La semana que viene saldría la ley de producción industrial de cannabis medicinal

La Cámara de Diputados probablemente trate la semana que viene el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Senado y que ya tiene media sanción, que avala y promueve la producción industrial del cannabis medicinal. El debate sería el próximo martes o miércoles luego de que la comisión de Agricultura y Ganadería le diera dictamen favorable.

De los 34 legisladores presentes en la reunión de comisión, 25 aprobaron el proyecto del “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial”: hubo apoyo unánime de los 17 legisladores del Frente de Todos y de seis del bloque Juntos (cuatro de la UCR y dos del PRO).

Este jueves el gobierno completó otro trámite favorable a la creación de la industria cannabica ya que publicó en el Boletín Oficial la aprobación del estudio del cultivo de cannabis con fines médicos y científicos (ver más abajo).

En el Congreso, la oposición no es indiferente sino parte interesada también en que la ley de producción industrial avance. Gobernadores como el de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés, necesitan de la nueva ley para ampliar y motorizar los proyectos industriales cannábicos que tienen en sus respectivas provincias.

Morales, de hecho, se encuentra de viaje en España motivado, entre otras razones, en cerrar acuerdos que le permitan exportar parte de la producción de Cannava, la empresa pública del Estado jujeño que ya fabrica aceites de CBD.  

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El bloque del Frente de Todos de la Cámara baja intentaba este jueves consolidar el quórum para alguna de las sesiones que vienen: el 30, el 1 de diciembre, el 8 (feriado) o el día siguiente, en la que sería la última del año antes de la reconfiguración de la Cámara con la asunción de los legisladores electos en noviembre. De pasarse para el año próximo, el proyecto deberá volver a las comisiones y actualizar las firmas para el dictamen.

“El importante arribar al consenso que tuvo el proyecto de Ley con los gobernadores de distintas procedencias políticas en la presentación que se hizo en el Consejo Económico y Social”, declaró al sitio Infobae la diputada porteña Mara Brawer, una de las impulsoras del proyecto en la Cámara baja.

El único ruido, y no menor, que existe en la relación entre oficialismo y oposición es la ley de envases, resistida por legisladores macristas y radicales, que también se tendría que tratar antes del 10 de diciembre.

“Lo más lógico”, señalaron voceros opositores a Infobae, “es que haya una sesión antes del 10 de diciembre con los temas donde sí hay consenso. Entre estos, el de cannabis industrial”.

La ley prevé la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que tendrá autarquía técnica, funcional, financiera y jurisdicción en todo el territorio nacional. Será el organismo competente para reglamentar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta, del cannabis y de sus productos derivados.

El gobierno de Alberto Fernández aspira a que el país sea un líder regional en el negocio del cannabis industrial. Las capacidades agropecuarias y científico-tecnológicas de una nación con tradición en la industria agrícola y prestigio en sus investigadores del Conicet o el INTA aportarán confianza para el sector a nivel mundial, se evalúa en el gabinete.

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Con la nueva ley se podrá usar la planta de cannabis de forma integral para producir no solamente aceites y cremas medicinales, también cosméticos, textiles, autopartes, materiales para la construcción, súper alimentos (ricos en Omega 3 y Omega 6), zapatillas, marcos para anteojos, entre muchos otros.

En relación con las semillas, la Aricamme trabajará en conjunto con el Instituto Nacional de Semillas (Inase) para emitir resoluciones especiales para el registro de genéticas de producción local.

Hasta ahora la única forma de conseguir semillas es por importación, lo que dificultaba mucho la investigación y el desarrollo también por entorpecimiento de la ley de drogas, que considera a la semilla un estupefaciente. Aunque ese universo algo cambió. Muchos de los bancos de semillas extranjeros ya trabajan en la instalación en Argentina. Organizaciones locales, como Criacann (nacida del activismo), también empezaron a desarrollar semillas “industria nacional”. En la última Expo, desarrollada en octubre en La Rural, los referentes de esta cooperativa le entregaron semillas nacionales al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Estudio científico

El gobierno nacional oficializó la aprobación del proyecto de investigación sobre el cultivo de cannabis con fines médicos y científicos a través de una resolución del Ministerio de Salud publicada en el Boletín Oficial.

La Resolución 3236/2021 lleva la firma de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y establece que se deberán presentar “informes trimestrales con los avances”, que se produzcan.

El programa tiene el objetivo de impulsar la investigación para generar “evidencia científica de calidad que permita a las y los pacientes humanos acceder a la planta de cannabis y sus derivados en forma segura”, así como promover las investigaciones del Conicet, y otros organismos.

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Asimismo, se da “intervención al Instituto Nacional de Semillas (Inase), órgano regulador de las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de la especie a fin de permitir la trazabilidad de los productos vegetales” en cuestión.

En tanto, el Estado importará las semillas que sean aprobadas por el Inase, la Anmat y el Senasa y luego se procederá a la siembra de las mismas en el CIM.

Santa Fe

El Ministerio de Salud de Santa Fe delineó este año un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) para poder comenzar a producir aceite de cannabis mediante el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y, así, convertirse en la primera provincia del país en producirlo de manera regional.

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La iniciativa santafesina encontraría anclaje en la nueva ley nacional. El LIF podrá importar y comprar especialidades medicinales fabricadas en el país. Las personas que no cuenten con obra social o seguro privado podrán acceder también a preparados.

Con la nueva reglamentación pueden entrar en el circuito de legalidad los cultivadores solidarios, familias y agrupaciones que sostienen con mucha dificultad la demanda de los usuarios, cuyo crecimiento fue exponencial en los últimos años.

En la provincia de Santa Fe son más de 35 las personas que reciben, a través de la obra social IAPOS, aceite importado para el tratamiento de epilepsia refractaria.