Un escenario de conflictos laborales y políticos

La construcción de la base china en Neuquén no estuvo exenta de choques por conflictos laborales y sospechas de una finalidad militar de las instalaciones.

Los trabajos, iniciados a mediados de 2013, estuvieron a cargo de la empresa Esuco, una compañía de Carlos Wagner, empresario con fuertes vínculos en el gobierno de Cristina Fernández.

Después de atrasos e incumplimiento de objetivos trazados por la agencia contratista china CHEC, responsable de las operaciones en la Argentina, y de conflictos sindicales derivados en los despidos de 93 trabajadores, Esuco fue sacada de la base tras construir la base de la antena y el edificio de energía. Las instalaciones restantes fueron concretadas por otras compañías.

Por otra parte, la posible existencia de anexos reservados en el acuerdo firmado por la gestión de la presidencia de Cristina Fernández y el presidente Xi Jinping levantaron no pocos resquemores, a punto tal que varios parlamentarios de la oposición habían pedido informes sobre la cuestión al conocerse un manifiesto del gobierno chino en el que se mencionaba un programa que contemplaba la posibilidad de una guerra espacial y la necesidad de abordar planes estratégicos.

Las dudas fueron despejadas solo hace pocos meses. Tras la Cumbre de los 20 en la ciudad china de Hangzhou en septiembre pasado, durante un encuentro bilateral, el gobierno de Xi Jinping firmó con el de Mauricio Macri un protocolo adicional en torno a la base que enfatiza el uso civil de la misma.

Ese nuevo acuerdo fue firmado por cancilleres Susana Malcorra y Wang Yi. En la oportunidad, el embajador argentino Diego Guelar, que había trabajado en estas últimas negociaciones, destacó la "excepcionalidad que una potencia militar como China acepte de manera voluntaria una autorresctricción semejante cuando ya hubo tienen un acuerdo firmado con el gobierno anterior y que fue ratificado por el Congreso argentino".