Desde ayer y por seis meses, Rosario está en emergencia en seguridad. Así lo aprobó anoche el Concejo, por amplia mayoría, en respuesta a la masiva marcha de la semana pasada donde miles de rosarinos protestaron contra la inseguridad y reclamaron justicia. La norma habilita a la Intendencia a reasignar partidas para acciones vinculadas a la seguridad ciudadana y a efectuar contrataciones directas para bienes y servicios relacionados a la temática. Además, el Ejecutivo podrá usar el material de las videocámaras para cobrar multas de dos faltas de tránsito graves: cruce del semáforo en rojo y circulación a contramano.
La sesión de ayer estuvo cerca de fracasar por una sorpresiva interna en el bloque del PRO, la bancada con más ediles del Palacio Vasallo. Recién al caer la noche hubo fumata blanca al interior del macrismo local y se sancionaron unos 30 proyectos vinculados a la seguridad.
El cortocircuito surgió cuando el concejal Gabriel Chumpitaz se negó a acompañar el cobro de multas de tránsito a través de videocámaras, en sintonía con la posición que esgrimió en redes sociales el diputado provincial Rodrigo López Molina.
A cambio propuso media docena de iniciativas propias que el oficialismo rechazaba, como la creación de la Secretaría de Seguridad municipal y el patrullaje local con perros y caballos.
Una vez que el PRO cerró filas, se despejó el camino para sesionar tras una semana de intensas negociaciones entre el oficialismo y la oposición para dar respuestas desde la competencia municipal a los reclamos por la creciente inseguridad.
El debate parlamentario arrancó el lunes en base al mensaje que envió al cuerpo la intendenta Mónica Fein, después de la masiva marcha del jueves pasado donde miles de rosarinos reclamaron seguridad y justicia. También se sumaron varias iniciativas sobre el tema presentadas desde hace meses por los propios ediles.
Herramientas. Por amplia mayoría se aprobó la emergencia en seguridad. Durante seis meses el Ejecutivo podrá reasignar partidas presupuestarias y efectuar contrataciones directas, sin licitaciones, para adquirir bienes y servicios relacionados a la temática.
Se acordó reforzar las exigencias y controles a determinados rubros comerciales potencialmente conflictivos como armerías, locales de ventas de celulares, desarmaderos, talleres mecánicos y espacios vinculados a los espectáculos públicos nocturnos.
Los empresarios de estos rubros deberán tramitar un certificado de antecedentes penales. Y en caso de tenerlos, el municipio deberá rechazar la habilitación o su renovación.
Al final se le dio luz verde al uso de las videocámaras para el cobro de multas de tránsito. Pero sólo para dos faltas graves: el cruce del semáforo en rojo y la circulación a contramano.
Al respecto, y para despejar cualquier mención al afán recaudatorio, el oficialismo aceptó que lo recaudado por estas contravenciones vaya a un fondo específico para políticas de seguridad.
Víctimas. En paralelo, los ediles aprobaron la creación de la Dirección de Víctimas. La flamante repartición deberá diseñar e implementar estrategias de restitución de derechos y de refuerzo de las capacidades de las víctimas para atravesar la situación traumática sufrida.
"Esta dirección gestionará recursos, respetando la dignidad, la autonomía personal de las víctimas, su identidad familiar y comunitaria, evaluando la vulneración de derechos y la dimensión de la violencia sufrida en cada caso en concreto, tanto en sus aspectos emocionales y físicos como materiales", explicó una de las impulsoras, la concejala María Schmuck.
