Nene rompe, mamá paga: ¿multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Una ley “anti-bullying” con un novedoso pero polémico enfoque obtuvo luz verde días atrás en la Legislatura de Mendoza. La nueva normativa modifica el Código Contravencional e introduce un esquema progresivo de intervención frente a casos de acoso escolar en escuelas provinciales. Agotadas las instancias de diálogo, se recurre a sanciones económicas a los padres de los menores de edad que realicen bullying de manera reincidente, las cuales pueden alcanzar el millón y medio de pesos, una cifra más que considerable. En Santa Fe se presentaron dos proyectos de ley muy similares al sancionado en la provincia cuyana: ambos apuntan a multar a los responsables de los chicos acosadores.

En la Legislatura santafesina, uno de los proyectos de ley que busca responsabilizar económicamente a los padres de los chicos “bullys” es de autoría de la diputada provincial Beatriz Brouwer, del bloque Unite, el partido liderado por José Bonacci. La legisladora es madre de Rocío Bonacci, legisladora nacional por La Libertad Avanza.

En diálogo con La Capital, Brouwer explicó que la iniciativa surgió tras recibir mensajes y planteos de padres cuyos hijos fueron hostigados. Uno de esos casos fue el de Luciano, un alumno de la escuela María Auxiliadora de Funes que fue brutalmente golpeado en la puerta de la institución educativa hace poco menos de un mes.

Multa por hacer bullying

El proyecto de Brouwer es muy similar al que fue sancionado en Mendoza. El texto de la santafesina propone la reforma del Código Provincial de Faltas en lo referido al acoso escolar, lo que permitiría sancionar económicamente a los padres. Antes de la multa monetaria, habría varias instancias. Las primeras etapas son de diálogo con los padres y con los chicos involucrados, luego la asistencia a talleres sobre la temática y la realización de trabajo comunitario. Pero si todas estas instancias son superadas y la situación de acoso persiste, se recurre a la sanción económica a los responsables de chicos y chicas que hostiguen a sus compañeros de escuela. Aunque en el proyecto de la diputada de Unite todavía no se estableció el monto de las multas que podían recibir estas familias, en Mendoza se fijaron multas de entre $750.000 hasta $1.500.000.

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En Mendoza esta ley fue sancionada tras la repercusión nacional que cobró el caso de la adolescente mendocina que llevó un arma a clases. La alarmante secuencia ocurrió a principios de septiembre pasado en una escuela de La Paz (Mendoza). La chica de 14 años amenazó a compañeros, realizó disparos al aire y se atrincheró en el lugar. Tras cinco horas de negociaciones, entregó la pistola a la Policía y fue trasladada a un hospital de la zona. Según trascendió, la chica sufría de acoso escolar: al interior de su curso la tomaban como blanco de burlas por “la ropa que usaba y por tener uniceja”, según declararon compañeras de la adolescente.

“Nene rompe, mamá paga”, sintetizó la diputada provincial Beatriz Brouwer sobre el proyecto de ley de su autoría. “Estás rompiendo una infancia, un alma que se sintió mal. Y la fruta no cae lejos del árbol”, dijo la diputada provincial el 16 de octubre pasado en diálogo con LT8.

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La miradas punitivista sobre el acoso escolar

Este enfoque frente al acoso escolar produce contrapuntos en el sector educativo. Arístides Álvarez, el exdirector del Instituto Superior Zona Oeste y presidente de la Asociación Civil "Si nos reímos, nos reímos todos", planteó que esta mirada promueve un enfoque “punitivo” y que no constituye una “solución real” a la temática de fondo. “La multa económica es una solución eficiente pero no eficaz”, señaló Álvarez, quien desde hace años trabaja en esta ONG que busca sensibilizar a la población sobre las consecuencias del acoso escolar.

En esa misma línea, el médico psiquiatra y concejal de Rosario Lucas Raspall dijo que si bien está de acuerdo con “involucrar a la familia”, no cree que la sanción económica sea la forma. “Me parece que habría que lograr ese compromiso y esa responsabilidad de otra manera. Y encuentro que hay dificultades operativas para llevar esto adelante”, explicó el edil en conversación con este diario.

