La ciudad

Las infracciones en las rutas que cruzan Santa Fe ya cuestan la mitad que en 2019

Desde diciembre está en vigencia la ley provincial que redujo el precio de las multas. Recrudeció la polémica con las ONG de seguridad vial.

Martes 11 de Febrero de 2020

Nicolás Maggi

Especial para la capitaL

Cometer una falta por exceso de velocidad en las rutas que atraviesan la provincia es más barato que el año pasado. Es que ayer se publicó en el Boletín Oficial la actualización mensual de la tabla de equivalencia de valores de Unidades Fijas (UF), confirmando una vez más la rebaja del 50 por ciento el monto de las faltas. El valor, que toma como referencia el precio de la nafta súper, determina entre otras cosas la escala de penalidades para las infracciones de tránsito en las rutas que surcan Santa Fe.

Desde hace dos meses, las penas económicas fueron reducidas a la mitad por iniciativa de la Legislatura, con el argumento de que la fuerte suba que experimentaron los combustibles en los últimos años las había vuelto prácticamente impagables para el poder adquisitivo de los ciudadanos. La sanción trajo polémica con las organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales, que pidieron su veto, algo que finalmente no sucedió.

La rebaja en el monto de las multas viales en territorio santafesino había sido aprobada en octubre pasado por la Cámara de Senadores de la provincia (el proyecto fue autoría del legislador Lisandro Enrico, de la UCR por General López), y entró en vigencia en diciembre luego de su promulgación. También se le puso tope a la cantidad de unidades fijas con las que se puede sancionar, para intentar desandar un panorama de valores "que ya no eran razonables", según Enrico.

Reducción

Desde entonces, el Código de Faltas de Tránsito de la provincia establece que las infracciones se penan con un escalonamiento diferente en el caso de no respetar la velocidad mínima o la máxima, de entre 150 y 300 UF según la magnitud del exceso. El monto de cada una es el equivalente a medio litro de nafta especial, mientras antes establecía un litro como unidad de medida, por lo que esas penas se ubican ahora en un valor de entre los 4500 y los 9000 pesos.

La comunicación oficial, que toma como referencia el precio de venta al público de un litro de nafta especial en las estaciones de servicio YPF del Automóvil Club Argentino dentro de la jurisdicción provincial, fija el valor a partir de ayer en 58,94 pesos. De esta forma, la unidad fija quedó tabulada en 29,47 pesos.

En los casos de la primera infracción, la nueva norma facultó a los jueces a cambiar la multa por un apercibimiento. Si el infractor no comete ninguna infracción en el lapso de un año, la multa es retirada, pero si reincide en ese período de tiempo, deberá abonar ambas.

En tanto, estableció que la sanción baja un 30 por ciento si el infractor, en la audiencia de descargo, acredita la realización de la Revisión Técnica Obligatoria. También establece que las multas no podrán superar nunca las 10.000 UF, ni siquiera en casos de reincidencia. Con los valores actuales, ese techo ronda hoy los 300.000 pesos.

Polémica

La medida, que fue propuesta por un senador del Frente Progresista y promulgada por el entonces gobernador Miguel Lifschitz, fue respaldada por el nuevo gobierno provincial del PJ. A poco de asumir, el subsecretario de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, se mostró a favor de la ley, en base al contexto de gran mora que propiciaba el alto costo de las infracciones.

El funcionario explicó con preocupación que el Estado "sólo logra cobrar efectivamente el 10 por ciento de las multas" labradas en rutas por radares ubicados en distintas localidades. "La multa debe ser proporcional a la falta cometida, debe poder pagarse, y que el Estado la cobre. Porque si no, es impunidad", apuntó. Y agregó: "Si vos cometés una falta, no la pagás y no pasa nada, no te sirve como cambio de conducta".

Pero desde el principio, las ONG viales se opusieron a la reducción de las multas porque consideran que es un mala señal para los que violan las normas. "El Estado tiene que bajar la velocidad, y cuando alguien no lo hace de manera voluntaria, tiene que tener un mensaje claro para el infractor, porque pone en riesgo su propia vida y la del entorno", afirmó Mariana Sena, integrante de la asociación civil Compromiso Vial.

"No se puede llevar este tema a una mera cuestión administrativa, hay que llevarlo a otras instancias porque estas leyes son inconsultas e irrumpen en el escenario con una mirada despojada de lo que estamos planteando", aseguró. En ese sentido, Sena detalló que el exceso de velocidad "es el que más muertes provoca en rutas y autopistas, por eso el Estado tiene que ser claro y penar las conductas temerarias que pueden provocar homicidios".

Finalmente, la activista se preguntó: "¿Qué nos preocupa más, una multa económica o una familia diezmada porque un conductor imprudente la llevó por delante? Lamentablemente nos hicieron creer que es así y el daño que están provocando por el desapego a las normas es tremendo".

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