Para los trabajadores y profesionales de El Cruce, la mala noticia llegó en noviembre del año pasado, cuando los dueños de la casa donde funcionaba el centro educativo terapéutico les anunciaron que no les iban a renovar el contrato de alquiler. Y afrontar un nuevo contrato, acondicionar el inmueble a las necesidades de sus usuarios y realizar la mudanza resultaba una tarea imposible en el delicado momento económico que atraviesa el sector. Por eso, decidieron cerrar sus puertas a fin de año, con tiempo para poder cumplir en tiempo y forma con la derivación de quienes cumplían allí con su terapia.
"Tomar la decisión de cerrar no fue fácil, pero ya no podíamos sostener la institución", dice Camila Elena Sáenz, psicopedagoga y, hasta diciembre pasado, responsable de El Cruce, el centro educativo terapéutico que desde hace quince años funcionaba en la zona de la Estación Terminal de Ómnibus Mariano Moreno.
A ese lugar asistían a diario unas once personas, adolescentes, jóvenes y adultos con diagnósticos relacionados al autismo o con dificultades cognitivas que no les permitían transitar por una institución educativa formal. Comunicarles a ellos y a sus familiares el cierre de la institución no fue una tarea sencilla.
"Primero se realizó una reunión presencial con todo el equipo de trabajo para informar la decisión, luego con las familias y, por último, con los concurrentes. Todas estas instancias estuvieron cargadas de mucha angustia y malestar", recuerda la profesional.
Sin embargo, no quedaba otra salida. El atraso en el valor de los aranceles, sumado a una demora de meses en la llegada de los fondos de programas nacionales, provinciales y de las obras sociales, hacían inviable continuar brindando servicios. Actualmente, a tres meses de haber suspendido sus actividades, aún están tramitando el pago de los servicios de octubre.
El Cruce no es la única institución que decidió cerrar sus puertas frente a la imposibilidad de afrontar alquileres, facturas de servicios u honorarios profesionales.
Si bien en la ciudad no existe un registro de la cantidad de instituciones para personas con discapacidad que cerraron sus puertas en el último año, distintas fuentes del sector estiman que hay una decena de entidades que suspendieron actividades, ahogadas por la crisis de las políticas públicas relacionadas con la discapacidad. Otras redujeron talleres, horarios o días de atención.
Sólo a fines del año pasado, en Rosario cerraron Inti Raymi, un centro educativo para bebés niños y adolescentes con dificultades motoras de Italia al 1100; Abrasoles, una institución terapéutica de San Martín al 2000; y la Fundación Todos los Chicos, de Casilda.
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Un sector en emergencia
Todo el 2025 estuvo marcado por el reclamo del sector de la discapacidad por el drástico atraso en los aranceles y el corte de la cadena de pagos. El 10 de junio, la Legislatura nacional aprobó la La ley de Emergencia en Discapacidad, pero el 4 de agosto el presidente Javier Milei la vetó en su totalidad.
La norma apunta a garantizar derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, en áreas como salud, educación, trabajo y protección social. En septiembre tanto la Cámara de Diputados como el Senado dejaron sin efecto el veto, lo que obligó al Ejecutivo a promulgarla, pero en el decreto se señala que hasta que el Congreso no indique cuáles son las partidas presupuestarias, la ejecución de la ley queda suspendida.
Y en el medio de todo ese trajín, la situación financiera de las instituciones de la discapacidad se volvía cada vez más crítica. "En nuestro caso, tomamos la decisión de cerrar porque nos informaron en el mes de noviembre del año pasado que no nos iban a renovar el contrato de alquiler. Aunque el mismo tenía vigencia hasta julio de este año, decidimos rescindir a fin de año para poder realizar las derivaciones en tiempo y forma", explica Sáenz y asegura que "lamentablemente es muy difícil la búsqueda de una propiedad que cumpla con los requisitos para la atención de personas con discapacidad, y no podíamos afrontar económicamente un nuevo alquiler, el acondicionamiento de un inmueble y los requerimientos de la normativa vigente".
Según destaca, la crisis que atraviesa el sector tiene dos aristas: los aranceles quedaron completamente desfasados frente a la inflación o no responden a los valores reales necesarios para afrontar los gastos, como plantea la ley de emergencia. Pero, además, se suman los atrasos en los pagos. "Por ejemplo, con algunas obras sociales (como Iapos o el Programa Incluir Salud) no terminamos todavía de cobrar los últimos meses del año pasado", explica para dar cuenta de la demora.
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Por debajo de los aranceles mínimos
El atraso en los aranceles, suma la psicopedagoga, hace que sea difícil conseguir profesionales que quieran trabajar en instituciones que brindan servicios para personas con discapacidad ya que los honorarios que cobran están muy por debajo de los mínimos que fijan los colegios profesionales.
Por ejemplo, para las prestaciones de psicopedagogía, los aranceles éticos mínimos fijados por el Colegio de Psicopedagogos para una sesión individual de 45 minutos son de 33 mil pesos. "Pero en el área de discapacidad esa misma atención se determina en el nomenclador como prestación de apoyo y se está pagando unos 17 mil pesos", señala Sáenz.
La situación hace que estar al frente de las instituciones para la discapacidad se asemeje a ser un piloto en una tormenta. "Nunca sabés cuáles van a ser tus ingresos mensuales, porque hay obras sociales que pagan y otras que no, y cuando llegan los fondos tenés que salir a pagar el alquiler, los servicios y los sueldos", señala la profesional. Y detrás de todo eso, y de la suspensión de terapias, destaca, hay personas que no acceden a sus derechos.
