Más de 30 familias recurrieron a la Defensoría del Pueblo para pedir ayuda en su lucha por la integración escolar de sus hijos discapacitados. La ley los avala y los equipos terapéuticos aseguran que esos niños pueden cursar con normalidad, sin embargo la resistencia de las instituciones todavía es muy dura.
“La falta sensibilidad y de capacitación docente son algunas de las barreras que todavía hay que levantar. Aún persisten muchos mitos y miedos sobre lo que implica tener a un niño con discapacidad en el aula”, explicó la responsable del área en la Defensoría, Iris Pérez.
La mujer recibe desde hace dos años los casos de padres desesperados por la educación de sus hijos que, según los médicos, podrían asistir y aprender en una escuela común, pero no los aceptan o les reducen el horario. La acumulación de episodios y la denuncia formal de una madre desencadenó una resolución que emitió la Defensoría a fines del año pasado.
El Defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, firmó una documento que aconseja al Ministerio de Educación provincial a que “adopte todas las medidas de su competencia para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad en los establecimientos educativos de la provincia”. Según la funcionaria, la resolución “facilitó el trabajo y logró un nexo con el ministerio”.
En efecto, desde esta oficina de contralor de los poderes públicos actúan como vínculo entre los padres y la cartera educativa, las directoras de escuelas y las docentes cuando es necesario.
“En febrero comenzamos a mantener reuniones con supervisores y jefes de supervisores, que nos atendieron muy bien, y acordamos una consigna para trabajar este año. La consigna fue: todos los niños en la escuela, todos los días, todas las horas; y el Ministerio lo tomó como indicación”, destacó la responsable del área de Discapacidad.
Se podría decir que se dio el primer paso, pero los cambios de fondo no se produjeron, por eso las familias siguen teniendo problemas para que se respete el derecho a la educación que tienen los chiquitos con discapacidad, como síndorme de Down.
Menos horas. La letra de la ley es clara. “No puede haber reducción de horarios para los chicos con discapacidad” aseguró Pérez. Pero hay casos de padres que cuentan que hace cuatro años la escuela les promete que se regularizará el cursado de sus hijos y pasan los días, meses y años sin que se produzca cambio alguno (ver aparte).
“Se podría hablar de horario progresivo, pero no reducido”, subrayó Pérez, quien aclaró este punto a los padres que recurrieron a la Defensoría para buscar un salvavidas a su situación. "Tuvimos reuniones con funcionarios de Educación y quedó claro que las escuelas no pueden proponer horarios reducidos", abundó la funcionaria.
Pérez fue clara y explicó: "Reducir el horario es achicar la posibilidad de aprender y darles menos contenidos; eso no se puede hacer".
La realidad marca diversas situaciones. No faltan escuelas donde rechazan, con distintas excusas, a chicos discapacitados, ni tampoco directoras que no quieren integrar a chicos Down, o aquellas que se alarman y no saben cómo manejar los casos.
Luego, en el aula, se ve cómo los chicos son los que más rápido integran a su compañerito "diferente o especial". "Los problemas, en cambio, se dan entre los adultos que son los que tenemos los prejuicios y temores", remarcó Pérez. "Los grandes tenemos que reconocer que un niño con discapacidad integrado es un beneficio no sólo para él, sino también para el resto de los compañeros que aprenden contenidos de la vida y sobre todo a ser mejores personas", reflexionó.
En la búsqueda de soluciones, la Defensoría atiende problemas puntuales, aunque también en 2010 organizó la jornada "Educar para la diversidad". No obstante, por alguna razón no asistió ningún maestro en representación de las escuelas. "Esto muestra que algo está pasando. El Ministerio no envió a ningún docente" confesó Pérez.
"Hay una política clara de querer incluir a los niños, pero luego fallan los mecanismos de implementación concretos" explicó la referente de la Defensoría, quien escuchó en más de una oportunidad a maestros que pedían capacitación para trabajar con niños integrados.
Más allá de las herramientas que podrían darles, la realidad muestra que también faltan muchos cargos para maestras especiales que puedan desarrollar la integración. Así las cosas, desde febrero la Defensoría espera que el ministerio responda a la solicitud presentada entonces para poder reunirse con la delegada local de la cartera educativa provincial, Marta Díaz.
Por Nachi Saieg
Por Martín Stoianovich