El ministro de Infraestructura, José León Garibay, confirmó que en unas semanas enviará a la Legislatura el proyecto para modificar el régimen tarifario, para que se pague según el consumo real, según la zona donde habita el cliente y los usos que le da al agua (residencial, comercial, industrial).
Para ello será clave darle un fuerte impulso a la micromedición, con la colocación de 320 mil medidores en las 15 ciudades donde opera Assa en tres años, para reducir el consumo de agua potable.
Garibay defendió la nueva fórmula a proponer, que busca "eliminar distorsiones e inequidades. Apostamos a que se pague lo efectivamente consumido, tener en cuenta la zona y el valor fiscal donde están las propiedades y los usos que se le dan al recurso".
Para la zonificación tarifaria se tendrá en cuenta la zona donde habita el usuario, en base al criterio adoptado por cada uno de los 15 municipios que integran la red de Assa.
Así, en Rosario se usará la división catastral en seis radios que se fijó para el pago de la tasa general de inmuebles (TGI), con mayor carga para los habitantes del centro que en los barrios.
La colocación de medidores se financiará con créditos internacionales, que los usuarios luego abonarán en cuotas. Cada medidor, con su colocación, cuesta alrededor de $2.000.
"La idea es llegar al 60 por ciento de los clientes medidos. El resto vive en edificios, donde es muy difícil su colocación", había explicado a fines del año pasado el presidente de Aguas, Sebastián Bonet.
Además, según Bonet, con el nuevo esquema se apuntará a que haya equidad horizontal entre los clientes. "Hoy hay familias que viven en edificios similares y en la misma zona y pagan 50 por ciento más, ya que coexisten sistemas regulatorios de distintas épocas, anteriores y posteriores a la privatización de la Dipos", graficó.
