El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 "contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento"

En el ocaso de un 2025 que encontró a las universidades nacionales movilizadas por la ley de financiamiento universitario —finalmente promulgada pero no ejecutada por el gobierno— los rectores de las universidades nacionales cuestionaron el proyecto de presupuesto 2026 enviado por la Casa Rosada al Congreso. Advierten que de confirmarse esas cifras "quedaría gravemente lesionado el derecho a la educación".

"Como prioridad, necesitamos presupuesto aprobado por el Congreso nacional para el 2026", dijo a La Capital Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En este sentido, advirtió que "buena parte de los problemas que atravesamos derivan de tener presupuesto prorrogado por dos años consecutivos, que en el caso de las universidades implica contar con un presupuesto base a valores de octubre de 2023".

Pero además, para Bartolacci, el conjunto de las universidades nacionales necesitan que el proyecto que se apruebe contemple como piso el presupuesto que garantizaba la ley de financiamiento universitario, aprobada por el propio Congreso. "Si eso no fuera así, según lo estipulado por el proyecto del Poder Ejecutivo, tendríamos para 2026 prácticamente lo mismo que para el 2025", aseguró Bartolacci.

El rector anticipó que desde el CIN van a trabajar con legisladores de todas las provincias con esos dos objetivos: contar con presupuesto aprobado y que ese presupuesto garantice como piso lo que garantizaba la ley de financiamiento, por encima de lo que estipula la propuesta oficial y lo razonable "para que las universidades podamos funcionar en el 2026 sin dificultades". El proyecto de presupuesto 2026 será debatido a partir del 10 de diciembre, en sesiones extraordinarias.

El reclamo de los rectores

A través de un comunicado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó al Poder Legislativo "que ratifique, una vez más, su posición en defensa de la educación pública en general y de la universidad pública en particular, tal como lo hiciera, en dos oportunidades, cada una de las Cámaras con la sanción de la ley de financiamiento universitario este año".

Al igual que en 2025, el Congreso nacional aprobó una ley de financiamiento universitario, que propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria; además de una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. El presidente Javier Milei vetó la ley bajo el argumento de que ponía en peligro el equilibrio fiscal. Ambas cámaras rechazaron luego el veto por lo que el gobierno se vio obligado a promulgar la norma, aunque con un decreto posterior decidió suspender su aplicación. Ante esta situación, los rectores fueron a la Justicia para que el presidente cumpla con la ley votada por el Congreso.

La batalla por el presupuesto 2026

Según el texto presentado en septiembre pasado por el gobierno, para 2026 se propone una inversión de 4,8 billones de pesos para las universidades, muy lejos de los 7,3 billones que pidieron las casas de altos estudios "para que pueda funcionar normalmente el sistema".

"Dicho de otro modo, prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico", señalaron desde el CIN.

En el comunicado difundido este martes por la tarde, el CIN reclamó: "Por esto es por lo que hoy pedimos que el presupuesto nacional 2026 incremente las partidas necesarias proyectadas con el respeto a la ley de financiamiento universitario, la que establece las garantías y la protección del sistema universitario argentino, la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y no docentes y de las becas estudiantiles".

En este marco, alertaron que con las cifras que establece el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo "quedaría gravemente lesionado el derecho a la educación que tienen las y los jóvenes argentinos en la universidad pública de calidad con la que hoy cuenta el país y que la gran mayoría de la sociedad reconoce".