Por Lucas Ameriso
Héctor Rio
Pasajeros, se buscan. Las perdidas por la falta de ingresos por tarifa desde la pandemia produjeron una retracción de 1.300 millones de pesos.
La comisión de Servicios Públicos del Concejo comenzará a debatir el lunes próximo el expediente que ingresó al Palacio Vasallo el Ejecutivo solicitando autorización para rediseñar el servicio de colectivos en el marco de una emergencia en el transporte urbano de pasajeros. Desde el comienzo de la pandemia hasta la actualidad, se perdieron 1.300 millones de pesos por la caída de pasajeros.
Los colectivos urbanos atraviesan una realidad compleja. A la hora de poner en números la situación basta con mencionar algunos datos: 450 mil viajes en la prepandemia a 65 mil en la actualidad.
Una tarifa vigente de 32,50 pesos cuando el estudio técnico indica que debería ser de 73,80 pesos.
La recaudación por viajes representa el 55 por ciento de los ingresos, pero las pérdidas en pandemia por la facturación de este ítem treparon al 92 por ciento: lo que representa 1.300 millones de pesos.
A esto se suman 76 días sin servicio en 2020, a consecuencia de los sucesivos paros de los choferes de la UTA ante la falta de cobro de sus haberes por las reiteradas demoras en la llegada de los subsidios nacionales.
Pero la crisis ya se había desatado antes.
La cantidad de pasajeros pagos durante 2019 fue inferior en un 58 por ciento al máximo de 226 millones de viajes registrados en 1986. Esto significó que el año pasado fuera el peor de los últimos 50 años.
Frente a este panorama, el proyecto que anticipó La Capital ingresó este jueves al cuerpo deliberativo y solicita se apruebe la declaración de la emergencia del sistema del transporte urbano por 3 años.
A su vez, se encomienda al Ejecutivo que modifique las condiciones actuales de prestación con la redefinición de “líneas, frecuencias,requerimientos técnicos de flota, recorridos, ramales, paradas, paradores y demás cuestiones operativas que adapten el sistema de transporte a las nuevas necesidades originadas por la emergencia sanitaria, cambios de prioridades y nuevas necesidades que de ella deriven”.
También se pide un aval para renegociar los contratos vigentes con los tres operadores (Rosario Bus, El Cacique y Movi) para que se tomen en consideración la preservación de la calidad del servicio, parámetros sanitarios, interés y accesibilidad de los usuarios, seguridad del sistema y rentabilidad de prestadoras.
Un párrafo destacado del mensaje del intendente Pablo Javkin es el referido a las atribuciones solicitadas para “acordarse conciliaciones, transacciones, compensaciones, reconocimientos y remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas o créditos entre las partes”.
Y a su vez, se pide al Concejo que mientras dure el proceso de rediseño se puedan adoptar “medidas extraordinarias y urgentes” en este marco de emergencia. En este contexto, la celebración de convenios con ministerios de Transporte y otras entidades afines a la problemática del sector.
Para transitar esta transición, la Intendencia propuso una comisión de seguimiento integrada por el directorio del Ente de la Movilidad de Rosario, tres ediles de la comisión de Servicios Públicos, un representante de cada una de las empresas y un miembro de la UTA.
Repercusiones
El anticipo del que dio cuenta este diario provocó las primeras reacciones, incluso antes del mensaje que ingresó hacia el mediodía al cuerpo deliberativo local.
El concejal justicialista Eduardo Toniolli adelantó que su bloque lo debatirá “con responsabilidad y entendiendo que estamos en emergencia, pero también vamos a dejar en claro que este reordenamiento debe tener en cuenta los intereses de los usuarios y queremos que ambos participen de esta discusión”, y adelantó que se insistirá con el financiamiento del servicio a través del fondo anticíclico. “Las medidas que se tomen en el marco de la emergencia deben tener fecha de vencimiento cuando se termine la pandemia”, indicó.
Por su parte, el secretario general de la UTA Rosario, Sergio Copello, aclaró que “los puestos de trabajo están garantizados y no tienen discusión”, y consideró que el proyecto “es una medida que se adecuaría a la realidad. Hoy tener colectivos tan grandes, con tanto consumo de combustible, para que lleven uno o dos pasajeros, no tiene razón de ser. En los horarios nocturnos prácticamente no sube nadie”.
La concejala macrista Renata Ghilotti dijo que el sistema de colectivos así como está hoy “es insostenible”, mientras que la concejala socialista Verónica Irízar alertó que “la ciudad es nuevamente discriminada, con fondos que se multiplican por cien en Buenos Aires y acá están congelados hace veinticinco años”, y reclamó por la inequidad en los fondos destinados al sistema de transporte.
Las exigencias del pliego actual
El servicio que circula en la actualidad y se anunció en etapas contempla una red troncal de 9 líneas, una secundaria de 23 líneas y 8 barriales. Los 860 colectivos deben ser de una antigüedad no mayor a 5 años contar con piso bajo y rampas retráctiles, aire acondicionado, espacio para sillas de ruedas motor trasero, pantallas Led con información dinámica en el interior de las unidades, sistema de audio que anuncie las paradas más relevantes y combinaciones posibles.
Por María Laura Cicerchia