Con la media sanción de la Cámara baja a un mensaje del Poder Ejecutivo que autoriza el decomiso de bienes provenientes de actividades ilícitas y un proyecto de ley de diputado Jorge Henn que otorga potestades a los fiscales para secuestrar preventivamente armas de fuego, la Legislatura santafesina le dio luz verde ayer a sendos proyectos de ley incluidos en el paquete de medidas reclamadas por el gobernador Miguel Lifschitz para encarar políticas en materia de seguridad y justicia en la provincia.
Como anticipó este diario, el mensaje remitido por el Ejecutivo y por el cual se modifica el Código Procesal Penal de la provincia, crea un ente autárquico para la custodia, preservación y administración de los bienes incautados, reemplazando gradualmente la función del actual depósito judicial. Y además (en un tópico que fue cuestionado por el diputado radical Santiago Mascheroni) se faculta al decomiso de los bienes de organizaciones delictivas, aún cuando no exista una condena y el imputado reconozca que ese patrimonio procede de hechos delictivos.
El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, el socialista Rubén Galassi, consideró que "se trata de una ley que otorga mayores herramientas a fiscales y jueces, y va a permitir golpear en donde más duele a los que cometen delitos, ya sea los que lo hacen en forma individual, pero fundamentalmente a las bandas organizadas que justamente sostienen su accionar a partir de los réditos económicos que genera su actividad".
Galassi destacó como "aspectos clave" del mensaje, que ahora pasó a consideración del Senado con media sanción de la Cámara baja, "la creación de un organismo que se ocupará del destino y finalidad de los bienes incautados y también la transparencia en los procesos de la justicia, a partir del registro, seguimiento, resguardo, custodia y disposición de los bienes que son secuestrados e incautados, lo que consideramos una instancia superadora de lo que ocurre hoy con los depósitos judiciales", indicó el legislador.
"Entendemos que Santa Fe es la primera provincia y está en línea con lo que la Nación está intentando hacer para delitos vinculados al fuero federal, sobre todo narcotráfico, trata de personas, o trata de armas. Esto lo estamos habilitando para todos los delitos que son juzgados bajo competencia en la provincia de Santa Fe", consignó Galassi.
Este proyecto del Ejecutivo también fue enriquecido por un aporte del diputado socialista Rubén Galassi, que lo había impulsado en el Congreso cuando fue senador nacional.
Secuestro de armas. Ayer, la cámara de Diputados también avanzó con la media sanción a un proyecto de los diputados del interbloque frentista Jorge Henn y Victoria Tejeda (UCR-NEO) que incorpora a la legislación santafesina la obligación de los fiscales de secuestrar armas de fuego que se encuentren a disposición de los denunciados en conflictos interpersonales, violencia familiar o de género. "El desarme es crucial y el rol de los fiscales también, máxime si tomamos en cuenta las estadísticas del año 2015, donde siete de cada diez muertes (69,9 por ciento) fueron por armas de fuego, y de ese universo el 50,6 por ciento proviene de conflictos que involucraron a personas que se conocían previamente. Lo que aprobamos consiste en la obligación de que los fiscales secuestren todas las armas, legales o no, que sean parte de las situaciones descriptas en la iniciativa", explicó Henn al fundamentar el proyecto que pasó a consideración de la Cámara alta santafesina.
La iniciativa de los legisladores radicales modifica el artículo 240 del Código Procesal Penal y prescribe la obligación de los fiscales de secuestrar las armas existentes (legales o no) en todos los procesos por amenazas, violencia familiar o de género, o cualquier otro delito derivado de situaciones de conflictos interpersonales.
