Nada de los lujosos complejos habitacionales de Puerto Norte había en la zona cuando en la casona de Thedy 375 bis se instalaron la vieja comisaría 8ª y en el segundo piso, en condiciones de extrema precariedad, la Unidad de Detención Nº 5 que llegó a alojar a más de 50 mujeres. En febrero de 2018 el edificio quedó vacío, parte fue demolido y ahora lo que resta del viejo edificio catalogado de valor patrimonial por la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad espera ser restaurado, ya que corre riesgo de derrumbe.
Así, a cinco años de haber sido desocupado y en el marco de un plan de recuperación de sus edificios, el Ministerio de Seguridad de la provincia afirma tener listo un plan de restauración que ahora deberá ser evaluado por Obras Públicas. El destino del inmueble, donde se propuso que funcionaran áreas de atención en políticas de género, será otro debate.
Ya durante los últimos años en que funcionó la cárcel, el edificio no gozaba de buena salud y, de hecho, ese era uno de los mayores reclamos de las detenidas, que incluso en muchos casos estaban allí con hijos menores de edad. Mientas las nuevas torres se levantaban alrededor con vista al río, filtraciones, falta de agua y demás falencias fueron en los últimos tiempos moneda corriente de las demandas que mostraban el deterioro edilicio de la antigua cárcel.
En febrero de 2018 se concretó el traslado de las últimas 46 mujeres y 11 de los niños que vivían en el lugar a la nueva Alcaidía de 27 de Febrero y Circunvalación. Desde entonces, el inmueble que es propiedad de la provincia y más específicamente del Ministerio de Seguridad, quedó vacío.
Ahora, con un pliego de restauración en mano, desde Seguridad buscan sumar la recuperación de este espacio al plan de obras que se están llevando adelante en otras dependencias policiales recuperadas en los últimos meses, como fueron las comisarías 1º de barrio Martin, 6º de Echesortu y 11º de Saladillo.
Así lo confirmó a La Capital el secretario de Gestión Institucional y Social del ministerio, Horacio Córdoba Ríos, que si bien señaló que en este caso el destino no sería el de comisaría, planteó con claridad las intenciones del área de avanzar en la recuperación del edificio.
Parte del patrimonio
Más allá de la propiedad del inmueble, lo que está claro es que la provincia no puede demolerlo ya que el edificio es parte del patrimonio de la ciudad catalogado por la Secretaría de Planeamiento con la categoría 2b, lo que significa que tanto su fachada como sus partes internas de valor deben ser preservadas.
Es más, entre otros puntos estipulados en la preservación, se determina que no está permitido el aumento de superficie, y que si bien en su interior pueden ejecutarse reformas, para nada puede demolerse.
En el diagnóstico, además, indican que ya en años anteriores "el edificio fue muy intervenido, queda poco original para preservar", indican los informes de Planeamiento, que no pueden precisar el año de construcción del mismo.
Con esas premisas en claro, Córdoba Ríos explicó que la casona "es uno de los muchos inmuebles cerrados que quedaron dentro del ministerio" y citó también el caso de la ex comisaría 3ª, en calle Dorrego. "Estamos ahora llevando adelante un plan de modernización y de obras, que si bien es lento por los tiempos burocráticos que implican, tiene en cuenta también el proyecto de rescatar ese edificio", indicó".
Si bien parte de lo que fue en la segunda planta la ex cárcel de mujeres se demolió en su momento por no pertenecer al edificio original, el funcionario de Seguridad admitió que el inmueble "tiene problemas estructurales y riesgo de derrumbe", lo que lo pone en una situación precaria.
Para recuperarlo, Seguridad ya tiene elaborado un pliego de restauración que sobre todo buscará "preservar la fachada".
Sin embargo, el funcionario dejó en claro que por el estado del edificio y el monto de las obras, el proceso llevará su tiempo. "Ese pliego ahora deberá ser tratado en Obras Públicas para que la obra sea licitada y adjudicada", advirtió.
El destino, otro debate
El uso que tendrá el edificio en el futuro parece que deberá tener más adelante nuevos debates. Si bien tras el traslado de las detenidas y el cierre de la comisaría y la cárcel en el Concejo Municipal hubo propuestas para que en ese espacio se desarrollaran políticas de atención en materia de género, no hubo avances y el funcionario de Seguridad hizo referencia a otro proyecto: una escuela de sanidad.
"Los usos los define el ministerio", dijo Córdoba Ríos y agregó: "La idea de la provincia es hacer allí una Escuela de Sanidad, un espacio de formación de nivel terciario con orientación policial y penitenciario".
La propuesta anterior había sido elaborada y presentada en 2018 en el Concejo por el entonces concejal socialista Horacio Ghirardi, que proponía establecer allí un espacio de desarrollo de políticas de género.
Por entonces, la idea era que el edificio pase a ser utilizado en forma conjunta por dependencias municipales y provinciales en políticas de género, a partir de un programa que contemple áreas para refugio u hogar de tránsito para mujeres que hayan sido objeto de violencia de género; desarrollo de diferentes talleres educativos y de oficios y promoción de políticas públicas dinámicas en temáticas de género.
