Tanto el fiscal como el ambientalismo ponen la mira sobre la negligencia de los productores sobreseídos. Especialistas jurídicos y activistas resaltaron que los dueños de los campos tienen responsabilidad por el fuego que arrasó con alrededor de un millón de hectáreas entre 2020 y 2022
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
La esquina de Urquiza y San Martín, en pleno centro, casi tapada por la invasión del humo que provenía de los incendios en las islas en septiembre del 2022.
El sobreseimiento de 43 imputados en la causa penal por los incendios en las islas frente a Rosario causaron sorpresa tanto en el ambientalismo como en la fiscalía a cargo de la investigación y hasta abogados especializados en la materia. La negligencia de los propietarios de las tierras en el Delta del Paraná, donde se quemó alrededor de un millón de hectáreas entre 2020 y 2022, es el eje principal de coincidencia.
Los incendios en las islas dejaron dos causas, una en el fuero penal y otra en el fuero civil, que se tramitan en el Juzgado Federal de Paraná y quedaron bajo la órbita del juez Daniel Alonso. Los sobreseimientos se dieron sobre el proceso judicial que fue impulsado por la Municipalidad de Rosario, que presentó una denuncia penal en el juzgado mencionado.
El fiscal de la causa, Claudio Kishimoto, adelantó que están preparando la apelación sobre el fallo de casi 200 páginas del juez Daniel Alonso: "Estamos en disconformidad con los argumentos jurídicos".
Kishimoto explicó, en diálogo con LT8, que las imputaciones sobre los más de 40 imputados se realizaron por el carácter doloso (o la intencionalidad de hacer fuego con un fin determinado) y por carácter culposo que, detalló el fiscal, indica que si bien los titulares de las tierras no tenían la intención de producir un daño como el que se generó en los incendios que se originaron entre 2020 y 2022, "sí tuvieron una actitud negligente por no obrar responsablemente" en rever las prácticas que históricamente se hicieron en las islas como el inicio de fuegos para regeneración de pasturas, principalmente. "Ellos como dueños no tuvieron ningún prurito en prevenir esto a futuro porque los incendios se dieron en 2020, se repitieron en menor escala en 2021 y volvieron a darse en 2022 y 2023", manifestó.
El fiscal consideró que podría ser "discutible" la figura dolosa pero bajo ningún punto de vista puede omitirse la conducta negligente o culposa de los propietarios de campos, que vieron cómo sus terrenos se prendieron fuego año tras año y no hicieron mayores esfuerzos para ir en contra de ese accionar. "No se los vio prendiendo un fósforo en ese lugar pero sí hay una conducta negligente que, para nosotros, está acreditada", indicó. También relató cómo muchos de los imputados, en sus declaraciones indagatorias, hicieron hincapié en que los terrenos en cuestión son heredados, mostraron "cierto desinterés": "Dijeron saber sobre actitudes ilegales en las islas, pero no hay denuncias y eso es lo que más me preocupa. Es una actitud de que no les importa que les afecte su propiedad pero también están afectando a la propiedad o a la salud de otra gente. En los dichos de estas personas está la llave de que esto es un obrar negligente".
"No lo quiso ver así el juez, que solamente se acogió a la normativa del código penal en la figura de un incendio y acá hay mucho más para ver. Esto es preocupante por los efectos a futuro que puede causar una resolución de este tamaño", agregó el funcionario judicial, que trabaja sobre los argumentos que el juez Alonso dictaminó sobre cada uno de los 43 imputados sobreseídos "para poder dar vuelta esta cuestión".
El sector ambientalista se mostró preocupado por el fallo del juez Alonso y, en línea con el fiscal Kishimoto, puso el foco en la responsabilidad de quienes son propietarios de los campos que fueron incendiados repetidas veces durante tres años consecutivos.
En diálogo con La Capital, el referente del refugio MundoAparte, Franco Peruggino, expresó: "Fueron miles de hectáreas arrasadas y millones de vidas que se perdieron, sobre todo de reptiles, mamíferos y aves. Por más que muchos terrenos en las islas tengan dueño y que muchos tengan vacas, no pueden hacer lo que les dé la gana sobre el resto de los animales. Ni prenderlos fuego, ni autorizar a que se cacen, ni expulsarlos".
