Desde el Concejo Municipal solicitaron una audiencia con Nación. Plantearán la situación crítica del sector de discapacidad y precisiones sobre las auditorías
El sector de discapacidad está en emergencia
En el marco de la situación crítica que atraviesa el sector de discapacidad en la ciudad, la concejala socialista Verónica Irizar aseguró que “el gobierno de Javier Milei busca destruir una red de contención institucional que llevó más de 30 años construir” e informó que solicitó una audiencia con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo.
“Hay una situación crítica que parece no afectarle a este gobierno insensible y cruel, por eso queremos visibilizar esta circunstancia ante quien puede tomar otro tipo de decisiones”, remarcó.
Irizar señaló que “desde que asumió Milei ,el gobierno atacó directamente al colectivo de la discapacidad”, y como consecuencia de ello, “la precarización del sistema de prestaciones está llegando a un punto límite y está poniendo el sistema en emergencia y en crisis absoluta”.
Desde el Concejo Municipal, la edila realizó un pedido de audiencia con el director ejecutivo de la Andis, Diego Spagnuolo, a celebrarse junto con concejales y autoridades del Consejo Municipal de Discapacidad.
El objetivo es plantear la situación crítica que atraviesan las instituciones, los prestadores de la Ley 24.901, los profesionales y las personas con discapacidad de la ciudad. Además de, solicitar información sobre el estado del proceso de auditorías, exponer propuestas para resolver los problemas y generar mecanismos de cooperación entre la Municipalidad y el gobierno nacional.
“Tenemos que poner sobre la mesa la situación de profesionales y prestadores que en estos últimos años perdieron el 50% de sus ingresos. La inflación acumulada de diciembre de 2022 a mayo 2025 fue de 668% y la Nación solo actualizó el 340% de los aranceles que cobran. Esta situación pone en jaque los centros de día, acompañantes terapéuticos y toda la red que involucra la atención a personas con discapacidad para que puedan desarrollarse y lograr su autonomía, y así se garantice su inclusión en la sociedad”, subrayó Irizar.
“Si a esta circunstancia le sumamos la resolución 187, en las que se los trató de imbéciles, idiotas y débiles mentales, además del proceso más que exhaustivo y asfixiante en las auditorías, imposible de cumplimentar, parece que el único objetivo es incrementar la situación de vulnerabilidad de estas familias ante el resto de la sociedad”, reclamó.
En la misma línea, la concejala afirmó que “el sistema eficiente, solidario y humano que se creó, con una mirada sensible e inclusiva, está en un gran riesgo”. Y luego, agregó: “Fue construido por familias y profesionales que solo buscan el bienestar de las personas con discapacidad. Un sistema compuesto por profesionales de diversas disciplinas que abordan la temática desde un punto de vista totalmente sensible, entendiendo la necesidad para que puedan encontrar un futuro a través de estas instituciones”.
Por último, Irizar remarcó que “romper estos lazos entre instituciones, servicios, familias y profesionales es destruir una red de contención que llevó más de 30 años construir”, además de “alejar a las personas con discapacidad cada vez más del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas”.
Desde la provincia destacaron que se puso a disposición más de 30 líneas de crédito con tasas subsidiadas y se superó los $197 mil millones en financiamiento
Por Isabella Di Pollina
Por Tomás Barrandeguy
Por Gustavo Conti
Por Martín Stoianovich
Por Lucas Ameriso
Por Mariano D'Arrigo