"La baja de la edad de imputabilidad es un retroceso civilizatorio"

El documento fue presentado por Luis Pedernera, abogado y experto independiente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes provincial, Analía Colombo, contó: "Armamos el documento como coordinadores de la red FIO. Desde Santa Fe, monitoreamos los sistemas de Justicia Penal Juvenil y uno de los temas que se nos ocurrió fue el de hacer un comparativo de ese terreno en Iberoamérica".

Consultada sobre la situación actual en la provincia, Colombo comentó: "Hubo avances en materia de Justicia Penal Juvenil, pero también hay asignaturas pendientes. Entre los avances, se registraron mejoras edilicias en el Irar (Instituto para la Recuperación del Adolescente), en lo que refiere a la región sur".

A pesar de esas mejoras, la defensora provincial afirmó que hay cuestiones a mejorar: "El acceso al derecho a las actividades que tienen los jóvenes, los niveles de socialización y de capacitación de los operadores judiciales que acompañan a los pibes, y un punto muy importante: un chico privado de la libertad tiene una historia y, si llegó al sistema de Justicia Penal Juvenil, es porque el sistema de protección del Estado no funcionó".

"El tránsito por las instituciones de privación de la libertad no tiene que ser simple. Tiene que ser parte de la historia de vida del pibe, con un antes y un tránsito hacia el afuera", consideró.

"El número de alojados, en una provincia con la escala de Santa Fe, no es grande ni grave. Actualmente hay menos de 80 adolescentes privados de la libertad en toda la provincia; y, de esa cantidad, 34 están en el Irar", detalló Colombo, a lo que añadió, en consonancia con lo que se expuso en el informe, que la mayoría de las privaciones son por delitos contra la propiedad, como robos y hurtos.

De la presentación del informe se encargó Pedernera, un abogado uruguayo que forma parte del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Es el único experto independiente de la región sur que integra dicho comité.

"Los datos de la pobreza en América latina, donde Argentina no es la excepción, son preocupantes; los datos de deserción educativa, fundamentalmente en niveles de educación secundaria, son alarmantes", aseveró, a lo que añadió: "El 50 por ciento de los adolescentes son expulsados del sistema educativo y el 40 por ciento de los niños está por debajo de la línea de la pobreza".

El miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas afirmó que una de las primeras recomendaciones del organismo es la de valerse de datos para formular políticas que sirvan para mejorar la situación: "Nosotros necesitamos datos para evaluar y los estados necesitan datos para generar y revisar políticas, y para descartar las decisiones que no tienen impacto en la realidad".

Pedernera se mostró muy crítico respecto a la baja en la edad de imputabilidad que se debatió en varios países latinoamericanos: "Es un ejemplo emblemático de la rebaja de los estándares, que es preocupante. Cualquier propuesta que plantee la baja de la edad de imputabilidad es un retroceso, en términos civilizatorios; así como también las propuestas que promuevan el aumento de penas".

Otro de los apectos que cuestiona el documento que formuló la FIO fue el uso de prisión preventiva en menores y la creación de "mega centros de detención", como los calificó el uruguayo, para adolescentes.

Países nórdicos

La experiencia en los países nórdicos, según Pedernera, es uno de los caminos a seguir porque allí "mantienen la mediación como la regla en la que operan cuando aparece este tipo de conflictos".

"Para ellos es mejor que los adolescentes estén incluidos en el sistema de protección, que vayan a la escuela y que usen el sistema sanitario, para no generar sistemas paralelos porque son caros y los hace inefectivos en las respuestas", indicó.

"Esos países hicieron distintos análisis, corroborados por Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), y determinaron que las cárceles salen caras. En América latina, el promedio del gasto para un privado de la libertad ronda entre los 2.000 y 5.000 dólares mensuales con una capacidad de reincidencia que llega al 70 por ciento; un no privado de la libertad, en un programa de penas no privativas de libertad como el que plantean ellos, le cuesta a un Estado entre 300 y 500 dólares, y las tasas de reincidencia bajan al 20 por ciento", graficó el abogado.

Para concluir, Pedernera dijo: "A los tecnócratas, que hablan siempre en términos de costo-beneficio: ¿por qué se sigue insistiendo en la cárcel, si no hay beneficio y el costo se dispara?".