A pocos más de un mes de su puesta en funcionamiento, el Centro de Asistencia
Judicial (CAJ) del gobierno de Santa Fe ya recibió en Rosario 75 consultas. La oficina, con otra
sede en la capital provincial, brinda ayuda jurídica gratuita a vecinos de escasos recursos
víctimas de delitos. Es el único organismo oficial habilitado para ser parte querellante en un
juicio. Es decir, el afectado puede constituirse como tal, aportar pruebas e intervenir en todas
las instancias de un proceso penal. También alberga un centro de mediación, que trata de atajar a
tiempo conflictos comunes que pueden terminar en delitos graves, como la pelea entre vecinos.
Hasta el 21 de enero el cuerpo de profesionales del CAJ evacuó 75 consultas. De
ellas, 18 fueron remitidas a la oficina de mediación y ocho a la de víctimas de delitos. El resto
recibió asesoramiento, pero se derivaron a otras instituciones. Quienes concurren son, en su
mayoría, víctimas de homicidios, abusos sexuales agravados (violaciones) y tentativas de homicidio.
También hay casos de trata de personas con fines de abuso sexual.
La oficina se puso en marcha oficialmente el 18 de diciembre de 2009 en una
casona de Moreno 1763, a media cuadra de los Tribunales provinciales. En poco más de 30 días, y a
pesar de la feria judicial de enero, atendió un promedio de tres consultas diarias.
En el centro de mediación los operadores tratan de resolver conflictos
pacíficamente, estén o no judicializados. Si las partes llegan a un acuerdo lo pueden formalizar en
el juzgado para que se aplique, si corresponde, el criterio de oportunidad. Es decir, el magistrado
paraliza el juicio y dicta una fallo favoreciendo al ahorro procesal. En ese sentido y en virtud de
la transformación del Nuevo Código Procesal penal, desde el Ejecutivo se intentan impulsar
herramientas para bajar los niveles de conflictividad social y desalentar la cultura del litigio,
que abarrota de expedientes los juzgados locales.
La directora de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial del Ministerio de
Derechos Humanos de Santa Fe y titular del CAJ, Carla Cerliani, describió el funcionamiento de la
casa judicial. "La particularidad es que los abogados no sólo asesoran, sino que participan del
proceso penal, es decir, se constituyen como querellantes para que la víctima pueda presentar una
línea de investigación, pruebas y estar en todas las instancias del juicio. Básicamente es una
asistencia del Estado a personas que no pueden pagar un profesional", describió la funcionaria.
Y dio dos ejemplos graves en los que les toca intervenir, como homicidios y
abusos sexuales agravados. En esa instancia, valoró el trabajo de los operadores sociales.
"Ayudan a que la exposición que pueda tener la víctima durante el juicio (muchos
de los cuales son orales) esté apuntalada. De nada sirve contar con un abogado si después esa
persona no tiene dinero para viajar en colectivo y asistir a las audiencias. Además, debe haber un
trabajo psicológico para que soporte la carga del juicio", remarcó la responsable del centro sobre
la tarea interdisciplinaria que realiza el organismo.
Cerliani recordó también que la oficina ya venía desplegando trabajos en
conexión con otros estamentos del Estado. "Desde 2008 intervenimos en casos de trata de personas o
el rescate de mujeres sometidas. Los trabajadores sociales buscan dónde alojarlas y hacen una
conexión con el Ministerio de Salud para su atención".
Intervenir a tiempo. La directora del CAJ relató que hay situaciones que
comienzan con una pelea de vecinos, pero que "al abordarse a tiempo pueden detener la escalada de
violencia que después termina con delitos más graves (ver aparte)".
Lo concreto es que cuando reciben un caso, los abogados, psicólogos y
trabajadores sociales del CAJ comienzan a desplegar estrategias para brindar no sólo asesoramiento
legal, sino contención psicológica y sanitaria a personas que muchas veces transitan hechos
aberrantes y jamás tuvieron la posibilidad de cicatrizar las heridas.
Un derecho
El Centro de Asistencia Judicial (CAJ) no hace más que cumplir con una
obligación del Estado para que la ciudadanía conozca y haga respetar los derechos que le asisten
luego de ser víctimas de un delito. Las personas de escasos recursos que necesiten ayuda pueden
acudir a Moreno 1763, de lunes a viernes, de 9 a 15. El teléfono es 472-8162 y la línea gratuita
para consultas: 0800-555-8632. Se puede mandar un correo a [email protected].
