"En los relevamientos realizados en la provincia de Santiago registramos unos 200 casos -17 de gravedad- de conflictos por la tierra entre campesinos y empresas. En 2010, los cortes de ruta a 30 kilómetros de Santiago advertían sobre los riesgos de enfrentamientos y muertes. No escucharon y así llegó el asesinato de Cristian Ferreyra, el último 16 de noviembre, y el ataque en el que balearon en Villa Matoque a dos miembros de Pequeños Productores del Salado Norte (Upsan)", señala Hugo "Lupo" Soria del Instituto de Cultura Popular (Incupo).
Ferreyra, campesino miembro del Mocase, de 23 años, fue atacado por una banda armada que responde a un empresario santafesino y presionaba a los pobladores de la comunidad santiagueña de San Antonio, cerca de Monte Quemado y a unos 350 kilómetros de la capital provincial.
"Desde entonces aumentan los casos de amenazas, presiones y ataques como los que terminaron la semana pasada con dos hermanos campesinos internados", resalta el comunicador y docente a La Capital.
"Los casos conocidos son frutos de la irracionalidad de empresarios y la inacción de los poderes del Estado. Unas 20 mil familias viven desde hace unas tres o cuatro generaciones en el campo, con un sistema de vida campesino y en comunidades originarias, tienen derechos en el marco de nuestras leyes, pero muchos no tienen papeles. Entonces llegan otros con títulos legítimos o un simple volante de compraventa y quieren tomar de hecho lo que compraron, con poseedores y todo", explica Soria, integrante de la Mesa Provincial de Tierra de Santiago del Estero.
"Pero esos pobladores tienen posesiones con ánimo de dueño, público, pacífico. Hay familias de cien años en el lugar, nacidas, criadas y tienen el derecho posesorio. Lo ocurrido en Copos es de la misma naturaleza que los hechos contra Ferreyra. Es una modalidad de gestión que tiene que ver con los negociados de tierra y los favores, que en términos de "oportunidades" proponen en la provincia a los que vienen a invertir en Santiago", remarca el educador y comunicador que vive en Añatuya.
"En los agronegocios hay una 30 por ciento de devolución de la inversión inicial realizada por un productor o firma. Luego, también recibe el 50 por ciento de lo que invirtió en infraestructura. Además, reciben una garantía jurídica", explica.
"La expansión de la frontera -agrega- con el cultivo intensivo de soja aumentó del valor de la tierra, pero desde ya hace diez años muchos hacen estos negocios. Hay voracidad por campos santiagueños. También existe complicidad de entidades públicas que avalan a quienes compran una propiedad". Soria remarcó la falta de decisión política del gobierno de Gerardo Zamora para reconocer los derechos de las familias campesinas: "Es hasta una cuestión de clase y de cómo se concibe a la realidad. Nos dijo que formemos un partido político y ganemos para cambiar todo".
Favores y adicionales."El que viene de afuera encuentra el favor policial tras pagar adicionales, con jueces que criminalizan al ancestral poblador y lo meten en el fuero penal, por considerarlo intruso y usurpador al invertir la situación. Eso no ocurriría si hubiera una ley de ordenamiento territorial y equidad en el fuero civil para hallar soluciones políticas y judiciales. Pero desde el gobierno no se visibiliza que el antiguo poblador vive arraigado con un sistema de vida y niegan para fomentar una trama perversa de inequidad, indefensión jurídica y criminalizando a los poseedores. Contratan seguridad, pequeños ejércitos de ocupación, con armas largas, de guerra", agrega.
"Los favores se pagan, corre dinero y hay abogados que están en el negocio. Saben que compran campos con poseedores adentro, hay como una fiebre dominial y como el monte es basura van con topadora y bandas armadas contra la gente", sostiene Soria, también miembro del Foro Argentino de Radios Universitarias y de radio Solidaridad de Añatuya.
