La auditoría de pensiones no contributivas que solicitó la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a partir de la resolución 187/25 incrementó la incertidumbre y el malestar de las personas con discapacidad. Se estima que en Santa Fe llegaron alrededor de 7 mil cartas documento, con un plazo que dificulta a la gran mayoría de quienes reciben el beneficio gubernamental a la hora recopilar su historia clínica y estudios médicos actualizados. A eso se suma que el lenguaje técnico empleado en la misiva es dificultoso para la gran mayoría y eso se transforma en una barrera inevitable, tanto como para los pacientes como para los profesionales que se ocuparán de realizar esas certificaciones que podrían dejar sin pensiones a más de 7 mil beneficiarios.
Es por eso que desde las diferentes asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad recomendaron acudir al turno asignado de cualquier manera, y en caso de no haber sido notificado enviar un correo a [email protected]. No obstante, sospechan que muchos se quedarán eventualmente sin su beneficio y por ese motivo no descartan presentar una acción legal colectiva, como ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri.
Llegada de cartas documento en discapacidad
"Desde fines de febrero que en Rosario están llegando cartas documento de forma masiva: les dan una fecha, estimamos que son médicos de Pami que recibirán estos estudios y después de la visita a ese turno, que tienen día y horario asignado, serán ellos mismos quienes enviarán la documentación que es la que va a auditar a los beneficiarios del programa", planteó en declaraciones a La Capital, Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), a propósito del reempadronamiento que puso en marcha el gobierno nacional.
En ese marco, la mayor preocupación para este sector de la población pasa por los criterios que evaluarán los profesionales de la salud y si efectivamente están al tanto de los requisitos que planteó la Andis. Chapero también recordó "los exabruptos a las condiciones de invalidez laboral, a partir de las categorías de «idiota», «imbécil» o «débil mental»".
Y amplió: "Nos preocupa muchísimo porque si van a regirse por parámetros de estándares de incapacidad laboral, ¿qué pasará con aquellos que tienen una discapacidad profunda, que son menores de edad? ¿Qué pasa con los que son usuarios de salud mental y no presentan discapacidad intelectual grave, pero sí para manejarse en la vida cotidiana?".
El sector que defiende los derechos de persons con discapacidad, en pie de alerta por la llegada de cartas documento.
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Es por eso que Chapero apuntó que no se trata solamente del acceso a una pensión, sino el acceso al sistema de prestaciones. "Enviamos una carta a la Municipalidad para plantear esta situación porque los usuarios de pensiones concurren a efectores públicos y sabemos que las demoras en los turnos con los médicos van a perjudicar a esas personas. A su vez, queremos saber si los profesionales que van a atender a quienes son beneficiarios están al tanto de esos requisitos a la hora de emitir las certificaciones", comentó.
En ese marco, sentenció: "Dudo mucho que tengan la información correspondiente, siendo conscientes que lo que escriben pone en juego la pensión. Y tampoco que se sobrecargue a los trabajadores de la salud, cosa que también nos parece importante".
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"Estamos preocupados porque se inició un proceso de reevaluación de las pensiones no contributivas por invalidez, lo cual implicó que llegara una cantidad exponencial de cartas documento a toda la provincia", comentó en declaraciones a La Capital Mariela Peña, abogada que defiende los derechos de las personas con discapacidad y preside la Asociación Incluíme Santa Fe.
Precisó que "en toda la provincia llegaron más de 7 mil cartas documento para instar a los beneficiarios a que se presenten ante un sanatorio privado para adjuntar su historia clínica y estudios médicos actualizados que recertifiquen su discapacidad".
En ese sentido, argumentó: "No estamos en contra de que se controle, incluso creemos que es necesario controlar porque los recursos públicos suelen ser limitados, pero el problema que tenemos es que los turnos llegan con poca antelación y la persona con discapacidad no llega a conseguir todos los requisitos que se le exige en ese tiempo acotado".
Apuntó que ese es el "gran problema" porque los beneficiarios de la pensión hoy "no cobran más 270 mil pesos y no tienen dinero para abonar un profesional privado" que les reitere todos esos estudios que exige la Andis a partir de la nueva resolución 187/25.
"De esta forma corren el riesgo de perder el beneficio en caso de no contar en tiempo y forma de estos estudios, tal como exhortan esas cartas documento que llegaron", acotó.
Carta documento y "un doble problema"
Peña sostuvo que "el problema es que la carta documento no está escrita en un lenguaje accesible dentro del ámbito de la discapacidad: no tiene ni apoyos ni ajustes razonables que permitan comprender lo que dice esa carta; es un lenguaje técnico y eso también representa una barrera para muchas personas".
Y reforzó: "Tenemos un doble problema: primero, hay personas que no van a ir porque no saben lo que les están pidiendo; segundo, que hay otras que lo comprenden, pero no consiguen turnos en el sistema público para actualizar su información; y tercero, que hay quienes se mudaron o tienen los domicilios desactualizados y ni siquiera se van a enterar".
Recomendaciones y aclaraciones
Peña recomendó a todos aquellos que hayan recibido la carta documento que se presenten al turno asignado de cualquier forma, con sus estudios o no. "Como asociación le indicamos a todos aquellos que recibieron la carta documento es que sí o sí se presenten al turno, es una obligación aunque no tengan toda la documentación. En segundo lugar, hay que aclarar que sólo están llegando a mayores de 18 años, de modo que no incluye a la población infanto juvenil ni adulta mayor", precisó.
Y recordó que toda aquella persona que padece algún tipo de discapacidad deberá enviar un correo electrónico a [email protected] para confirmar si hay algún turno pendiente en el sistema.
"En el caso de que haya bajas, que es lo que sospechamos, estamos pensando en comenzar a iniciar acciones legales colectivas como ya sucedió en el gobierno de Macri cuando dieron de baja 200 mil pensiones y gracias a ese pedido se lograron recuperar", anticipó Peña.
