En medio de la ola de desregulaciones, el proyecto del legislador Alejandro Bongiavanni busca permitir operaciones sin restricciones y suprimir aranceles fijos o mínimos en las comisiones.
En línea con las políticas de desregulación impulsadas por el gobierno nacional, el diputado nacional del PRO Alejandro Bongiovanni (vinculado a la Fundación Libertad de Rosario) presentó un proyecto de ley al que llamó “Ley de libertad inmobiliaria”, que propone eliminar la obligación de contar con título universitario o matrícula profesional para ejercer como corredor inmobiliario en Argentina.
La propuesta habilita a cualquier persona a operar en el mercado inmobiliario sin requisitos formales, sin restricciones geográficas y con libertad para negociar honorarios. Entre sus principales puntos, busca suprimir la obligación de inscripción en registros o cámaras profesionales, eliminar límites jurisdiccionales para la actividad y suprimir aranceles fijos o mínimos en las comisiones.
Además, el proyecto plantea quitarles a los colegios profesionales la capacidad de sancionar a quienes ejerzan sin matrícula. Según el texto, esas entidades mantienen un “monopolio” sobre la actividad y limitan la competencia. Para fundamentar la propuesta, se citan ejemplos de España, Estados Unidos y Nueva Zelanda, donde destacan menores restricciones para operar en el sector.
Según Bongiovanni, la intención es devolver la actividad inmobiliaria al ámbito comercial y no mantenerla como una profesión regulada. “El objetivo es volver a poner la intermediación inmobiliaria en el ámbito comercial, que es el ámbito nacional. Quitarle regulación para que la pueda realizar cualquier persona”, explicó.
También cuestionó a los colegios profesionales en general. Indicó: “Para mí los colegios profesionales en general no me gustan demasiado. Con el inmobiliario tengo un problema, ya que la actividad inmobiliaria, desde mi concepción, es una actividad comercial más”.
La iniciativa generó un rechazo inmediato de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA). Su presidenta, Nancy Vieitez, cuestionó los fundamentos del proyecto y advirtió sobre sus riesgos. Señaló que la experiencia internacional demuestra que donde se intentó eliminar controles, los resultados fueron negativos para los consumidores.
Vieitez argumentó que la falta de regulación podría deteriorar la calidad del servicio, fomentar la competencia desleal, aumentar los fraudes y debilitar un sector clave de la economía.
El gobierno libertario también había dejado trascender, a comienzos de año, que analiza avanzar con un plan para desregular el mercado inmobiliario, en línea con su estrategia general de reducir controles y simplificar normativas. Entre las opciones en estudio figuraba la posibilidad de eliminar o flexibilizar requisitos para la intermediación, como la obligatoriedad de matrícula o colegiación, con el objetivo de facilitar el ingreso de nuevos operadores y abaratar costos.
Fuentes oficiales consultadas habían afirmado que se evaluaban cambios normativos para alentar la competencia y modernizar la actividad, en el marco de un paquete más amplio de reformas económicas.
Así como sucedió ahora con el proyecto del diputado del PRO, los trascendidos del Gobierno también habían generado alertas en cámaras inmobiliarias y colegios profesionales, que ya en ese momento habían advertido sobre riesgos de mayor informalidad, fraudes y deterioro del servicio.
El plan oficial todavía se encuentra en fase de análisis y no cuenta con un texto definitivo, pero funcionarios del área económica habían señalado en ese momento que la intención era eliminar trabas burocráticas que encarecen las operaciones y desalientan inversiones.
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