Hoy y mañana se cumplen ya 15 años de la brutal represión que culminó con 38 muertes en todo el país, ocho de ellas sólo en Rosario, y con la que el poder político de entonces buscó acallar la ola de protestas desatada en el marco de la peor crisis argentina. Para volver a reclamar justicia y recordar a las víctimas, familiares y sobrevivientes del diciembre negro, acompañados por organizaciones sociales, políticas y gremiales, concentrarán hoy a las 11 en la puerta de los Tribunales provinciales y por la tarde marcharán desde la plaza San Martín hasta el Monumento. Una vez más, clamarán por el "fin de la impunidad" para la decisión gubernamental y las balas policiales que ejecutaron la masacre.
La Asamblea del 19 y 20 de Diciembre del 2001, integrada por familiares de los muertos, heridas y heridos durante esas dos luctuosas jornadas, continúa trabajando durante todo el año en una infatigable búsqueda de justicia.
Hace diez días esa organización, integrada por personas de diferentes provincias, concretó su tercer encuentro nacional en Rosario, donde todos se informaron de los avances judiciales en las pocas causas que aún se sustancian por la represión (ver aparte).
La concejala Celeste Lepratti, hermana de Pocho, una de las víctimas de esos días que cobró mayor conocimiento público por su trayectoria como militante social, afirmó ayer que "como cada 19 de diciembre" hoy el reclamo volverá a ser "por justicia".
Jóvenes, pobres, jefes de hogar
En el caso de Santa Fe, recordó, la represión del 2001 causó la muerte de nueve personas, ocho de Rosario y una de la ciudad capital, la enorme mayoría de menos de 30 años, habitantes de barrios humildes y cinco de ellas, además, sostenes de hogar con niños pequeños. También provocó cientos de heridos, algunos de ellos con consecuencias incapacitantes de por vida.
Es justo volver a nombrar a las víctimas fatales: además de Claudio Pocho Lepratti (35), Graciela Acosta (35), Graciela Machado (35), Juan Delgado (24), Walter Campos (16), Yanina García (18), Rubén Pereyra (20), Ricardo Villalba (16) y Marcelo Pacini (15).
En el plano judicial, sólo dos de las muertes terminaron con condena a los policías que dispararon, ambos libres ya. En el resto de los procesos los avances fueron escasos o lisa y llanamente nulos.
En Santa Fe nunca se avanzó con la investigación de las responsabilidades políticas ni con los aportes probatorios que acercó a la Justicia la comisión investigadora no gubernamental que se formó ad hoc. "Ni siquiera llamaron a declarar al por entonces gobernador (Carlos) Reutemann", recordó otra integrante de la Asamblea, Liliana Leyes, también secretaria de género de la CTA Autónoma de la provincia.
"Todo eso es producto de la clásica complicidad entre los poderes judicial, político y policial", denunció.
De hecho, todas las muertes las produjeron balas de uniformados, a excepción del adolescente santafesino Pacini, acribillado por un comerciante que disparó desde la terraza, luego sobreseído.
Tanto Lepratti como Leyes aseguraron que a la impunidad judicial se suma la negativa del Estado a asumir su responsabilidad en la masacre en términos incluso de reparación económica. Por ejemplo, ante las muertes de jefas y jefes de hogar, madres y padres de niños muy pequeños que quedaron desprotegidos. Entre otros, Graciela Acosta tenía siete chicos y Graciela Machado, once.
Nuevamente con la consigna de "A la justicia la construimos entre todos", hoy las 9 habrá una concentración recordatoria en el cementerio La Piedad y a las 11 un acto frente a los Tribunales provinciales. Por la tarde, a las 17.30 las organizaciones se nuclearán en la plaza San Martín y luego marcharán al Monumento, donde tras leer un "documento unificado" habrá un festival de bandas.
violencia. En muchas ciudades la crisis derivó en tumultuosos saqueos.
Pequeños y grandes avances en las causas
Los asistente al Congreso Nacional de Familiares de Víctimas y Heridos del 2001, que se reunió hace diez días en Rosario, pasaron revista a los últimos avances judiciales en las causas que aún se tramitan por el diciembre trágico en el país. Aunque "insuficientes", este año se dieron dos pasos adelante, afirmó Celeste Lepratti.
Uno fue en Corrientes, con la condena a seis policías responsables de la muerte de Ramón Arapí (23 años). El otro se registró a nivel nacional, también con sentencias contra al ex secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, y siete ex policías federales, acusados del homicidio culposo de Gastón Riva (31).
