Dos ex jueces van a juicio por una millonaria estafa con fondos judiciales

En enero del año pasado el fiscal Carlos Covani, a cargo de impulsar la investigación de las escandalosas maniobras, argumentó en una extensa acusación el pedido de requisitoria de elevación a juicio contra los ex jueces civiles Norberto Scavone, hoy de 66 años, y Alejandro Martín, de 49; el secretario de este último, Ricardo Lavaca, de 46; el empleado del Banco Municipal Tomás Martínez Etchenique, de 45; y el martillero Oscar Kovalevski, de 67 años.

A todos se les atribuye haber integrado una asociación ilícita (Martín y Kovalevski como organizadores y jefes y el resto como integrantes) que acordaron realizar al menos 55 hechos de defraudación y estafas. Según el fiscal, "cada uno a través de su incumbencia", detectaban los fondos inmovilizados en el banco, inventaban expedientes para extraerlos y libraban oficios para su cobro.

En la sumatoria de extracciones parciales y movimientos bancarios se pudo comprobar que el grupo obtuvo de esa forma cerca de 1 millón 50 mil pesos, según la documentación detectada en el juzgado Civil y Comercial Nº17 a cargo de Martín, y otros 250 mil pesos del juzgado Civil y Comercial Nº1, donde se desempeñaba Scavone.

Las estafas se realizaron entre noviembre de 2010 y octubre de 2012, cuando el Banco Municipal de Rosario puso la lupa ante las irregularidades y realizó una denuncia penal en el juzgado de Instrucción Nº12, a cargo de Mónica Lamperti.

Luego de que la maniobras saltaran a la consideración pública, operadores judiciales y las paredes de los Tribunales dejaron escuchar que la cifra ventilada era apenas una tajada menor de una mesa de dinero que repartía cifras suculentas apropiadas luego de oscuros pactos.

La investigación y posterior acusación que motorizó el fiscal Covani, que remite a los expedientes 930/12 (catorce cuerpos) y el acumulado 1049/12 (tres cuerpos), además de once incidentes y dos anexos, describe un modus operandi aceitado, con roles definidos y una operatoria reiterada.

Con total impunidad el juzgado de Martín dictaba resoluciones y órdenes de embargo falsas y lograba transferencias de los fondos resguardados de causas o litigios donde se habían realizado embargos o retenciones por distintos motivos, pero que no reclamados y quedaban inmovilizados en el banco.

Luego se transfería el dinero a una cuenta judicial a nombre del juzgado. Y ante ello los abogados involucrados y el martillero, que inventaban expedientes con la firma del juez, lograban obtener una orden de pago emitida a su favor. Después, la mecánica era una descarada rutina: pasaban a cobrar por la ventanilla del banco.

Según la imputación fiscal, Kovalevski era el organizador de la banda y se le achacan nada menos que 80 hechos de defraudación. Al juez Martín, destituido en diciembre de 2013 a través de un jury por mal desempeño, también le asignaron el rol de jefe u organizador por un total de 55 fraudes. Al magistrado también se lo acusa del delito de falsedad ideológica y material de instrumentos públicos en 120 hechos, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario Público.

A su secretario, como integrante del grupo, lo imputaron por más de 50 hechos de defraudación, falsedad ideológica y material de instrumentos públicos, abuso de autoridad e Incumplimiento de los deberes de funcionario.

Al ex juez Scavone, jubilado en diciembre de 2010, le imputan también integrar la asociación ilícita, 33 hechos de defraudación, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público.

La pata estratégica en el banco, Martínez Etchenique, era quien detectaba las cuentas paralizadas y pasaba el dato a Kovalevski. Al empleado le endilgan integrar la asociación, defraudación y tentativa de defraudación.

Aunque el fiscal Covani requirió que el juicio se ventile en un trámite oral (la causa corresponde al viejo sistema escrito), se especula que encontrará oposición de los abogados defensores ya que el delito de asociación ilícita, que contempla penas de 3 a 10 años de prisión según el rol de cada acusado, no está dentro las excepciones contempladas en Código de Transición para esa modalidad de debate.

Lo concreto es que la jueza de Instrucción Delia Paleari, a cargo de todos los expedientes del sistema residual, firmó el decreto de elevación a juicio de la emblemática causa tras la requisitoria del Ministerio Público. En el mismo escrito remite los voluminosos expedientes al juzgado de Penal de Sentencia 2, a cargo de la jueza María Isabel Más Varela, quien estará a cargo del juicio.

Finalmente se ofició a la Corte Suprema de Justicia para que tome conocimiento del estado del expediente, ya que además falta resolver un incidente de inconstitucionalidad planteado por le defensa de Lavaca.

Damnificado. Las cuentas de las que se adueñó la banda estaban inmovilizadas en el Banco Municipal.