La Justicia uruguaya impide un aborto por pedido del presunto padre del nonato

En un fallo sin precedentes, la justicia uruguaya impidió a una joven que cursa diez semanas de embarazo avanzar con un aborto legal, que en ese país está permitido desde 2012, por solicitud del presunto padre del nonato, lo que generó un amplio repudio de las organizaciones y sectores que trabajaron por la sanción de la ley que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

   El pasado 21 de febrero, la Jueza de Primera Instancia de la localidad de Mercedes (departamento de Soriano), Pura Book Silva, hizo lugar a una demanda de amparo presentada por un hombre disponiendo la suspensión de un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo para "proteger los derechos fundamentales del concebido", según informó el Poder Judicial uruguayo.

   En el comienzo del fallo (ya recurrido por la gestante) la magistrada refiere que "si bien las partes no conformaron a la fecha una pareja con las connotaciones propias del concubinato, el Sr X está dispuesto a hacerse cargo de su hijo lo cual hace ya a partir de la concepción de independientemente de que la madre esté dispuesta a ejercer su condición de tal".

   El demandante mantuvo una relación amorosa con la demanda a raíz de la cual la mujer quedó embarazada, pero en la actualidad ya no forman una pareja. La mujer le comunicó el 25 de enero que estaba llevando a cabo el trámite necesario para interrumpir su embarazo, decisión a la que él se opone.

   La jueza Book sostiene que "permitir a la madre continuar con el proceso de interrupción del embarazo implicaría una infracción a la normativa vigente y aplicable al caso, porque no se cumplen los requisitos formales previstos en el articulado, no hay prueba registrada en la historia clínica de su cumplimiento".

   "Ante esa falencia —concluye el fallo— y en el conflicto entre el derecho a la autodeterminación de la mujer sin razones atendibles que justifiquen el impedimento para continuar el embarazo de acuerdo a lo expuesto en la audiencia, sin prueba de afectación psicológica, valorando la situación concreta con criterio de razonabilidad o proporcionalidad, frente al derecho a la vida del concebido, entiende la suscrita debe primar el derecho a la vida consagrado en nuestro jurídico".

   Ayer a la mañana, Daniel Benavidez, el abogado de la mujer a quien la Justicia le negó el aborto, anunció que presentaron la apelación al fallo. En declaraciones al programa "Todo Pasa", de la radio oriental Océano FM, Benavidez dijo que siente indignación personal y también profesional por la resolución de la jueza Pura Book. "Estamos seguros de la vulneración del derecho" de su clienta ya que "hay una ley vigente que no se puede obviar".

   "El fallo es una barbaridad. En primer lugar la jueza contrapone el derecho del presunto padre por sobre el de la mujer que estaba cursando un pedido de aborto legal tal como lo establece la ley; en segundo término esgrime como argumento que no justificó bien su pedido de interrupción «porque no consta en el legajo médico» y, por último, acusa a la mujer de no haber utilizado los métodos anticonceptivos", señaló a Télam la politóloga uruguaya María Elena Laurnaga, ex diputada del Frente Amplio.

   La noticia generó ayer un inmediato repudio desde los diferentes sectores defensores de los derechos de las mujeres, tanto de la sociedad civil como oficiales, desde donde se espera que en estos días se emita un posicionamiento.

   "Esto se inscribe en todas las formas de violencia que atravesamos las mujeres, porque todos nos horrorizamos ante los femicidios, lo cual está muy bien, pero hay todo tipo de derechos como los sexuales y reproductivos que las mujeres ven vulnerados a diario", concluyó Abracinskas.

   Sin embargo, el pronunciamiento judicial fue destacado por los que se oponen al aborto. El militante de la Organización Pro-Vida y diputado blanco Carlos Iafigliola dijo al diario uruguayo El País que por primera vez se pone al padre como sujeto de derecho ante el niño en el vientre materno.

   Precisó que la ley impulsada por el partido de gobierno, Frente Amplio, no se otorga ningún derecho al padre.

   En 2012, en Congreso uruguayo sancionó la ley 18.987, conocida como la ley de aborto, en la que se garantiza el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo a mujeres que estén dentro de las 12 semanas de gestación y cumplan con el requisito de solicitarlo ante el profesional de la salud explicando "las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo".

   Tras el recurso de apelación presentado por la mujer, el hombre deberá en los próximos días realizar su descargo y la jueza definirá su elevación al Tribunal de Apelaciones de Familia.