A cinco años de la acusación a los propietarios de las tierras isleñas incendiadas frente a Rosario, el juzgado federal N° 1 de Paraná resolvió el sobreseimiento. Punto final para una causa que tuvo fuerte repercusión social
Por Mila Kobryn
Miles de hectáreas bajo fuego. Los incendios en las islas del Delta frente a Rosario y la región arrasan con la flora y fauna autóctonas.
La Justicia federal finalmente sobreseyó a los 43 productores imputados por los incendios en las islas frente a Rosario. En 2020 habían sido acusados al considerarlos responsables de ocasionar incendios de manera intencional. Sin embargo, tras el proceso judicial no hubo ningún indicio, en ninguno de los casos, que pudiera probar que los propietarios habían iniciado los incendios.
En plena pandemia, Rosario se encontró invadida por el humo. En un contexto de fuerte sequía, las islas frente a la ciudad y la región ardían de manera incontrolable. Rápidamente desde distintas organizaciones ambientalistas se apuntó contra los productores dueños de las tierras entrerrianas de los cuales se sospechó que daban comienzo al fuego de manera intencional para mejorar el terreno para el ganado.
Así fue como la Municipalidad de Rosario realizó una denuncia a partir de la utilización de imágenes satelitales que pudieron detectar los puntos de calor anormales, lo que devino en la imputación de los productores propietarios de dichos terrenos.
A partir de ahí comenzó un proceso judicial contra 43 productores. Cinco años después, la Justicia resolvió ahora que no existen pruebas contundentes contra los imputados y todos ellos fueron sobreseídos.
"No fue comprobada la responsabilidad penal de las 43 personas imputadas en los incendios a pesar de haberse determinado que muchos de ellos, como dueños de las tierras incendiadas, no hicieron nada para custodiar la presencia de personas ajenas que hicieron los fuegos que ocasionaron los perjuicios ambientales y de salud, tanto desde el punto de vista doloso (intencional) como culposo", sostuvo el fiscal a cargo de la causa, Claudio Kishimoto en diálogo con La Capital.
"No existió reproche penal a pesar de que sabían de la existencia de personas que hacían fuego y no hicieron nada para custodiar sus propias tierras y el daño que se ocasionó por esa negligencia", remató el fiscal.
El 3 de marzo del 2020 se realizó la denuncia penal contra aquellos responsables de las quemas intencionales de pastizales en la zona de islas del Alto Delta del Río Paraná. Poco tiempo después, el intendente Pablo Javkin amplió esa denuncia ante la presencia de nuevos focos ígneos registrados en la zona.
En aquella presentación que realizó el jefe municipal ante la Fiscalía Federal de Victoria (Entre Ríos), con el patrocinio de la subsecretaria Legal y Técnica y apoderada del municipio, Juliana Conti, se destacó que se detectó en el espacio aéreo la presencia de gran cantidad de humo y cenizas a causa de los incendios producidos intencionalmente en los pastizales en el Alto Delta del Río Paraná.
La presentación fue acompañada de diversos trabajos periodísticos que abordaban la problemática y demostraban el incremento de los incendios en la zona, así como por informes emitidos por el Museo de Ciencias Naturales Padre Antonio Scasso de San Nicolás, donde se identificaba de manera satelital la multiplicación por 5 en tan sólo siete días. También se adjuntó el informe satelital del Sistema de la Nasa Firms que emitió información sobre incendios para el sistema de gestión de recursos que permitió identificar más de dos mil focos en los primeros meses de ese año.
En julio del 2020, y tras varios días consecutivos signados por intensos incendios en las islas ubicadas frente a Rosario, el municipio decidió tomar la iniciativa judicial en la causa que se tramitó en Entre Ríos al ampliar la denuncia por las quemas prohibidas y presentarse el intendente Pablo Javkin como querellante en el proceso.
En aquel momento, el objetivo de dicha intervención fue el darle celeridad al proceso, reforzar las acciones para encontrar responsables y generar soluciones ante el enorme daño ambiental y sanitario producido en los humedales del río Paraná y localidades ubicadas en la costa santafesina.
Es que en el invierno del 2020 los ánimos se encontraban muy caldeados en Rosario: el humo había pasado a ser parte de la cotidianeidad. Tras distintas manifestaciones, el Ejecutivo municipal tomó la posta y se puso al frente de la denuncia.
"En lo que respecta a la intervención de los imputados, ante la ausencia de pruebas vehementes, se genera una duda insuperable respecto de su vinculación con la situación constatada", se determinó en el fallo emitido por la Justicia Federal.
En relación a las razones de los incendios, en el fallo se registraron las declaraciones de los imputados. Allí, algunos de los señalados como responsables consideraron que los incendios habían sido intencionales pero que no hay elementos para señalar que fueron ellos los causantes. “En la costa de la isla se instalaron distintos ranchitos, gente que va el fin de semana a instalarse ahí o a pescar”, sostuvo uno de los imputados cuya declaración se incorporó en el texto judicial.
Por otro lado, otros imputados, al ser preguntados por qué no evitaron el incendio, contestaron que no tenían los medios a su alcance para obrar en aquel sentido. Sin embargo, por otra parte, también se determinó: "No puede desconocerse que se trató de situaciones excepcionales que desbordaron incluso a los propios agentes estatales -brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad- a la hora de combatir el fuego y en cuya denuncia y/o contención intervinieron, en muchos casos, los propios imputados".
"En este contexto, debe señalarse que en ciertas ocasiones se constata la certeza de inocencia del imputado, pero en otras se constata la certeza de no poder reunir los elementos de convicción suficientes de sospecha sobre la participación del imputado en un hecho punible, resultando inútil y dispendioso proseguir el procedimiento penal hasta la sentencia, pues no sería más que prolongar la persecución penal, cuyo resultado está a la vista, sin razón suficiente y con la única finalidad de provocar la prolongación innecesaria del sufrimiento del imputado", afirma el documento.
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