Soberanía en riesgo

Llamó la atención cuando el flamante presidente, el 9 de julio de 2016 en el bicentenario de la Declaración de nuestra independencia, frente a la Casa de Tucumán, dirigiéndose al "querido Rey" de España interpretó que los firmantes del Acta de nuestra Independencia estarían "angustiados" al separarse del imperio que los dominaba.

Ignoraba todo: San Martín estaba presionando al Congreso de Tucumán para que se declarara la Independencia para poder emprender la campaña de los Andes. No se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Rio de la Plata sino la emancipación de las Provincias Unidas de Sudamérica, en un gesto que plasmó el ideal de Unidad de nuestros libertadores y fraguó nuestra vocación latinoamericanista. La Declaración se escribió en idiomas español, quechua y aymara y luego se celebró una gran fiesta popular.

En esa oportunidad del bicentenario me pregunté si se trataba de una expresión desafortunada del presidente o estaría embarcándonos en un proyecto neocolonial.

El tiempo nos ha dado la respuesta. Se trata de un régimen neocolonial que propicia la reapropiación de nuestros territorios y la entrega de nuestros recursos naturales. Macri, junto con el golpista Temer y los países que integran el llamado Grupo de Lima operan como verdaderos agentes de la des- integración regional. En los últimos 12 años, con una extraordinaria conjunción de líderes progresistas, habíamos alcanzado un nivel inédito de integración, la construcción de un bloque dispuesto a ejercer su soberanía política y recuperar su independencia económica. Ampliamos el Mercosur, luego conformamos la Unasur y en 2011 conformamos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac). Por vez primera un bloque que incluye a Cuba y no cuenta con la tutela de Estados Unidos ni de Canadá. Se trata de 33 países, con 600 millones de habitantes que vivimos en 20 millones de kilómetros cuadrados; somos el primer productor de alimentos del mundo y el tercer proveedor de energía del mundo; tenemos la mayor biodiversidad y un tercio del agua dulce del planeta. Tenemos industrias y economías complementarias que permiten dinamizar un creciente intercambio intrarregional en beneficio de nuestros pueblos, es decir, somos enormemente ricos con la condición de estar unidos.

Esa unidad política había permitido que Malvinas dejara de ser una causa argentina para convertirse en una causa regional, una causa global. Toda la región ha expresado su firme rechazo a la existencia de un enclave colonial al sur de nuestro continente. Macri despreció esta unidad, comenzando por expulsar con violencia a Venezuela del Mercosur, con el fin explícito de firmar Acuerdos de Libre Comercio con la Union Europea. La Argentina ha dejado de concurrir a la Celac y Macri no ha tenido ninguna actividad como presidente pro tempore de Unasur. Esta Argentina aislada, endeudada y dependiente, que los Estados Unidos aprecia como un nuevo "socio regional", ha dejado de reclamar el ejercicio de soberanía en Malvinas y de protestar por la creciente militarización en el Atlantico Sur.

El martes 13 de septiembre de 2016, entre gallos y medianoche, las Cancillerías de Argentina y del Reino Unido sorprendieron con un Comunicado Conjunto que invoca una agenda "omnicomprensiva, multidimensional y multisectorial". En el capítulo referido al Atlántico Sur se soslaya la controversia de soberanía y se acuerda "remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo pesca, navegación e hidrocarburos". Esto presupone el levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que ha tomado la República Argentina para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de nuestra pesca e hidrocarburos.

Cabe recordarle al gobierno que los recursos renovables y no renovables de los que pretende disponer para ceder alegremente a manos británicas, pertenecen a 40 millones de argentinos. La ley de hidrocarburos y su modificatoria prohíben la explotación ilegal de petróleo en plataforma continental argentina y establecen las sanciones pertinentes. La forma de eliminar dichos "obstáculos" para el desarrollo económico de las islas es, precisamente, buscando y alcanzando la solución pacífica a la controversia de soberanía. Una "agenda positiva" no representa una novedad -como pretende vender nuestra Cancilleria- ya que ambas naciones tienen fuertes lazos sociales, culturales y diplomáticos; nuestro país ha brindado numerosos beneficios a los habitantes de las islas y está comprometido a respetar su modo de vida. Pero esto no implica abandonar el justo reclamo de soberanía ni admite ceder la explotación de nuestros recursos.

