Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Con la firma del presidente Javier Milei, el Gobierno promulgó hoy la ley de financiamiento universitario, pero con la particularidad de dejarla en suspenso a la espera de que el Congreso justifique o explique la fuente de financiamiento en el marco de la ley de administración financiera. Esa decisión causó un profundo malestar entre los rectores de las universidades públicas, quienes acudirán ante la Justicia para exigirle al Poder Ejecutivo que aplique la ley aprobada por el parlamento.

Mientras tanto, docentes y no docentes de las distintas universidades públicas de todo el país cumplen hoy y mañana un paro pro 48 horas en contra de las políticas que lleva adelante el presidente Javier Milei para el sector.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, afirmó que el gobierno “tenía la responsabilidad de ejecutar la ley tal como fue sancionada por el Congreso de la Nación. Los rectores fuimos muy responsables en este camino. A pesar de una situación muy precaria por la que atravesamos. Logramos que una ley muy responsable, que no compromete fiscalmente al estado y que da una solución al problema salarial y presupuestario que atraviesa el sistema universitario argentino”.

Bartolacci exigió que “se cumpla la ley, ni más ni menos que eso. Si no cuál es el sentido del Congreso Nacional, cómo es el funcionamiento de la república en Argentina. Nos preocupa esta decisión que tomó el Gobierno, que está a tono con lo que hizo con discapacidad. Vamos a reunirnos en un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional que se hará esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Allí, vamos a definir el carácter de una acción colectiva que el Consejo llevará adelante en la justicia para exigir la aplicación de la ley”.

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En declaraciones a LT8, el titular de UNR remarcó: “Con la misma responsabilidad con la hicimos todo el camino hasta acá, iremos a la Justicia para que se aplique la ley, tal como fue resuelta por el Congreso. Es lo que corresponde. No es cierto el argumento de que el Gobierno nacional no pueda redefinir partidas para cumplir con lo que la ley dispone. Estamos en el segundo año con presupuesto reconducido, no sola las Universidades sino el país”.

“Cómo se explica que se hayan aumentado un mil porciento los fondos destinados a los servicios de inteligencia. Hay atribuciones y competencias del Poder Ejecutivo Nacional para redistribuir partidas y cumplir con los objetivos y se han distrubuido de manera discrecional por decisión del Gobierno. No es cierto que no hay recursos para atender lo que establece la ley, ni que no hay posibilidades en las atribuciones del Ejecutivo con eso que la ley dispone. Por eso iremos a la Justicia: para que la ley se aplique tal como fue aprobada”, subrayó Bartolacci.

El rector de la UNR destacó que la no aplicación de la ley “pone en peligro el normal desarrollo de las actividades en el ámbito universitario. Hoy estamos con una medida de fuerza en todo el país que es consecuencia de esta situación. Si tenemos dificultades para desarrollar con normalidad las actividades en el ámbito universitario, de aquí a fin de año, es pura y exclusiva responsabilidad del Ejecutivo Nacional con una ley que para su aplicación demanda un 0.2 por ciento del PBI. No compromete fiscalmente al estado”.

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“No es cierto que no hay recursos. No hay voluntad de resolver un problema que es grave. Hay un dato que ejemplifica la gravedad de la situación: el 80% de los docentes universitarios de todo el país están cobrando por mes entre 200 mil y 600 mil pesos. La ley contenía una respuesta responsable para eso. Además, estamos ante el desafío de que se apruebe un presupuesto para el año que viene. Si vamos por tercera vez a tener un presupuesto reconducido, la situación será límite”, agregó.

Financiamiento universitario: el gobierno no aplica la ley

Después de la ratificación en el Congreso, este martes se promulgó la ley de financiamiento universitario y lo mismo ocurrió con la declaración de emergencia sanitaria en salud pediátrica. Sin embargo, la aplicación de ambas quedó atada a la aprobación del presupuesto 2026 para establecer de dónde saldrá el dinero que requieren.

Los decretos firmados por el presidente Javier Milei repiten el argumento con el que se postergó la implementación del proyecto para mejorar la atención a personas con discapacidad. Las autoridades del Poder Ejecutivo nacional señalaron que los legisladores sólo definieron el origen de los fondos necesarios "de manera genérica" y se limitaron a "habilitar una readecuación de partidas".

La última publicación en el Boletín Oficial indica que la recomposición para sostener al Hospital Garrahan, las residencias en salud y las universidades públicas debe articularse a través del presupuesto 2026. "Dicha discusión parlamentaria es el escenario óptimo para que se debata la forma en la que se financiarán los gastos que se establecen", indicaron el jefe del Estado argentino y sus ministros.