El 30 de diciembre de 2020, el Congreso aprobó la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, garantizando el derecho al aborto a niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar hasta las 14 semanas de gestación. A cuatro años de la sanción de la norma, la regional Rosario de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, advirtió sobre el desfinanciamiento de la política pública y la falta de insumos y equipos profesionales para garantizar estas prácticas. También sobre la necesidad de reforzar las redes de apoyo y activismo para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
Según señaló la organización que en 2007 presentó el primer proyecto de ley de interrupción legal del embarazo, la falta de insumos de la canasta de salud sexual comenzó a evidenciarse a partir del segundo semestre del año en los hospitales y centros de salud de todo el país.
De acuerdo a información recabada a nivel nacional, este año se redujo más de un 90 por ciento la distribución de medicamentos e insumos para la interrupción legal del embarazo que el gobierno nacional garantizaba a las provincias.
"Nos preocupa el desfinanciamiento que se está produciendo desde Nación y el faltante importante que existe en todo lo que significa insumos de la canasta de salud sexual. En lo que va del del 2024, durante los primeros 6 meses, hubo insumos de lo que quedaba de la gestión del año anterior. Luego del segundo semestre fue cuando se empezaron a ver las dificultad en los insumos. Algunas provincias pudieron suplir esas compras, otras no, y los tiempos de las licitaciones están complicados", expuso Ernestina Saccani.
La canasta de salud sexual y reproductiva incluye no sólo los insumos necesarios para la interrupción del embazado, sino preservativos, anticonceptivos inyectables, pastillas, anticoncepción de emergencia, dispositivos intrauterinos, implantes subdérmicos y la posibilidad de acceder a anticoncepción quirúrgica, es decir ligaduras tubarias y vasectomías.
La ley de salud sexual y procreación responsable (Nº 25.673) garantiza la provisión de estos insumos a través del Ministerio de Salud de la Nación. Pero, como eso no sucede, las compras "vienen siendo suplidas con deficiencias por las provincias, generando una disparidad muy fuerte, lo que hace depender el acceso al derecho del lugar en donde una persona habite", apuntaron.
Salud sexual en riesgo
La Ley 27.610 regula la interrupción del embarazo bajo un modelo mixto. Reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional sin tener que dar motivos. Pasadas las 14 semanas reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo si es el resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
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Para Pilar Escalante, la desfinanciación del programa nacional de salud sexual y procreación responsable "no sólo pone en riesgo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sino el acceso a la salud de toda la población". La integrante de la campaña destacó que a la par de la falta de insumos "estamos encontrando también una disminución en los equipos que garantizan y atienden estas situaciones".
Las consecuencias, apuntó, son demoras en la atención, mayores riesgos en la práctica y "una disparidad muy grande en la posibilidad de acceso a derechos".
La falta de entrega de insumos y las dificultades en los equipos de salud se dan en un contexto político nacional adverso, en el cual los máximos referentes del gobierno se expresaron en reiteradas oportunidades en contra del aborto legal.
"La falta de insumos es una forma de derogación implícita de la ley", sostuvo Mabel Gabarra y advirtió que la falta de financiación es una forma de vaciar la legislación. "En vez de intentar derogar, recortan insumos y lo que se genera es una derogación implícita de la ley de aborto", cuestionó.
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Lo que plantea una paradoja, "podríamos llegar a tener muertes por abortos inseguros, aún teniendo aborto legal, porque al no existir insumos en los efectores o demoras en la atención, nuestra preocupación es que una persona con necesidad de abortar, pueda recurrir a un método inseguro", apuntó Silvia Augsburger .
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La ley de interrupción voluntaria del embarazo fue sancionada el 30 de diciembre de 2020.
La importancia de las redes
Desde su implementación, la ley de interrupción legal del embarazo generó condiciones para el acceso al aborto seguro, lo que redujo la mortalidad materna por aborto en el primer año de implementación de la ley. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, las muertes maternas por aborto en el país descendieron de 23 en 2020 a 13 en 2021 (último dato disponible).
Por eso, desde la campaña, destacaron el logro de los movimientos de mujeres que empujaron la ley y de reforzar las redes de apoyo para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. "A lo mejor hay que volver al 2018, al 2019, a las redes, a los territorios y a gestionar los contactos necesarios para que si alguien necesita una interrupción podamos ayudar, porque de alguna manera ese es el rol de la campaña", apuntó Escalante.
"Nosotras no podemos garantizar el aborto porque no somos el Estado, pero sí podemos estar ahí viendo que la ley se cumpla y si no funciona, reclamarlo. Es un poco por nuestro rol, volver a tejer las redes para seguir defendiendo este derecho que fue una conquista de miles de mujeres en la calle, de la cual no vamos a volver atrás", concluyó Saccani.
