En medio del debate sobre la situación de niños y adolescentes ligados a delitos, los trabajadores de la Dirección de Justicia Penal Juvenil denunciaron ayer la profundización de una política que prioriza los dispositivos de encierro de los jóvenes en conflicto con la ley penal en desmedro de otras alternativas. En un encuentro que contó con la adhesión de legisladores, concejales y organizaciones sociales, denunciaron una "precarización" del sector por la que se encuentran de paro desde el viernes.
Los trabajadores denunciaron la existencia de cargos no formalizados, la contratación de un servicio de viandas de mala calidad para el ex Intituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (Irar) y la ampliación de esa institución sin la creación de nuevos puestos de trabajo. Ante ese panorama, el diputado del Frente Social y Popular Carlos del Frade presentará el jueves un pedido de informes sobre la utilización del presupuesto asignado al sector, que depende del Ministerio de Justicia santafesino.
En una mesa debate realizada ayer los trabajadores denunciaron "la falta de personal y el vaciamiento de las políticas alternativas al encierro" de los menores. Ante las recientes declaraciones del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, quien reclamó herramientas punitivas para "actuar" ante casos de jóvenes no punibles (menores de 16 años), consideraron que se intenta "recrudecer la represión sin aportar soluciones de fondo".
Reunidos con referentes políticos y sociales que acompañaron el reclamo, los trabajadores relataron que "se privatizó el servicio de viandas de cena en el ex Irar. Se gasta más pero la comida es tan fea y desabrida que los chicos no la comen", así como la existencia de nueve empleados que reclaman el pase a planta.
"En el Irar se están haciendo obras para ampliar las plazas a 60 jóvenes más, cuando tenemos que cubrir 365 días del año, 24 horas al día en seis turnos y con sólo 17 acompañantes", dijo Agustín Casenove, delegado del Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ), como se denomina ahora el Irar. Indicó además que los recursos se destinan a esa institución de encierro y que el cierre de la granja Casa Joven de General Lagos (cedida al Sedronar) no fue acompañado de la apertura de un espacio similar.
"Queda un solo espacio socioeducativo en Alvear donde los chicos tienen que caminar solos 800 metros a un costado de la ruta para llegar", dijeron en la charla, donde se planteó que "el discurso de la punitividad sin una política para la vulneración social no tiene resultado".
"La gestión de (Miguel) Lifschitz se inauguró junto al ministro (de Justicia, Ricardo) Silberstein recorriendo el Irar y diciendo que era la última vez que iba a funcionar y hoy acabamos de escuchar que se ha privatizado el servicio de la comida y en algunos lugares falta el acceso al aire libre. Esto pone en evidencia el final de una gestión que cacareó progresismo pero terminó siendo conservadora", evaluó Del Frade, quien reclamó que el gobernador electo, Omar Perotti, "defina qué tipo de política va a tener sobre los chicos y las chicas en conflicto con la ley penal".