Frente a este panorama, surgen una serie de interrogantes: ¿Cómo lograr involucrar a la familia de un chico que realiza bullying de manera reincidente y qué lugar debe ocupar la escuela? Pero además: ¿La sanción económica a los padres genera una toma de conciencia en el menor de edad? ¿Es factible individualizar a los “bullys” para imponer esta sanción?

Una medida efectista

Para Arístides Álvarez las sanciones económicas a los tutores puede ser una medida “efectista pero no eficaz”, porque no cumple el objetivo de fondo: que baje el nivel de acoso escolar y de agresiones. “Esto lleva más tiempo y esfuerzo”, afirmó Álvarez.

“La medida económica es fácil. Es como cuando cruzás en rojo en el semáforo, te hacen la multa, tenés que pagar y listo. Esto no significa que el infractor va a cambiar la conducta, ni que haya una toma de conciencia real”, agregó el educador, y continuó: “Nosotros confiamos más en las instancias previas, que tiene que ver más con la justicia restaurativa, medidas sanadoras y reparadoras del hecho. Pero bueno, esto lleva más tiempo”.

En esa misma línea, el presidente de la ONG que lucha contra el bullying hace más de quince años enfatizó en una cuestión que introduce la sanción económica: la desigualdad. “Pongamos que los padres del chico que realiza acoso escolar tienen mucho dinero, y que la multa que impone el Estado les representa ‘un vuelto’, ¿qué cambia que les haga pagar?”, preguntó Arístides Álvarez, y agregó: “Esto crea una desigualdad, porque el que puede pagar, paga —sin cambio de conducta mediante—, mientras que el que no puede pagar tiene que hacer trabajo comunitario, como pintar la escuela”.

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El compromiso de las familias

Además, Álvarez cuestionó el verdadero efecto de la medida: “Los padres pagan, ¿hay una toma de conciencia en los menores del daño generado? ¿A la víctima le repara algo? Detrás de esto hay cuestiones psicológicas muy duras, no siempre un daño físico, pero sí secuelas psicológicas para toda la vida”.

Lucas Raspall, médico psiquiatra y concejal de Rosario que se convirtió en una voz reconocida en la ciudad con temas referentes a la adolescencia, comparte la mirada de Arístides Álvarez. “Yo entiendo el espíritu de la ley que se aprobó en Mendoza, pero no estoy del todo de acuerdo en que esa sea la ruta”, expresó el profesional.

“Sí creo que hay que comprometer a las familias y darles una cuota de responsabilidad respecto de lo que puede ocurrir con sus hijos dentro de una institución educativa, no creo en responsabilizarlos como si de ellos dependiera el cien por ciento del comportamiento”, agregó el médico, quien no suscribe "que la sanción económica sea la forma".

Además, Lucas Raspall planteó que hay “cuestiones operativas muy difíciles” para llevar esta iniciativa adelante: “¿Cómo se individualiza al chico que agrede, cómo se acredita lo que los padres hicieron o no hicieron frente a la situación, si se responsabilizaron, si actuaron?”.

El problema a la hora de convocar a los padres

Por otro parte, el fundador de “Si nos reímos, nos reímos todos”, puso sobre la mesa un asunto que debería encender las alarmas: la poca asistencia de los padres y madres a las convocatorias de las escuelas, sobre todo si se trata de un caso de acoso escolar. “Si lo pide la docente o el director de la escuela, la familias no van, no hacen caso”, aseguró el exdirectivo.

“Se perdió ese poder que tenía la escuela de involucrar, de convocar. Está desprestigiada la escuela”, aseguró el educador, que se dedica a recorrer diferentes escuelas no solo de la provincia de Santa Fe, sino también de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. En los diversos establecimientos educativos, el profesional dicta talleres de prevención de acoso. No obstante, señala que la asistencia por parte de las familias es cada vez menor.

Para ejemplificar la magnitud de la problemática, Álvarez puso un ejemplo: “Fui a dictar un taller a una pequeña localidad de la provincia, escuela pública de 200 alumnos. Solo diez padres asistieron al taller de prevención de bullying que damos. El 5 %, y esto pasa en todos lados”.

Respecto del proyecto de ley que se sancionó en Mendoza, el educador destacó las instancias previas a la sanción económica: “Yo creo que si un juez le exige a una familia (cuyo hijo realiza acoso escolar) con una orden judicial que vaya a hacer un taller de prevención del acoso, no es lo mismo que te llegue un WhatsApp de la maestra o de la directora de la escuela”.