Desde que en 2002 se conocieron las denuncias contra el padre Julio César Grassi, 62 nuevos casos de abuso sexual por parte de integrantes de la Iglesia se han conocido en la Argentina.
Desde que en 2002 se conocieron las denuncias contra el padre Julio César Grassi, 62 nuevos casos de abuso sexual por parte de integrantes de la Iglesia se han conocido en la Argentina.
A casi quince años de aquel escándalo, la condena del cura ha tenido un efecto cascada que dejó al descubierto que no se trataba de un hecho aislado: desde entonces, cuatro nuevas denuncias se sumaron por año y sólo tres casos fueron sancionados con la máxima pena prevista por el derecho canónico: la expulsión del sacerdocio.
Son 59 sacerdotes y tres monjas los denunciados en el país. De todos ellos, ocho recibieron una condena judicial.
En la investigación hecha por la agencia Télam se reconstruyó lo que ocurrió luego de que se conocieran las denuncias contra Grassi. Los datos no sólo dan una idea de la magnitud del problema, sino que muestran cómo un complejo sistema de responsabilidades dentro de la Iglesia permite que rara vez haya una condena.
"La mayoría de los casos no son denunciados. La Iglesia no los denuncia, son las víctimas las que se animan a contar lo que les pasó y para ellas es un proceso muy doloroso. Estos números muestran la arbitrariedad del juicio canónico, porque salvo en casos que son indefendibles o han tenido mucha trascendencia pública, la expulsión no se concreta", explicó Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico y uno de los pocos especialistas en derecho canónico del país que no pertenece a la Iglesia.