Las provincias advierten un fuerte incremento de las consultas y piden reabrir el Consejo Federal de Salud Mental para acordar respuestas en todo el país
Santa Fe y otras 10 provincias reclaman a Nación políticas federales de salud mental
La provincia de Santa Fe, junto a otras diez jurisdicciones del país, solicitó formalmente al gobierno nacional la reapertura de las reuniones del Consejo Federal de Salud Mental (Cofesama), un ámbito clave de articulación interjurisdiccional que dejó de funcionar durante 2025. El pedido se fundamenta en el incremento sostenido de las consultas por padecimientos de salud mental en todo el territorio argentino y en la necesidad de coordinar respuestas colectivas frente a ese escenario.
La solicitud fue elevada por Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa, Salta, Formosa, Santiago del Estero y Buenos Aires ante la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. En la nota, las provincias reclaman una pronta convocatoria para reactivar el Consejo Federal de Salud Mental, un órgano técnico que nuclea a las autoridades del área de todas las provincias y de la Nación.
El Cofesama tiene como función central coordinar políticas públicas, planificar acciones y garantizar la implementación de la Ley Nacional 26.657, que establece un enfoque de derechos para la atención de las personas con padecimientos mentales. “Esta necesidad se agudiza en un contexto de fuerte incremento de padecimientos en salud mental que impacta, como es de público conocimiento, en los servicios de atención de todo el país, tanto ambulatorios como de internación”, advierte el documento elevado a Nación.
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Desde Santa Fe, la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín, junto a sus pares de otras provincias, remarcó la importancia de recuperar un espacio federal de intercambio. “Entendemos que es fundamental que se reabran ámbitos de participación entre la Dirección Nacional y los distritos provinciales, que permitan construcciones colectivas y enriquezcan las acciones que llevamos adelante”, señalaron.
En ese marco, una de las especialistas consultadas sintetizó el enfoque que promueven: “Detrás de la discusión sobre derechos humanos está la salud mental, el sujeto de la salud mental es el sujeto de los derechos humanos”.
Además del reclamo por la reactivación del Consejo, las provincias expresaron su inquietud ante la posibilidad de una reforma legislativa en materia de salud mental impulsada desde el Ejecutivo nacional, así como por la posición adoptada por el Estado argentino en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde votó en contra de la Declaración sobre Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud Mental.
En ese sentido, los funcionarios provinciales solicitaron información clara sobre los objetivos y proyectos del organismo nacional, al considerar que esas decisiones inciden de manera directa en las políticas públicas que se aplican en cada jurisdicción. “Son definiciones que afectan o condicionan el diseño de los sistemas de atención en todo el país”, plantearon.
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El pedido al Gobierno nacional también incluye la demanda de acciones concretas para ampliar el acceso a la salud mental, mejorar los servicios y reforzar los sistemas de cuidado, con una perspectiva de equidad y respeto por los derechos de las personas con padecimientos mentales y de sus entornos.
Las provincias subrayan que el actual contexto de demanda creciente exige mayor articulación federal y fortalecimiento del sistema público, antes que decisiones unilaterales.
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