La noticia de que el cabaret La Rosa, clausurado en Pichincha hace cuatro meses por la Justicia, podría reabrir sus puertas reconvertido ahora en bar con amenización musical y, posiblemente, con un hostel en su planta alta, levantó todo tipo de suspicacias. Y como no faltaron acusaciones fuertes al municipio sobre una supuesta protección de la Intendencia al titular de ambos locales (ver aparte), el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, salió a desmentirlas y prometió "garantizar" que el otorgamiento de habilitación al bar no será "un simple trámite".
Con cautela, el funcionario prometió que, en caso de darse, el permiso dependerá de un exhaustivo análisis de "toda la historia del local" y de los antecedentes y situación legal que hoy atraviesa su dueño, Juan Cabrera, más conocido como Indio Blanco, hoy procesado por proxenetismo.
En la edición de La Capital de ayer, Cabrera afirmó que planea abrir un bar en Callao 125 bis, donde hasta el 25 de mayo funcionó La Rosa Sexy Bar, clausurado en un operativo judicial donde él quedó detenido. Luego fue procesado por promover la prostitución de las alternadoras de la whiskería, bajo la presunción de que llevaban a los clientes del bar al albergue contiguo, también de su propiedad, pagándole un porcentaje de sus ganancias. Pero ahora el plan aparece en versión light: el bar sería de "comidas rápidas", La Butifarra, y arriba del local ya no habría un hotel alojamiento, sino un "hostel". Por ahora, el único permiso de habilitación solicitado es el gastronómico.
Al enterarse, la concejala radical María Eugenia Schmuck dijo que parecía "un chiste", mientras su compañero de bloque, Jorge Boasso, adelantó que presentarán un proyecto "encomendando al Ejecutivo no habilitar el nuevo local" atento a los "múltiples antecedentes" del comercio y de quien fuera su titular.
Boasso apeló a la tautología: "Entiendo que si la Municipalidad está facultada para habilitar comercios, también lo está para no hacerlo".
Una posición distinta, pero también crítica, adoptó la edila Norma López (Frente para la Victoria).
Su argumento fue que si se decidiera no habilitar el futuro local de Cabrera por sus antecedentes, con el mismo criterio se debería clausurar Willie Dixon, su otro emprendimiento sin cuestionamientos.
De nuevo, los controles. La concejala apuntó contra las deficiencias de los controles municipales. "Hay que recordar que La Rosa fue clausurada por la Justicia, no por la Intendencia, que constantemente hizo la vista gorda con lo que pasaba en esa whiskería, tanto en materia de protección de los derechos de las mujeres, como a la tergiversación de rubro", afirmó.
Asegurado prometió ocuparse de las dos cuestiones: las exigencias para habilitar el nuevo local y los posteriores controles. "Para nosotros esto no va a ser un simple trámite de habilitación: están la decisión y la responsabilidad de tratarlo con una mirada especial, teniendo en cuenta tanto la historia del local como los antecedentes y la situación legal de su propietario, investigado incluso por delitos complejos", anticipó el funcionario.
Por eso, dijo, los filtros pasarán por las dos instancias. El pedido de habilitación quedará bajo una estricta lupa y, si finalmente se concede, se va a "garantizar que no haya la menor posibilidad de tergiversación de rubro", aseguró. Faltó decir, esta vez...
Boasso: el Indio Blanco aporta a la campaña
“Que el Indio Blanco (Juan Cabrera) aporta a la campaña socialista y recibe protección lo sabe cualquiera en Rosario _disparó ayer el concejal Jorge Boasso_, basta recordar que pese a todas las actas por infracción que tuvo, a La Rosa la que la terminó clausurando fue la Justicia”.
La afirmación no tardó en recibir respuesta de parte del titular de Gobierno municipal, Fernando Asegurado: “Una infamia más de las que ya nos tiene acostumbrados Boasso desde que los números para las elecciones del 27 de octubre no le dan bien”, retrucó.
Boasso atribuyó “relaciones carnales” entre el oficialismo y Cabrera, pero también apuntó a los dueños de otros boliches “siempre conflictivos”, como el de Strocker (Italia y Salta) o el de Al Diablo (Baigorria al 1700), tras reiteradas denuncias de vecinos por “aprietes”, amenazas y todo tipo de incidentes. “Local que abren, local que trae quilombo”, sintetizó el edil, para reclamar que ante ese tipo de hechos “la Municipalidad tiene el derecho y la obligación de empezar a decir «no» y empezar a decir «basta»”.
