Aborto: creen que el Estado no dio una solución

Ocho de cada diez rosarinos aseguran que el Estado todavía tiene que brindar soluciones con respecto a la problemática del aborto. El dato se desprende de una encuesta de opinión realizada después de que el Senado rechazara el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. De acuerdo al sondeo, la mayoría admite que el tema dividió a la sociedad y ve con buenos ojos la realización de una consulta popular sobre el tema.

El relevamiento fue realizado por la consultora Inmediata, a pedido de la diputada nacional Lucila De Ponti. Las encuestas se realizaron sobre un universo de 387 personas mayores de 16 años, entre el 14 y el 18 de agosto pasado.

La semana pasada, la legisladora presentó un proyecto para exigirle al Ministerio de Salud que fiscalice que las provincias adhieran al protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) y cumplan con estas practicas en los casos de peligro de vida y salud de la madre y de que el embarazo sea proveniente de violación.

La pregunta

Según el informe de la consultora Inmediata la mayoría de los habitantes de la ciudad cree que el debate dividió a la sociedad (55 por ciento), pero también ve con buenos ojos la realización de una consulta popular sobre el tema para saber la opinión de la mayoría (65 por ciento). Sin embargo, el mayor grado de acuerdo es al asegurar que falta que el Estado brinde una solución para el tema, afirmación que comparten el 82 por ciento de los encuestados.

"Estos números reflejan que la votación del Senado no fue el final, sino el principio del debate sobre esta cuestión de salud pública. No solo las mujeres se siguen muriendo en procedimientos clandestinos e inseguros -como mostraron los casos de los últimos días de Pilar, San Martín y Santiago del Estero- sino que siguen sin acceder a este derecho aunque cumplan con las causales contempladas por la ley, como sucedió recientemente en la ciudad de Santa Fe", aseguró De Ponti.

Es por eso que la legisladora del Movimiento Evita presentó un proyecto para exigirle al Ministerio de Salud que fiscalice que las provincias adhieran al protocolo de ILE. A pesar de que existe desde 2015, solamente 10 provincias lo aplican. Muchos médicos alegan cuestiones de conciencia y los casos terminan en la Justicia.

"Incluso dentro de las provincias que sí adhirieron al protocolo como Santa Fe, la aplicación es muy desigual a lo largo del territorio. Un ejemplo claro es lo que sucede en los hospitales Iturraspe y Cullen, en donde desde hace tiempo se denuncia una obstaculización sistemática a este derecho", aseguró la diputada.

"Es necesario poner de manifiesto que la objeción de conciencia es un atributo personal que en ningún caso puede ser institucional, los centros de salud pública tienen la obligación de asistir en los casos de aborto dentro de las causales que actualmente estipula la Ley y es deber del Ministerio de Salud que eso se cumpla", finalizó.