En las últimas horas trascendió que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, culminó la etapa de declaraciones indagatorias en torno a la causa del fentanilo contaminado que contabilizó 96 muertes en todo el país y la mayoría en Santa Fe. El expediente involucra al laboratorio HLB Pharma y a su responsable Ariel García Furfaro, extitular del laboratorio Apolo que en 2016 sufrió una explosión por el recalentamiento de una de sus calderas en su planta de Rosario. "Lo que hay que seguir investigando es la posible vinculación con el narcotráfico. El propio García Furfaro había dicho que fue abogado de (Mario) Segovia (el Rey de la Efedrina)", recordó en diálogo con La Capital el intendente Pablo Javkin para agregar: "Sus vínculos políticos con el kirchnerismo son directos".
Hace un mes atrás, el jefe comunal prestó declaración en la causa que lleva adelante Kreplak representando a Rosario como querellante. En aquella oportunidad, entregó documentación sobre el paso de Apolo por Rosario y la explosión de la caldera que provocó heridos y viviendas afectadas en zona sur, además de las triangulaciones entre laboratorios y droguerías.
"El caso Rosario fue un antecedente, me refiero al caso Apolo, que si hubiese tenido una condena judicial más razonable se habría eliminado ese problema hacia adelante. Este es un grupo al que le explotó un laboratorio, una negligencia muy grande", razonó Javkin.
Y yendo hacia la evolución de este grupo empresarial y su desenlace con el fentanilo adulterado, el titular del Palacio de los Leones destacó que hubo alertas previas y que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) "nunca llegó a tomar una medida que evitara esto".
Probation
En otro tramo del diálogo con este diario, Javkin se refirió al probation (suspensión del juicio a prueba) que García Furfaro y otros responsables recibieron de la Justicia tras el caso Apolo (hubo seis heridos y la carátula fue por estrago culposo agravado y lesiones graves culposas). "Si bien fue un acuerdo con los querellantes, no necesariamente hay que tomarlo como algo acordado. Quizás pudo haber existido cierto nivel de amenazas que desembocó en la probation", advirtió. El cumplimiento de lo avalado por la Justicia fue una serie de tareas comunitarias en la Fundación Juan Perón en San Nicolás. De allí era el apoderado de Laboratorios Ramallo, Andrés Quinteros (expresidente del Concejo Municipal nicoleño y exdiputado provincial del Frente de Todos), que, a un mes y medio de la explosión de la caldera en Alem al 2900, se abrió en esta localidad bonaerense.
Los dichos a este diario van en línea con lo manifestado en la documentación presentada ante el juez Kreplak. Allí se sostenía que: "El Ejecutivo tiene la firme convicción de que, de haberse adoptado en su momento una respuesta judicial ejemplificadora respecto de los investigados como responsables de los hechos potencialmente delictuales, podría haber sido disuasoria de la reiteración de este tipo de inconductas incalificables que dieron lugar a una tragedia en la cual se lesionó retiradamente el valor supremo, la vida, además de la salud y la seguridad". Así, los funcionarios expresaron su deseo de "evitar que se perpetúe un ciclo de impunidad que afecta derechos fundamentales".
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"El vínculo político con el kirchnerismo de García Furfaro es directo. Este sujeto tenía una verdulería (comenzó en 2012 con ese negocio junto a su familia en el barrio de Flores bajo el nombre de Kolina), Alberto (Fernández, expresidente de la Nación) lo llevó a Rusia (en 2020 junto a una delegación del Ministerio de Salud para traer al país la vacuna Sputnik) y tiene varias fotos con la expresidenta Cristina Fernández (en 2024 fue al Instituto Patria). El vínculo político es directo. Además, debieron haber complicidades para que alguien que hace 23 años fue condenado (a siete años de prisión en grado de tentativa de homicidio) fuera titular de un laboratorio", razonó Javkin.
Desde el Palacio de los Leones, se sigue con atención la causa que tramita Kreplak, "siempre sujetos a acompañar a los familiares de las víctimas (hubo 8 fallecidos que estaban internados en el Heca) y atentos al rol como querellantes aportando al esclarecimiento", dijo el intendente.
Por último, el jefe comunal consideró que "en la causa entendemos que debería haber derivaciones, por lo pronto responsabilidades de las fallas en los organismos de control a lo largo de varios años". Cabe recordar que tras haber declarado ante la Justicia federal, Javkin había insistido: "Si bien esto surge hoy, esto empezó en Rosario con el laboratorio Apolo", remarcó el intendente rosarino. Así se refirió a los titulares de HLB Pharma, la firma apuntada por la producción de la sustancia contaminada: "Son los mismo actores en el mismo rubro y haciendo las mismas cosas".
Casi un centenar de muertos
Hasta el mes pasado, ya eran 96 las víctimas fatales, de las cuales al menos 60 son de la provincia de Santa Fe (26 de Rosario), y se investiga si hay más casos no registradas. La Justicia determinó que fueron administradas 33.731 ampollas del medicamento contaminado a pacientes internados.
Las útlimas 14 muertes en todo el país corresponden a tres casos del Hospital Interdistrital Evita de Formosa, un nuevo caso en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, siete del Instituto del Diagnóstico en Santa Fe y nueve en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca, aunque en estos últimos casos restaba determinar fehacientemente qué bacteria fue la que afectó a los pacientes.
