El aislamiento social en el marco de la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional ante la pandemia del Covid 19 paralizó las actividades judiciales en todos los fueros de los Tribunales provinciales de Rosario, y en la sede del Centro de Justicia Penal (CJP), donde hasta hace unas semanas se realizaba un promedio de 60 audiencias diarias,y ayer sólo se formalizaron seis. En este contexto de emergencia sanitaria, y para evitar que se genere un cuello de botella cuando se normalice la situación, ya se utilizan medios digitales y no descartan la utilización de las videoconferencia para dirimir audiencias de causas penales, según adelantaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y lo establece un comunicado del Colegio de Jueces.
El panorama en los Tribunales provinciales de Balcarce y Pellegrini es desolador.
Un médico apostado en la puerta de ingreso, de 8 a 12, le toma la temperatura corporal antes de ingresar a cada persona para testear síntomas y evitar la propagación del coronavirus.
Monitoreados por la custodia policial, son apenas un puñado de empleados y abogados que transitan los pasillos del edificio autorizados para atender o canalizar trámites urgentes en las guardias de los juzgados de Familia o en las Defensorías Públicas, despachos laborales o civiles y comerciales.
Es que luego del decreto presidencial que impuso la cuarentena, la Corte Suprema de Justicia de la Santa Fe resolvió mediante la acordada Nº 8 la suspensión de los plazos procesales en las actuaciones radicadas o a radicarse en todas las unidades jurisdiccionales con sede en las cinco Circunscripciones Judiciales de la provincia, desde el 17 de marzo y hasta martes próximo.
Los mismo sucede en el CJP de Virasoro y Mitre. La actividad es la mínima indispensable en los dos edificios donde circula el flujo más importante de expedientes y legajos judiciales Y un ejemplo claro del parate es la disminución de las audiencias de legajos penales, que apenas se limitan a las urgencias: imputativas de primera instancia, hábeas corpus, o cuestiones excepcionales o sumamente urgentes que afecten derechos impostergables.
Cuando en promedio en Rosario se realizan entre 50 y 60 audiencias, ayer se agendaron 41, pero se suspendieron 35 y apenas se realizaron seis.
Algunas de ellas tenía que ver con preliminares (instancia de acusación y pedido de pena) por robo calificado, otra imputativa a dos personas por robo calificado y encubrimiento; por amenazas y abuso de armas. Temprano se dieron los fundamentos de un fallo en dos juicios por homicidio. No mucho más.
Lo que viene
Pero lo que advierten fiscales, jueces, defensores y abogados es que ante una inminente extensión de la cuarentena, una vez que se normalice la actividad se podría generar un atolladero, con el consiguiente colapso del sistema, sobre todo en virtud de la gran cantidad de legajos, plazos y trámites que quedarán pendientes de resolución.
Por eso, las autoridades del MPA, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp), y el Colegio de Jueces de Primera Instancia, analizan la posibilidad de implementar herramientas electrónicas y audiencias por teleconferencia, como ya se ha hecho en el juicio a la banda de Los Monos, cuando algunos de los imputados siguieron las alternativas del debate desde prisión.
“Hay cuestiones de derechos y términos legales por los que se requiere la presencia física del imputado en la sala, y que se están analizando. La idea es que en el recinto sólo estén el juez, el fiscal y la defensa, y que el imputado pueda seguir el trámite on line. Se están ajustando algunos detalles técnicos, pero hay buena predisposición de las partes para implementar la audiencias por videoconferencia”, indicaron a la La Capital desde el MPA.