"Si alguien prendió fuego mi casa y se comprueba que no fui yo, mínimo pido que se siga investigando. No prendiste fuego tu campo pero ¿no te importa quién lo hizo? ¿Lo único que importa es el daño moral? ¿Por qué lo permitiste?", fueron algunos de los interrogantes que manifestó el referente en relación a los dichos de uno de los propietarios de las tierras.
"Las organizaciones ambientales tenemos que velar por los derechos de los animales y toda la sociedad, que se vio perjudicada con los incendios, tiene derecho a un ambiente sano. Es importante poner la mirada sobre la cantidad de vida silvestre que se perdió y la importancia de defenderlo, y que se investiguen quiénes son los responsables para tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir", agregó.
No sólo el ambientalismo se mostró sorprendido por los argumentos del sobreseímiento de los imputados en la causa penal por los incendios en las islas. Desde el sector jurídico que pone el foco especialmente en estos temas cuestionaron el fallo y resaltaron la necesidad de crear un fuero ambiental tanto a nivel provincial como nacional.
"La noticia no es la absolución de los empresarios ganaderos sino el fracaso estrepitoso del Poder Judicial a la hora de resolver estos temas", aseveró a La Capital el presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario, Matías De Bueno, quien agregó: "Esta fue la prueba más empírica y contundente de que hay que contar con una justicia ambiental, tanto en el fuero federal como en las jurisdicciones locales".
De Bueno, que también es secretario de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), no confía en que esta iniciativa avance a nivel nacional pero sí que este eventual nuevo cuerpo se concrete en jurisdicciones locales. Por caso, citó que en Entre Ríos se está debatiendo la creación de fiscalías ambientales y mencionó que la reforma constitucional de Santa Fe puede ser crucial para incorporar una cláusula ambiental en la nueva Constitución provincial, que fue elaborada por el propio Colegio de Abogados y que ya fue puesta a disposición de quienes sean elegidos como reformadores el próximo domingo. "Se deben conformar tribunales especiales y la figura de fiscal General del Ambiente para que exista una justicia especializada en materia ambiental. Y, con todo esto, poder generar la protección de la naturaleza, en la que nosotros incluimos a las personas como parte del ambiente", detalló.
A eso, sumó que debe haber un trabajo conjunto "entre el Estado y el sector privado para tomar medidas de prevención". De Bueno puntualizó en las condiciones que se viven actualmente con la bajante del río Paraná, con un escenario no tan drástico pero sí similar al panorama en 2022 en donde se combinaron arroyos y riachos internos secos con vegetación seca que se convirtió en material combustible que se diseminaba sin control por las islas: "Si alguien quiere prender fuego, vamos a tener un invierno complejo".
Con la causa penal casi cerrada (resta la presentación de la apelación que elabora el fiscal Kishimoto y conocer si la Justicia da lugar al recurso), todavía queda vigente la presentación que hizo la Asociación Civil Cuenca del Río Paraná en el mismo Juzgado Federal de Paraná donde se tramita la primera.
En la demanda que inició la asociación están imputadas casi todas las mismas personas que fueron sobreseídas en la causa penal, explicó a La Capital el abogado Fabián Maggi quien, junto a la abogada Agostina Castillo, llevan adelante la demanda por responsabilidad civil.
"En la causa por responsabilidad civil se reclama, justamente, por el daño generado y la recomposición del territorio. Se van a tener que hacer cargo no sólo de los efectos de los incendios sino también de otras actividades altamente degradantes como son la construcción de terraplenes, la modificación de cursos de agua y las canalizaciones que también son parte central en el conflicto ambiental en las islas", detalló.
A su vez, indicó que una sentencia favorable en la causa civil contribuirá a que la causa penal, en caso de que se reactive por la apelación del fiscal Kishimoto, se movilice nuevamente. "Nuestra mayor crítica a la investigación penal es que sólo se investigaron los delitos de estrago doloso por incendio y no se investigó la infracción a la ley 24.051, que se genera por esa actividad. Y no se investigó el delito de daño agravado por la construcción de terraplenes, canalizaciones y demás", expresó Maggi.
La Asociación Civil Cuenca del Río Paraná, que se presentó como querellante en la causa penal, evalúa por estas horas presentar una apelación anexa a la de la Fiscalía.
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Por Facundo Borrego
Por Leandro Garbossa, para La Capital
