja a menores de entre 16 y 17 años en conflicto con la ley penal. El reclamo se llevó a cabo en la puerta de la División de Asuntos Juveniles Femeninos de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, ubicada en Cafferata al 300.
Según relató Scopetta, por haber ingresado antes de 2018 las trabajadoras serán pasadas a planta permanente "en algún momento del año". Por lo cual pretenden que el conflicto por el no cobro de sus salarios no se dilate en esa espera sino que la solución se concrete antes del pase a planta.
"Si pasan a planta está perfecto, pero eso puede ser a fin de año y no pueden estar todo este tiempo sin cobrar. Ahora están trabajando sin cobrar, estamos haciendo rifas y poniendo plata nosotros para que tengan para comer", contó el delegado. "No podeos laburar al lado de una compañera que está trabajando gratis, hacemos la misma tarea y lógicamente cobramos todo el sueldo. Encima tienen que pagar el monotributo", agregó.
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En otra arista del reclamo Scopetta consideró que los trabajadores de instituciones como el CERPJ son esenciales, por lo cual pidieron que se los contemple en el cronograma de vacunación. "Sabemos que no hay cantidad suficiente, pero nosotros ni siquiera estamos en un cronograma. Si un trabajador lleva el virus al CERPJ lo más probables es que se contagien todos. No solo está en riesgo la salud de los trabajadores sino de los pibes que están ahí", indicó.
En ese sentido remarcó la importancia de la presencia de los acompañantes juveniles en la institución. "Si no podemos ir a trabajar los pibes van a quedar a merced del servicio penitenciario. Somos una especia de contralor del resguardo de los derechos humanos de los pibes", explicó. En el CERPJ actualmente hay alojados unos 40 jóvenes en conflicto con la ley penal. "Hay cada vez menos acompañantes y más presencia del servicio penitenciario, son diferentes situaciones que agravan este contexto", dijo Scopetta.
