El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas expresó ayer su preocupación por la selectividad del sistema de Justicia Penal argentino con los sectores más vulnerables y quienes participan en protestas sociales y reiteró que la detención de la activista Milagro Sala es "arbitraria".
"Aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como los niños, el colectivo Lgtbi (Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales), los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía por la sospecha de haber cometido un delito o de ser demorados para verificar su identidad", advirtió la delegación que culminó ayer una visita de diez días a la Argentina.
"La recomendación a todos los sectores de la sociedad es que no miren para otro lado", señaló la letona Elina Steinerte, quien junto a Setondi Roland Adjovi, de Benin, presentó los resultados preliminares de la visita en una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires.
La delegación arribó el 8 de mayo y recorrió distintos centros de detención de la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Chubut y Jujuy, donde se encuentra bajo arresto la dirigente social kirchnerista Milagro Sala. Varios organismos internacionales de derechos humanos reclamaron la liberación de Sala, detenida desde enero de 2016 tras encabezar una protesta.
Caso Milagro Sala
El Grupo de Trabajo evitó referirse al caso particular de Milagro Sala, pese a que fue invitado por el gobierno nacional a analizar la cuestión, y sólo subrayó que la detención se mantiene "arbitraria" pese a las recomendaciones que hizo meses atrás a la administración de Mauricio Macri.
El gobierno alega que no puede inmiscuirse en una decisión de la Justicia de la provincia de Jujuy, al asegurar que respeta la división de poderes.
Milagro Sala se encuentra en prisión desde el 16 de enero de 2016 y fue condenada en dos juicios en Jujuy. La más grave de las penas recibidas fue de tres años de prisión en suspenso por daños agravados durante una manifestación realizada en 2009.
También está acusada de los presuntos delitos de fraude a la administración pública y asociación ilícita por no ejecutar una partida de 60 millones de pesos otorgados por el Estado jujeño para construir viviendas.
Sala, de origen indígena,es la principal referente de la Túpac Amaru, una agrupación que en Jujuy llegó a tener más de 100 mil seguidores y recibió millonarios fondos del Estado para sus actividades durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
Grupos aborígenes
Los expertos de Naciones Unidas señalaron que "resulta particularmente alarmante la respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden ante las manifestaciones realizadas por los grupos indígenas", por lo que exhortaron al gobierno a que "se abstengan de emplear una fuerza desproporcionada y reanuden el proceso de diálogo con las comunidades indígenas".
La delegación afirmó que la policía argentina tiene amplias facultades de detención y que se usa en exceso la prisión preventiva, con un 60 por ciento de los detenidos en esta categoría.
Apuntó en tanto que en el caso de niños, niñas y adolescentes la excepcionalidad en la privación de la libertad no se aplica como corresponde en Argentina. "Durante nuestra visita recibimos testimonio de casos de privación de la libertad y maltrato de menores de 16 años por parte de las fuerzas de seguridad", afirmaron los expertos.
Contra la política migratoria
En tanto, el Grupo de Trabajo cuestionó en tanto el decreto presidencial que modificó la ley sobre política migratoria en Argentina y eliminó salvaguardas importantes.
"La detención de migrantes debe ser excepcional y puede justificarse únicamente si persigue un fin legítimo, es proporcional además de necesaria y cuenta con el control judicial apropiado", expresaron.
El Grupo de Trabajo, que depende de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, anticipó que si las recomendaciones no son cumplidas la situación de Argentina "será reflejada en el reporte anual".
onu. El Grupo de Trabajo se preocupó por la selectividad de las detenciones con los sectores más vulnerables.
La propiedad de Buenos Aires al 1000 está vinculada a Lelo Pérez, expareja de Vicky Xipolitakis
Por Lucas Ameriso
