La Justicia define si los bares de Pichincha incumplen las normas

Luego de una reunión en Tribunales donde las partes se comprometieron a entregar documentación que avala sus posiciones, en los próximos días la Cámara Civil y Comercial dictará sentencia en la causa que iniciaron los vecinos de barrio Pichincha contra la Municipalidad por el incumplimiento de las ordenanzas que regulan la actividad nocturna de los locales gastronómicos, lo que generó trastornos de convivencia en ese emblemático sector de la ciudad.

Los integrantes de la sala II de la Cámara Civil y Comercial, integrada por los jueces Ariel Ariza, Jésica Cinalli y Gerardo Muñoz, recibieron el martes a los representantes legales de la Municipalidad y de los vecinos para definir una situación que se agudiza y parece no tener una definición concreta ante las reiteradas denuncias en Pichincha.

La causa judicial comenzó cuando hace dos años cuando un grupo de residentes del lugar presentaron una demanda de intereses difusos bajo la figura de la ley 10.000 por las molestias que sufren como consecuencia de intensa actividad nocturna que se prolonga a la madrugada más allá de los horarios permitidos. Las quejas se refieren a altos niveles altos de música, la presencia de mesas, sillas y sombrillas que obstaculizan el tránsito en las veredas, desmanes, y la actividad de trapitos que coparon las calles de la zona.

El planteo concreto era sobre el incumplimiento de las normas que regulan el rubro gastronómico en un histórico barrio residencial de casas y edificios, donde anteriores gestiones municipales, principalmente de Miguel Lifschitz y Mónica Fein, apuntalaron un polo de bares y restaurantes.

En julio de 2019 el juez civil y comercial Pedro Boasso hizo lugar al planteo y como medida cautelar ordenó al municipio que “se abstenga de otorgar nuevas habilitaciones comerciales en el radio comprendido por Balcarce, Francia, Salta y Rivadavia, hasta tanto recaiga sentencia firme”.

Pero las habilitaciones siguieron luego de una queja de los comerciantes en un proceso amañado. A las dos semanas se realizó otra audiencia en la cual se acordó dejar sin efecto la medida judicial, y se ordenó al municipio hacer cumplir la normativa vigente.

En ese proceso, la gestión local se comprometía a emitir dictámenes que elaboraría una Comisión Centralizada de Análisis, prevista en el decreto 250/19 que funciona desde febrero de 2019. A fin de ese año y ante nuevos planteos de los vecinos, el juez Boasso ordenó reformular al municipio el régimen de sanciones.

El magistrado apuntaba al control de comercios que incumplían las ordenanzas. “No pueden eliminar las graves y reiteradas violaciones a la normativa vigente”, argumentó Boasso sobre la fiscalización municipal.

“Las sanciones vigentes para reprimir el incumplimiento de la normativa analizada no resultan eficaces”, sostuvo Boasso. Y otorgó la Intendencia un plazo de 120 días a los fines de posibilitar el efectivo cumplimiento de las ordenanzas.

Esa resolución fue apelada por la Municipalidad, pandemia mediante, y ante los cambios en la dinámica nocturna por las restricciones, el caso quedó bajo estudio del Tribunal de segunda instancia, que ahora deberá dictar una sentencia definitiva.

En la audiencia del martes, los jueces dieron plazo de una semana a las partes para que hagan su descargo. El municipio debería acompañar documental con habilitaciones, fiscalización y actas, mientras que los vecinos aportaron variada documental en soporte digital con videos y fotos sobre distintas situaciones que ellos mismos registraron. Luego de analizar esa documental y todo el derrotero de la causa, el Tribunal se debe expedir.

Así lo confirmaron los vecinos que dialogaron con La Capital y participaron de la audiencia con los jueces Puccinelli, Lotti y Muñoz. “En el último tramo de 2020 la Cámara ordenó reuniones entre las partes, pero no se llegaron a concretar, entonces pedimos a nuestros abogados que continuaran con la acción”, confirmó Viviana Valenti, vecina del Pichincha.

“El tema es que el accionar de la Municipalidad solo queda a nivel de control, labran actas y nada más. Si nosotros no denunciamos no vienen a ver qué sucede, y todo es un círculo vicioso donde nunca se resuelve nada”, indicó la mujer.

“En la reunión con los jueces se nos permitió hablar diez minutos y expresamos que buscamos recuperar la calidad de vida en un barrio de origen residencial que es cooptado por el polo gastronómico, que no cumple con las normativas; no estamos en contra del desarrollo, pero la convivencia es imposible”, sumó indignada Valenti.

Según detalló, los jueces pretendían saber qué sucedió desde agosto de 2020 cuando se retomaron las actividades. “Les contamos que por la pandemia se les permite usar no solo su vereda sino, además, las linderas, y a su vez la calle. Más allá de que eso sea provisorio, el factor ocupacional es mayor al que tenían originalmente”.

Pero los mayores cuestionamientos de los demandantes pasan por las habilitaciones. “Hay falta de transparencia, no sabemos en carácter de qué están habilitados los locales. En uno de ellos, por ejemplo, pueden ingresar 1.000 personas y se debe cerrar a las 22, pero no lo hacen. Las casas linderas lo sufren porque este lugar tiene una terraza”.

“(El intendente Pablo) Javkin dijo que iba a cambiar el sistema de control, le tocó la pandemia, pero no vemos cambios. Hasta sospechamos de connivencia, porque cuando llamamos por una irregularidad a Rosario Responde, la GUM no se presenta hasta que pasa el conflicto, entonces, llega para constatar algo que ya ocurrió”.

En el mismo sentido se pronunció otro de los vecinos afectados. Willy Kramp viene batallando hace tiempo y tiene su mirada sobre la problemática. “Esta a la vista que las ordenanzas no se cumplen y los vecinos no pueden dormir. Cuando uno se queja, hasta recibimos amenazas de muerte por parte de algunos personajes”, graficó.