Por Carina Bazzoni
Héctor Rio
"El aborto legal es el camino para garantizar la igualdad y la protección de la salud de les (sic) más vulnerables", señala el comunicado que empezó esta semana a circular por los pasillos del flamante edificio judicial de Sarmiento al 2800, invitando al "pañuelazo judicial" para apoyar el proyecto que se giró al Senado hace dos semanas.
La movida partió de un grupo de empleadas del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, movilizadas por el debate en el Congreso. Rápidamente, la convocatoria alcanzó a otros trabajadores judiciales, defensores, fiscales y abogados, que el martes se sumarán a la foto con pañuelos verdes extendidos en alto.
De la convocatoria participarán además las concejalas que impulsaron declaraciones de apoyo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, como Norma López, Marina Magnani, Celeste Lepratti, Caren Tepp, Fernanda Gigliani y Verónica Irízar. Y, también, integrantes de la Campaña Nacional por al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
"Es una convocatoria amplia y pública que si bien surge desde el Poder Judicial, pretende ser abierta", explicó una de las organizadoras de la movida que pidió no ser mencionada, "ya que se trata de una propuesta que surgió de un grupo de gente, de trabajadoras, empleadas y pasantes, que lo fueron armando muy de abajo", hasta incluso entusiasmar a funcionarios judiciales.
Aunque, aclaró la misma fuente, no se trata de un acto oficial ni un pronunciamiento institucional. "Es un pañuelazo, como se ha hecho en varios lugares de trabajo, porque creemos que es importante manifestar la postura de muchos empleados judiciales", con el plus simbólico que le aporta el Centro de Justicia Penal como fondo de la foto.
"Si bien el Poder Judicial no suele pronunciarse públicamente sobre estos temas, creemos que el lugar del cual formamos parte no puede permanecer indiferente frente a este debate, ya que la despenalización vuelve al aborto un tema de salud pública y protege al sector más vulnerable de la población, al cual está dirigida la tarea de la defensa pública".
Con antecedentes
La convocatoria al "pañuelazo judicial" tiene un antecedente cercano. El consejo directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos se pronunció a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
La declaración se hizo pública el martes pasado, después de que un grupo de abogados, que reunió 1.800 firmas, presentara en el Senado un pedido de inconstitucionalidad para bloquear el tratamiento del aborto legal, aduciendo que presenta "graves falencias jurídicas".
Para los académicos, la criminalización "lejos de disminuir la cantidad de abortos" lleva a la clandestinidad y "obliga a interrumpir los embarazos de maneras inseguras, reproduciendo las desigualdades en términos de género y clase".
Los consejeros directivos de la facultad se expresaron "a favor de su despenalización y legalización, en tanto implica trasladar la temática al campo de la salud pública y la responsabilidad del Estado como garante de derechos".