Sin beneficios

Este acuerdo no contempla beneficio alguno para la parte argentina, ni favorece un avance en materia de integración social con los isleños: establece la promoción de vuelos de terceros países, convalidando el rechazo a nuestra oferta de programar vuelos directos y regulares desde Argentina continental a las islas. Mientras un habitante de las islas puede circular libremente por nuestro país, estudiar gratuitamente en nuestras universidades y recibir asistencia en el sistema de salud pública, un ciudadano argentino no podrá establecerse en las Islas Malvinas. Es alarmante también que el acuerdo comprometa el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas de ambos países y se proponga brindar una "coordinación más estrecha en el área de Seguridad y Defensa", sin elevar reclamo alguno acerca de la base militar instalada en las Islas Malvinas, que cuenta con cerca de dos mil efectivos británicos y un despliegue de armamentos que incluye aviones de combate, helicópteros, radares, buques de guerra, misiles, equipos sofisticados de logística y espionaje y hasta un submarino nuclear; con un incremento de presupuesto justificado recientemente por el Ministerio de la Defensa británico, usando como argumento una hipótesis de conflicto con la Argentina.

Poner fin al colonialismo es un imperativo ético, destinado a construir un mundo más justo, un orden mundial equilibrado, donde no impere la ley del más fuerte. El reclamo argentino ha recogido firmes adhesiones en todo el mundo; últimamente, durante mi misión como embajadora, hemos logrado que hasta dentro del Reino Unido, en Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, una parte significativa de la opinión pública, académicos, parlamentarios -incluido el líder del partido laborista británico Jeremy Corbyn- se hayan expresado públicamente a favor del diálogo con Argentina sobre soberanía.

La defensa de la soberanía argentina en Malvinas no incumbe a un partido político, es una cuestión de Estado. Manuel Moreno, embajador de Juan Manuel de Rosas, formuló en el siglo XIX los primeros reclamos diplomáticos. Alfredo Palacios, líder del partido socialista, presentó en 1934 un proyecto al Senado promoviendo la traducción y difusión del libro de Paul Groussac que fundamenta nuestros derechos, con el objetivo de que "todos los habitantes de la República sepan que las Malvinas son argentinas y que Gran Bretaña, sin título de soberanía, se apoderó de ellas por el uso de la fuerza". El alegato Ruda, presentado en 1964 ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas durante el gobierno de Arturo Illia, defiende nuestra integridad territorial, constituye un éxito diplomático y pertenece a la mejor tradición histórica de la Unión Cívica Radical.

En 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas, inspirada "en el anhelado propósito de terminar con el colonialismo en todas partes y en todas sus formas, en una de las cuales se encuadra el caso Malvinas" toma nota de la existencia de la disputa e invita a los gobiernos de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Argentina a proseguir sin demora las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica al problema.

Entre 1965 y 1982 hubieron negociaciones, y durante la última presidencia de Juan Domingo Perón se estuvo cerca de llegar a un Acuerdo sobre soberanía con Gran Bretaña, que fue malogrado por mezquinos intereses económicos predominantes en las islas.

La Declaración de Ushuaia, Resolución aprobada en 2012 por unanimidad de todas las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Nación, es la más cabal expresión de la política de Estado que reivindica la soberanía nacional, denuncia la militarización del archipiélago y del Atlántico Sur, define que los recursos naturales son patrimonio de la República Argentina y llama al diálogo y la negociación en el marco de la disputa de soberanía.

A la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas siguieron 40 Resoluciones en el mismo sentido y en todas las cumbres y foros multilaterales se ha reiterado el llamado de toda la comunidad internacional al diálogo y negociación.

El gobierno del Reino Unido incumple con la obligación impuesta por el derecho internacional de dar una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía y desatiende también la Resolución 31/49 -que ordena a las partes no innovar hasta que se resuelva la cuestión- explorando y explotando ilegalmente nuestros recursos renovables y no renovables.

La codicia que hizo que la corona británica usurpara en 1833 las Islas Malvinas y el interés estratégico por establecerse en el Atlántico Sur e instalar una base militar en la confluencia de los dos océanos sigue vigente hoy. Al gobierno argentino -que sufre la tentación de inclinarse ante los poderosos - no le cabe otra cosa que cumplir con el mandato constitucional que establece que la recuperación de las Islas Malvinas y "el ejercicio pleno de la soberanía son objetivos irrenunciables del pueblo argentino". El pueblo argentino abrazará el imperativo ético de defender nuestra soberanía. Y sabrá hacerlo cumplir.

(*) La autora fue diputada nacional (1997-2005), embajadora argentina en la República Bolivariana de Venezuela (2006-2011) y embajadora argentina

ante el Reino Unido (2012-2015).