Todo indica que el controvertido proyecto de construcción del tren de alta
velocidad (Tave), corredor Rosario-Córdoba-Buenos Aires, habría quedado desde el lunes pasado en
vía muerta. Es que, como consecuencia de la crisis económica alimentada por el conflicto gobierno
nacional-campo, el costo financiero de la ambiciosa iniciativa superó el tope fijado por el
contrato suscripto entre la Casa Rosada y el banco francés Natixis.
Siguiendo ese esquema de trabajo, ninguna de las partes
tendría ahora la obligación de encarar el emprendimiento, que prevé una inversión de 3.600 millones
de dólares, salvo que el costo volviese a descender a un valor razonable.
La novedad, amplificada en formato de versión periodística
en la Capital Federal, sorprendió tanto a funcionarios municipales como a aquellos legisladores
nacionales que supieron accionar judicialmente a partir de las suspicacias disparadas,
paradójicamente, por el también llamado tren bala (o Cobra).
Incluso fue nula la respuesta de la Secretaría de
Transporte de la Nación, que conduce Ricardo Jaime, cuyos representantes no habrían escapado a la
tensión de una jornada signada por los actos oficialista y agrario con epicentro porteño (ver
sección Política y Economía).
No obstante, varias voces que permanentemente cuestionaron
el proyecto no soslayaron, consultadas por La Capital, el factor político. Y recordaron lo vivido
días atrás por el propio ex presidente Néstor Kirchner, quien durante una asamblea junto a
trescientos intelectuales cosechó aplausos, pero también silbidos al defender el tren de alta
velocidad.
El contrato determina que si los seguros contra un default
de la deuda de la Argentina (a 10 años) superan los 800 puntos básicos, cualquiera de las partes
involucradas en la iniciativa podrá postergar el inicio de la operación.
Esto implica posponer la primera emisión de bonos soberanos
que financiarán el proyecto. Según publicó el diario El Cronista Comercial, los seguros (que operan
mayoritariamente entre los grandes bancos de inversión) cerraron el lunes a 806 puntos, con un alza
del 4,7 por ciento.
Nadie duda de que la efervescencia generada por la disputa
entre la administración de Cristina Kirchner y el agro por las retenciones móviles terminó
afectando los mercados: desde el 11 de marzo esos seguros subieron un 22 por ciento. Pero lo cierto
es que el financiamiento del Cobra estuvo constantemente bajo sospecha.
A fines de abril, la presidenta encabezó la firma del
contrato de adjudicación a la empresa francesa Alstom. Al mismo tiempo, la gestión de Miguel
Lifschitz encaraba una negociación directa con la Nación y la compañía encargada de los trabajos
para definir la ubicación de la estación de pasajeros y la forma de ingreso a la ciudad.
Poco antes, el senador nacional Gerardo Morales, en su rol
de titular de la Unión Cívica Radical (UCR), había presentado un recurso extraordinario ante la
Corte Suprema de Justicia para frenar la "irracional" licitación que, a su entender, violaba la ley
de obra pública y perjudicaba las arcas del Estado.
Si bien el gobernador Hermes Binner no se opuso al tren
bala, advirtió acerca de otras prioridades: la reactivación de la red ferroviaria de carga y de
pasajeros, por ejemplo.
Más duro, su ministro de Obras Públicas, Hugo Storero,
tildó de "despropósito" la concreción del Tave. Su par de Economía provincial, Angel Sciara, alertó
que los números no cerraban y que faltaba una visión estratégica.
Cual presagio, Lifschitz terminó aplacando el optimismo y pronunciándose el
lunes a favor del avance de las denuncias penales que apuntan a la administración nacional. l