Sólo en Rosario, unas 5 mil personas aguardan desde hace dos años una pensión no contributiva, la mayoría por discapacidad y por carecer de otros recursos. Las tramitaciones "paradas" desde hace dos años llegan a 175 mil en todo el país, afirmó ayer la delegada de los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad a nivel local, Alicia Escudero.
Según denunció, muchos de esos beneficios ya aprobados y hasta con resolución "vuelven atrás" a auditoría médica o social para ser nuevamente evaluados, otros van directo "al archivo" y otros permanecen a la espera del visto bueno, en un circuito que no encuentra explicación. Todo, por un monto de alrededor de 5 mil pesos para gente que carece de cualquier otro ingreso y no puede acreditar aportes ante la Ansés como para gestionar un retiro por invalidez. Por eso ayer protagonizaron una protesta pública en la sede del organismo.
David Rodríguez, por ejemplo, está a la espera de que le otorguen una pensión desde 2016. Tiene 43 años y dos hijos enteramente a su cargo, y padece ostiomielitis crónica, una infección ósea prolongada que además de obligarlo a tomar antibióticos muy fuertes derivó en la amputación de un pie.
Rodríguez trabajaba en el supermercado La Gallega, pero sus reiteradas internaciones en el Heca lo llevaron a firmar un acuerdo con la firma para retirarse, por lo que ahora, ya amputado, "no pasaría ningún examen preocupacional".
Hace dos meses no pudo más con el alquiler y debió mudarse con sus hijos a lo de su mamá, una jubilada que lo ayuda a duras penas, así como la escuela evangélica San Pablo, donde estudian los chicos.
Rodríguez va todos los meses a las oficinas de San Lorenzo 1045, pero la respuesta, siempre, es que vuelva al mes siguiente. "Yo sé que para la Nación soy apenas un número, pero les pido que piensen que detrás de ese número está toda mi familia y el día a día se hace cada vez más complicado", afirmó. "No sé qué hacer, porque además de faltarme un pie, esto está empezando a afectarme mentalmente", se sinceró.
Cambios
El problema viene de largo, pero se acentuó en septiembre pasado, puntualizó Escudero, cuando por un decreto de necesidad y urgencia la Comisión Nacional de Pensiones se reconvirtió en la Agencia Nacional de Discapacidad, pasando de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a la de la Secretaría General de la Presidencia.
Sin embargo, los empleados creen que detrás de ese traspaso, al que califican de "desguace" y "ajuste", y que de hecho generó atrasos en todas las tramitaciones e hizo desaparecer varias funciones, se esconde una decisión política.
Por un lado, la de recortar "la mayoría de las pensiones"; por otro, la de generar despidos en organismos nacionales. De hecho, en esa área en lo que va del año ya se produjeron 70, dos de ellos en Rosario.
"Desde octubre quedamos a cargo sólo de las pensiones por discapacidad, a personas trasplantadas o en lista de espera para trasplante, y una pequeña porción para hemofílicos", detalló Escudero. Los beneficios otorgados a madres de más de siete hijos o las concedidas por legisladores (cuyo número, dicen, es un verdadero misterio) pasaron a la Ansés.
Con todo, para dimensionar las cifras, la delegada contabilizó que "hasta el 2016 se calculaba que en todo el país había entre un millón y un millón doscientas mil pensiones". Y ahora, desde el 2015/2016, las "frenadas" ya llegan a 175 mil.
Este año, dijo además, a nivel nacional se han otorgado unas 3 mil al mes, cuando antes el promedio era de 12 mil.
Los casos
De las pensiones que quedaron trabadas, unas 5 mil comenzaron a tramitarse en Rosario. Por ejemplo, "de niños con trastornos generalizados de desarrollo, retrasos mentales, problemas nutricionales y motrices, cuadriparesia o internaciones crónicas", y de "adultos con insuficiencias cardíacas o respiratorias, secuelas de accidentes, parálisis y otros problemas graves".
Obviamente, recordó la dirigente, "hablamos de gente que no tiene posibilidades ni puede recurrir a otros beneficios, que es justamente por lo que tienen derecho a tramitar una pensión no contributiva". Como quienes "nunca lograron insertarse en el mercado laboral o trabajaron en negro y por falta de aportes no pueden acreditarlo ante la Ansés para recibir un retiro por invalidez", argumentó.
Ese es el caso de Raúl Enríquez, un hombre que tiene 16 años de aportes como portuario y luego trabajó en la venta ambulante como choripanero. En el 2008 se infartó y pasó 40 días en Coronarias, el comienzo de un largo deterioro en su salud, recordó su hijo Leonardo.
A ese cuadro cardíaco y de hipertensión, en 2015 se sumó una diabetes con severas complicaciones, lo que los llevó a comenzar a tramitar una pensión. Este año, encima, debieron amputarle un pie. Y ni así logró cobrar el beneficio.
"Obviamente que en esas condiciones no puede trabajar, pero tampoco jubilarse ni, por lo visto, recibir la pensión", dijo el muchacho, quien además rememoró que al iniciar el trámite, hace tres años, el médico legista del Cemar firmó a su padre un 96 por ciento de discapacidad. "Aun así, nos dicen que cambió todo y que el trámite está parado", sostuvo.
espera eterna. Así estaban ayer las oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad en Rosario.
