"Nunca vivimos una crisis como la actual", advierte tajante Mariel Chapero, psicóloga, directora del Centro de Estudios interdisciplinarios en Discapacidad de la facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis). El reclamo de la profesional, de referentes de instituciones y familias de personas con discapacidad, se escuchó claramente el viernes pasado en la audiencia convocada por el Concejo para analizar la realidad del sector que, además de insistir en la sanción de a ley de emergencia a nivel nacional, reclamó herramientas locales que les permitan mejorar su situación.
Chapero lleva más de de 20 años dedicándose profesionalmente a la problemática de la discapacidad. Dice que el abandono no empezó ahora, pero también sabe que nunca fue tan profundo. "No hay precedentes de dificultades que hayan tenido la magnitud de la situación actual. Atravesamos atrasos arancelarios o recortes de pensiones durante la gestión macrista, pero nunca vivimos algo así", insiste.
El encuentro realizado en el Palacio Vasallo llegó después de una serie de medidas de fuerzas y movilizaciones de instituciones, profesionales y familias de personas con discapacidad para poner en evidencia el ahogo que padece el sector por la falta de actualización del valor de las prestaciones que mantuvieron el mismo valor en esos seis meses del año, pero que vienen atrasadas desde 2023. Según advierten, desde la llegada al gobierno de La Libertad Avanza la inflación acumulada suma el 600 %, mientras que sus servicios apenas se incrementaron en 340%.
Lo que está en juego, explica Chapero, es directamente "la posibilidad de dar continuidad al trabajo, porque ya no hay de donde recortar. Los profesionales están absolutamente precarizados, se están tomando medidas de reducción de personal, se trabaja con los usuarios en horarios reducidos. Cada prestador está haciendo lo que puede y, la verdad, es que no sé cuánto tiempo puede sostenerse esta situación".
El reclamo por la falta de actualización de los aranceles y las dificultades que esto representa para las instituciones que trabajan con el sector de la capacidad fue el eje del encuentro del viernes, del que participaron ediles, funcionarios y representantes de familias, prestadores y profesionales. El diagnóstico fue compartido: “Es imposible sostener el sistema”, se consignó en más de una ocasión, y fue unánime el pedido respecto a la recomposición de los aranceles que abonan obras sociales y el sistema de seguridad social.
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También se destacó la necesidad de que se apruebe la ley de emergencia en discapacidad, actualmente con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Al proyecto presentado por la oposición le toca atravesar ahora el debate en el Senado. “Tenemos que ir por la ley” se expresó y se acotó “habrá que pelear para el cumplimiento efectivo”.
La iniciativa apunta a asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social. En un contexto de recortes y demoras en los pagos, plantea actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.
Menos servicios
Pablo Bolego lleva 20 años dedicándose al transporte de personas con discapacidad y desde 2018 está al frente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes). Dice que no es la primera vez que el sector atraviesa dificultades, pero que nunca enfrentó una crisis tan aguda como la actual. "La falta de aumento para las prestaciones en discapacidad puso al sector al borde de la quiebra", asegura y advierte que "si no aumentan los aranceles a fin de año van a quedar el 50 por ciento de los servicios de atención".
La menor cantidad de prestadores, dice, es un fenómeno que acarrea algunos años. Según datos del municipio, desde 2014 se redujo en forma notable la cantidad de licencias habilitadas para el traslado de personas con discapacidad, de los 300 vehículos que existían hace 10 años, actualmente apenas hay unos cien.
"Se caen las habilitaciones porque las prestaciones no son rentables", explica Bolego y destaca que el transporte es apenas el primer eslabón de una cadena de servicios a los cuales, sin movilidad, la gente directamente no accede. Por eso, afirma, "lo que está en riesgo es el enorme trabajo que realizan para la inclusión de las personas con discapacidad" y destaca que en su mayoría "son instituciones pequeñas que no tienen margen para sostenerse, que tienen deudas, que han sacado créditos y que se las vieron en dificultades para pagar aguinaldos".
Para Bolego se trata de una red, "un sistema virtuoso, que trabaja para que las personas con discapacidad puedan acceder a derechos, que garantiza un sistema único de prestaciones con mucha experiencia de trabajo. Eso es lo que se está quebrando", apunta.
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Herramientas locales
El último estudio nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad se realizó en 2018. Allí se destaca que el 10,2% de la población del país de 6 años y más tiene algún tipo de dificultad; de esta población, el 10,8 % son mujeres y el 9,5 % son varones.
El trabajo advirtió también que apenas el el 33,4% de las personas con dificultad tiene certificado de discapacidad vigente, una herramienta que es principalmente usada para obtener el pase libre de transporte y la cobertura integral de medicación y salud. Un dato no menor, ya que el 41 % de la población con dificultad de 6 años y más no posee cobertura de salud por obra social o Pami.
Para los referentes de instituciones que asistieron a la convocatoria del Concejo es sumamente necesario encontrar soluciones que permitan una mejor calidad de vida a toda esta población. Por eso, plantearon también la posibilidad de buscar herramientas locales para fortalecer al sector.
Por ejemplo, propusieron, avanzar en el proyecto de ordenanza para declarar la emergencia en discapacidad en Rosario. Un paraguas que, consideran, facilitará la condonación de deudas por el derecho de registro e inspección (Drei), la tasa general de inmuebles (TGI) y tributos provinciales, al igual que la tasa vial que se cobra en el ámbito de la ciudad.
Y se propuso trabajar en una mesa de trabajo con representantes de los tres estamentos legislativos, el Congreso de la Nación, la Legislatura provincial y el Concejo Municipal que permita ubicar al tema bajo la "prioridad" que merece.
