La edila Samanta Arias de La Libertad Avanza quiere derogar la ordenanza vigente y quitarle la "exclusividad" a la cooperativa de maleteros
Por Matías Petisce
Héctor Rio / La Capital
Un proyecto quiere quitarle la exclusividad a la cooperativa de los maleteros de la Terminal.
Héctor Rio / La Capital
Los maleteros de la Terminal realizan esa actividad desde que se fundó la Terminal de Omnibus.
Una concejal del bloque de La Libertad Avanza (LLA) propone la derogación de la ordenanza que "legitimó" la actividad de los maleteros de la Terminal de Omnibus de Rosario. La idea de la edila es "quitarle la exclusividad" que ostenta la cooperativa y por la cual perciben un canon establecido por la ordenanza Nº 10.269, para que el pasajero pueda elegir de manera optativa respecto a su equipaje.
La polémica surgió la semana pasada, a partir de la desregulación del sistema de control de equipajes emitida por el gobierno nacional, a través del Boletín Oficial. Si bien aún no se implementó el nuevo mecanismo, desde la Cooperativa de Maleteros y Maleteras de la estación de ómnibus de media y larga distancia reclamaron la apertura del depósito de valijas y el cobro de un arancel para evitar el pedido de propina a cada pasajero.
Sin embargo, la concejal libertaria Samanta Arias se hizo eco de la nota publicada por La Capital y cuestionó la exclusividad manifiesta que ostenta la cooperativa por ser la única que sostiene la actividad desde hace años.
"No sólo que tienen la exclusividad sino que un porcentaje de la tasa que pagan las empresas de transporte por usar la plataforma va a parar a la cooperativa. Y, a su vez, ahora están queriendo eh cobrar un canon", cuestionó Arias, quien integra las comisiones de Gobierno, Seguridad y Control y Cultura en el Palacio Vasallo.
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En ese marco, la concejala libertaria propone eliminar la ordenanza vigente para quitarle la exclusividad a la cooperativa y fomentar la competencia entre otra organización u empresa privada que se haga cargo de ese servicio.
"No queremos prohibir la actividad de los maleteros, pero si queremos es quitarle el monopolio y que sea un servicio que se pueda contratar de manera optativa en la misma Terminal. Y que si el pasajero quiere subir su propia valija, que tenga el derecho de hacarlo", propuso.
Si bien Arias calificó esa actividad de "extorsiva" en su cuenta de X, en declaraciones a La Capital habló en otros términos y evitó generalizar, pero deslizó "imposiciones" a la hora de cargar el equipaje en las bodegas de los micros, a juzgar por la sensación de cada pasajero que le tocó viajar desde la estación de colectivos local.
"Entiendo que no son todos los maleteros, pero hay un servicio que está impuesto y no te permite la posibilidad subir el equipaje por tu cuenta. Es más, ley nacional de transporte indica que esa operación deberían hacerlo las mismas empresas de colectivos", sostuvo Arias.
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Y aclaró: "No es extorsivo, pero me ha pasado con amigas que vienen a estudiar a Rosario y le cobran mil o 2 mil pesos a la ida y a la vuelta (sic)". Y si bien admitió que no se trató de una extorsión, explicó que "se sienten coaccionadas con la obligación de pagar".
No obstante, apuntó que ya se comunicó con el presidente de la cooperativa, José Luis Donato, y confirmó que se juntarán a dialogar en el transcurso de los próximos días para ponerse al tanto de esta situación o otras inquietudes al respecto para establecer puntos de encuentro y ponerse al día con la realidad de los maleteros.
"Prefiero hablar personalmente y en privado para evitar malos entendidos, ya que represento a 60 familias y están muy angustiadas con todo esto que está pasando", señaló una fuente cercana a la cooperativa local.
La cooperativa tiene 59 asociados que se de la carga y descarga de equipaje de los ómnibus en las plataformas y también lo hacen en las paradas de taxis que están sobre el histórico edificio de Santa Fe y Cafferata.
En 2021, el Concejo Municipal formalizó y reguló la actividad laboral de los maleteros de la Terminal. La iniciativa, impulsada por el entonces concejal Eduardo Toniolli, expresaba una reivindicación histórica de los trabajadores del sector.
La normativa entró en vigencia en 2022 y establecía que el municipio debía firmar un convenio con la cooperativa y solventar el servicio con el 20% de lo que abonan las empresas de transporte automotor en concepto de derecho de uso de plataforma.
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