Agrupaciones ambientalistas de Rosario y Victoria advirtieron sobre el avance en la construcción de terraplenes en una amplia zona de los humedales de las islas entrerrianas ubicadas frente a Rosario, ante lo cual realizaron una serie de gestiones en la Municipalidad de Victoria, con jurisdicción en el territorio afectado. Advierten que se trata de una de las obras más grandes de esas características.
En un posteo en el perfil de la red social de Facebook de la organización ambientalista “El Paraná no se toca” se replicó un video aéreo en el cual se observa el trabajo de retroexcavadoras y motoniveladoras entre los kilómetros 40 y 44 de la traza vial Rosario-Victoria que abren caminos que modifican los cursos naturales de agua.
Según estiman, el objetivo de esos senderos no está del todo claro, pero podrían ser utilizados tanto para generar cuadrículas de terreno seco apto para la ganadería o la agricultura, hasta para emprendimientos inmobiliarios, algo que los ambientalistas observan como una clara depredación que genera daños a todo el ecosistema del humedal.
El video que se viralizó en el perfil de la ONG Guardianes de Victoria, es acompañado de un texto donde se describe que las imágenes fueron tomadas el viernes en el kilómetro 44 del enlace vial Rosario-Victoria. “A la vista está como se destruye nuestro humedal”, alerta el grupo ecologista.
Además, aseguraron haber realizado varios pedidos de informes a la Municipalidad de Victoria, “sin lograr que este tipo de obras se detenga. Solicitamos que se tomen medidas urgentes para detener un daño irreversible”, recalcaron desde Guardianes de Victoria, que junto a El Paraná no se toca denunciaron la situación y aspiran a que la problemática tenga repercusión nacional.
Según los datos a los que accedieron las dos organizaciones, ante las denuncias y reclamos presentados en mayo de 2019 la Municipalidad de Victoria ordenó la suspensión de las obras de los terraplenes mediante el decreto 731.
Sin embargo, en septiembre dejó sin efecto esa prohibición con otro decreto (Nº1.218) cuando los abogados de los particulares que financian esas obras argumentaron que contaban con permisos nacionales y provinciales, a los cuales las organizaciones ambientalistas dicen no poder acceder.
Los grupos ecologistas recordaron que el desvío de las aguas de un medio ambiente natural es considerado un delito, de acuerdo al artículo Nº 182 del Código Penal. Y reclamaron un accionar más firme de la Fiscalía de Victoria. “Debe constatar las obras, aun cuando otras denuncias han sido paralizadas por la desidia del Consejo Regulador del Uso de Fuentes Agua (Corufa)”.
Desde El Paraná no se toca explicaron que el municipio de Victoria “no fue del todo claro” en relación a la autorización y objetivos de los terraplenes. “Es una de las obras más grandes. Son entre 5 y 6 kilómetros de caminos, cuyo destino es incierto”.
Al menos en relación al cultivo intensivo en las islas, el Poder Judicial de Entre Ríos ya sentó jurisprudencia. En mayo del año pasado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná emitió un fallo donde prohibió la actividad, al poner fin a un litigio de diez años entre la firma holandesa agropecuaria Bema Agri y la Municipalidad de Victoria.
María Celeste Santillán tenía 42 años y fue encontrada en un descampado. Su familia denuncia que tenía una soga al cuello y reclama justicia. La Fiscalía aguarda el informe final de la autopsia para determinar cómo murió.
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