El Concejo Municipal comenzará a debatir hoy el proyecto de regularización de la actividad de la empresa de transporte Uber. La iniciativa, ingresada por la concejal del Pro Renata Ghilotti, promete traer una fuerte polémica por la polarización que genera el tema en el Palacio Vasallo entre sus defensores y detractores, ya que la semana pasada la comisión de Servicios Públicos dio despacho a una propuesta que va en el exacto sentido contrario y agrava las multas para los coches que usen este tipo de aplicaciones.
“Ya era hora de que Rosario se diera la posibilidad de empezar a debatir sobre el uso de la tecnología aplicada a la movilidad”, dijo en la previa la autora de la ordenanza que le abre la puerta a Uber y otras apps para funcionar legalmente, a cambio del cobro de una tasa especial por prestación del servicio del transporte privado de personas mediante aplicaciones que irá a robustecer el Fondo Compensador del sistema de transporte público y al sostenimiento del sistema de taxis.
También contempla un nuevo esquema de exigencias mayores en cuanto a características de las unidades y la salvedad de que, bajo ningún concepto, podrán operar directamente en vía pública y su utilización estará circunscripta a las contrataciones mediante plataformas. “La regulación de las aplicaciones va a generar una mejora del servicio de movilidad integral, no solo porque ordena sino también porque permite que a la ciudad ingresen recursos”, expresó Ghilotti, quien adujo de esta manera que “no se trata de un servicio público, si no de herramientas para conectar la oferta y la demanda de transporte privado”.
Detractores
El debate promete ser candente porque la semana pasada tuvo despacho en Servicios Públicos un proyecto de comisión, impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis, para aumentar las multas al transporte ilegal y sumar un agravante que eleva la sanción pecuniaria si además está gestionado por una aplicación de empresas no habilitadas. El texto avanzó ahora a Gobierno, que seguramente le dará despacho esta semana o la que viene para tratarlo en la próxima sesión del jueves 22 de abril.
“Uber intentó entrar a la fuerza en Rosario, no pudo, y ahora busca instalar la idea de que es necesario que lo regulen”, dijo justicialista Eduardo Toniolli, uno de los principales opositores al desembarco. “El transporte de pasajeros ya está regulado por el Estado municipal (que determina cantidad de licencias, horarios de prestación, características de los móviles, requisitos para conductores), porque es un servicio público, y tiene que preservarlo de que alguna empresa adquiera posición dominante y destruya al resto de los prestadores, para imponer luego sus propias reglas”, argumentó.
Para el edil, “el debate no es Uber si o Uber no, sino si queremos que el transporte de pasajeros lo presten autos habilitados y monitoreados en tiempo real por el municipio, que es una forma de cuidado, o si aceptamos que sea por medio de autos particulares, sin control estatal, que es lo que quiere Uber. El proyecto del Pro es un traje a medida de la multinacional y promueve esto último”, advirtió. Y disparó con munición gruesa: “Uber es la remisería trucha más grande del mundo, desconoce al Estado, a sus trabajadores, y no le importa lo que le pase a sus usuarios. De esta manera no vamos a mejorar nuestra movilidad, sino todo lo contrario”.
No pasarán
Por el lado del municipio, parece clara la decisión del oficialismo de no dejar que la app entre a Rosario. Hace un mes, cuando la multinacional anunció definitivamente su desembarco, hizo una presentación ante la Justicia para que ordene dar de baja la plataforma. El juez respondió que el tema no era de su incumbencia, ya que la Municipalidad tiene la potestad y el poder de policía para perseguir, el Ejecutivo apeló y por ahora no hubo más novedades en la faz judicial.
Paralelamente, se incrementaron los controles callejeros y en las últimas semanas hubo siete secuestros de vehículos que trabajan para Uber o Maxim, su competidora rusa. Mientras tanto, la empresa muestra los dientes y reforzó este fin de semana su campaña de promoción en redes y medios digitales con avisos que rezan “Movemos el mundo, movemos a Rosario” con la foto del puente a Victoria de fondo.
“En Rosario el transporte de personas está reconocido como servicio público, un servicio impropio que es prestado por particulares pero cuya habilitación, control y sanciones se encuentran en cabeza del municipio. A los particulares se les exigen muchos requisitos, inspecciones periódicas, licencia profesional, capacitaciones, entre otros temas sobre perspetiva de género, botón de pánico, seguimiento satelital y monitoreo”, explicó Fabricio Fiatti, presidente de la comisión en la que ingresará el proyecto de regulación.
El concejal de Creo, la fuerza de Pablo Javkin, no se negó a discutir propuestas que mejoren el sistema sumando tecnología, ya que considera que “hay una agenda de modernización para que taxis y remises respondan a los demandas y necesidades de las usuarias y usuarios”. Sin embargo, consideró que “el transporte por vehículos privados no tiene consenso, genera competencia desleal con los vehículos que están autorizados a funcionar y cumplen con los requisitos que se les exigen y asimismo no permiten que el Estado ejerza su control”.
En la última sesión hubo un adelanto del caliente debate que se dará en el recinto, cuando se aprobó un pedido de informes por la aparición de una publicidad de Maxim en un colectivo de Rosario Bus en medio de un fuerte intercambio entre ediles del Pro, Fiatti y Toniolli. La discusión promete ser intensa.
