Cuando empezaron a recibir consultas por los telegramas que llegaban a sus pacientes, hace un mes, los profesionales de los centros de salud del municipio pensaron que había que buscar la forma de acompañar a los beneficiarios de pensiones por discapacidad. Entonces empezaron a formar equipos para asistir antes, durante y después, según los casos, a las personas convocadas por la auditoría dispuesta por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Estiman que en Rosario hay unos 5.200 personas que deben pasar estos controles.
La auditoría de pensiones no contributivas por invalidez laboral comenzó a fines de febrero en la ciudad. Los titulares de este beneficio son citados para concurrir al Hospital Italiano, donde se montó un espacio especial para realizar los controles: una carpa ubicada en uno de los patios del centro asistencial de zona sur. Allí se deben acercar los beneficiarios y presentar los informes médicos que certifican la discapacidad.
Las pensiones no contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a poblaciones vulnerables. Hay cuatro tipo de beneficios: por discapacidad laboral, para madres de siete o más hijos, para adultos mayores y las llamadas pensiones graciables que entrega el Congreso. Según datos oficiales existen en el país 1,5 millones de beneficiarios, de los cuales un millón son personas discapacitadas.
Garantizar derechos
"En los centros de salud empezamos a recibir a muchos usuarios asustados, angustiados, porque recibían las cartas documento y pensaban que se les iba a dar de baja la pensión. Entonces pensamos en una forma de acompañar a esa población desde la cercanía", explica la secretaria de Salud municipal, Soledad Rodríguez, y cuestiona la forma en que se organizaron las auditorías. "No es lo mismo organizar visitas a los domicilios de cada paciente, ver cómo vive, cual es su contexto, que enviar una carta documento, con un lenguaje técnico jurídico complejo, y citar a las personas a concurrir a un lugar, cuando muchas tienen problemas de discapacidad y no pueden llegar".
De acuerdo con este diagnóstico, y con el fin de garantizar derechos, se diseñaron los equipos que dos veces por semana se acercan a los centros de salud o los centros municipales de distrito para asistir a las personas que están citadas a la auditoria, armar informes médicos completos y "contundentes", indicarles cómo asistir a las entrevistas y, en algunos casos, hasta garantizar los traslados.
Los grupos llevan el nombre de "Equipos soporte Andis" y están integrados por profesionales de salud mental, trabajo social, un médico legista y un médico auditor. Los centros de salud son los encargados de agendar los turnos de los usuarios para la atención.
De acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Salud municipal, en Rosario hay unas 5.200 personas que reciben una pensión no contributiva por invalidez laboral.
Una población vulnerable
La titular de la Dirección de Centros de Salud, Sabrina Miranda, advierte que "la población que recibe una pensión por discapacidad laboral, generalmente, es una población muy vulnerable, tiene pocos recursos para manejarse y entendíamos que era importante acompañarla en este proceso, porque llegan muy preocupados por que les saquen la pensión, con mucho malestar y por miedo por cómo siguen adelante".
En la mayoría de los casos, los 350 mil pesos por mes que reciben por la pensión es el único ingreso del hogar. "Son personas que atraviesan problemáticas de salud que les generan una discapacidad laboral", puntualiza Alejandra Zorzoli, directora de Trabajo Social de la Secretaría de Salud municipal, y considera que "con esta auditoría lo que se cuestiona es el derecho a la seguridad social, en clave de dar garantías para que esta población pueda sostenerse económicamente".
Nadia Castellani, sub directora de Salud Mental, destaca que "son personas que tienen secuelas de salud importantes, orgánicas o de salud mental y que no entienden de qué se trata la auditoría", por eso el trabajo de los equipos empieza por explicar de qué se trata, armar los informes y, tras la auditoría, asistir en la carga de la constancia de atención en una plataforma digital.
Las profesionales destacan que el acceso a las pensiones garantiza también la cobertura de atención médica a través del programa Incluir Salud, "por lo cual las personas podrían quedarse sin la pensión y sin la prestación de salud, o el hogar o el centro de día al que concurren a diario".
>>Leer más: Discapacidad: malestar por la llegada de cartas documento a beneficiarios de pensiones
La decisión del gobierno nacional de revisar el sistema de pensiones no contributivas se anunció a comienzos del 2019. Los controles, se explicó, tienen como objetivo evitar fraudes. Los controles se iniciaron sobre unos 400.000 beneficiarios de pensiones por invalidez laboral. Estas se centraron inicialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego extenderse a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.
Según estimaciones de la misma Agencia Nacional de Discapacidad, entre el 30 y el 40 por ciento de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Esto significa que entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder este beneficio.
Las pensiones por invalidez laboral están destinadas a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Es importante destacar que estas pensiones son incompatibles con otros beneficios del Estado, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.
>>Leer más: Discapacidad: qué hacer si recibiste la carta documento y cómo evitar la pérdida de la pensión
Según se indicó desde el gobierno nacional, las auditorías buscan detectar a aquellos beneficiarios cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, que poseen bienes significativos (como vehículos, propiedades, o incluso aviones y embarcaciones) o cuentan con un empleo formal. También se encuentran bajo revisión aquellos casos en los que la documentación presentada para justificar la discapacidad es sospechosa.
Según destacaron organizaciones no gubernamentales relacionadas con la problemática de la discapacidad, se estima que a la provincia llegaron alrededor de 7 mil cartas documento. En la mayoría de los casos, los turnos para las auditorías dificultan la tarea de recopilar la historia clínica o sumar estudios médicos actualizados. Barreras que, consideran, tienen como objetivo recortar el número de beneficios.
El tema repercutió también en el Concejo Municipal, donde el jueves pasado se aprobó un proyecto para manifestar la preocupación ante la decisión del Gobierno nacional de implementar "una auditoría general a todas las pensiones no contributivas que persigue claros objetivos de ajuste del gasto público como parte de una estrategia de corrimiento de la responsabilidad estatal en la garantía de derechos de las personas con discapacidad”, según advierte la iniciativa presentada por el concejal Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía.
Por otra parte, se votó un decreto que encomienda al municipio disponer de los recursos necesarios para brindar asesoramiento y acompañamiento a las y los beneficiarios de pensiones por discapacidad, en el marco del proceso de auditoría, a fin de facilitar la reunión de la documental requerida y su correcta carga en el sistema. La propuesta es del concejal Lucas Raspall, de Arriba Rosario
