Concejales de distintas bancadas comenzaron a desfilar el martes pasado por los
Tribunales provinciales para prestar declaración informativa sobre los incidentes, con epicentro en
el Palacio Vasallo, que signaron la aprobación del aumento del boleto de ómnibus. En ese contexto,
y al margen del repudio a la gravedad de los desmanes, el edil arista Carlos Comi alertó sobre el
"excesivo protagonismo" de la Justicia de Instrucción ante "delitos de gran escala que deberían
atenderse más que a un grupo de pibes lanzando papelitos desde la barra".
Por el despacho de la jueza de Instrucción de la 1ª Nominación, Roxana
Bernardelli, ya pasaron los concejales Manuel Sciutto y Pablo Colono (bloque Socialista), Arturo
Gandolla (Frente para la Victoria-PJ), Fernando Rosúa (Encuentro por Rosario), Alfredo Curi (PPS) y
Comi.
Los ediles debieron responder, entre varios puntos presentados en formato de
cuestionario, acerca de presuntas amenazas, coacciones y lesiones. También sobre si la irrupción de
los agresores en el recinto de sesiones alteró la actividad parlamentaria y respecto de la
actuación de los manifestantes ante las puertas del Concejo.
La magistrada, en rigor, tiene previsto recibir el testimonio de la totalidad de
ediles (son 22), como también escuchar a los secretarios de bloques y demás personal del cuerpo que
haya presenciado los incidentes.
Paralelamente, Bernardelli recibió a fines de la semana pasada las pruebas
recolectadas por la policía. Se trata de actuaciones a cargo de la comisaría 1ª y de la división
Judiciales de la Jefatura de la Unidad Regional II.
El objetivo es identificar a la brevedad a los autores de los destrozos
ocurridos adentro y en inmediaciones del palacio el 31 de julio y esclarecer los hechos que
terminaron con cuatro oficiales de la fuerza heridos.
El sumario lleva la carátula "daño calificado", por la cual la jueza también
pidió a La Capital, entre otros medios de comunicación, el envío de "las filmaciones y/o material
fotográfico" sobre la revuelta registrada en Córdoba y 1º de Mayo. Además, el expediente incorporó
la transcripción completa de la sesión.
No obstante, todas las fichas están puestas en la aparición de testigos en
condiciones de identificar a los militantes de las organizaciones políticas y sociales que se
movilizaron en rechazo de la suba del pasaje.
La investigación se centra en los desmanes registrados en el recinto, los daños
externos en el histórico edificio y la agresión a los oficiales. Los destrozos incluyeron la quema
(por un neumático encendido) del viejo pórtico de madera que da a 1º de Mayo.
Pese a rechazar lo ocurrido durante y después de la sesión, Comi activó otra
controversia a partir de una consulta de este diario: "Es un absurdo total, frente a los graves
problemas de seguridad existentes, que la Justicia de Instrucción haya citado a los 22 concejales y
a los secretarios de bloques, entre otros. Son 40 personas en total".
"¿Realmente es necesario destinar tres sumariantes a este caso? Lo de la puerta
del Concejo me da bronca, pero es un tema a resolver por un juez de faltas", agregó el edil.
En esa línea, Comi habló de "un exceso de protagonismo de la magistrada frente a
otros problemas sumamente graves como las redes de corrupción o el narcotráfico, delitos a gran
escala a atender por la Justicia de Instrucción más que a un grupo de pibes lanzando papelitos
desde la barra".
El tratamiento del mensaje del intendente Miguel Lifschitz estuvo marcado por
los insultos, gritos y forcejeos, en especial por los manifestantes que coparon el palco.
Apenas sancionado el aumento varios militantes saltaron desde la barra y, tras
un tumultuoso desalojo de la tribuna, en la calle se multiplicaron los piedrazos, lo que provocó
una réplica policial con disparos de postas de goma y gases lacrimógenos.
Sin cálculo
Autoridades del Concejo aún no valuaron los daños edilicios provocados por los
incidentes del 31 de julio.
