El juez federal Sebastián Casanello prohibió ayer que la empresa Dell Producciones, propiedad del prófugo Adrián Conci, realizar nuevas fiestas como la que hace ocho días costó la vida a cinco jóvenes por intoxicación con drogas en Costa Salguero y citó a indagatoria a Martín Gontad, conocido como "el rey de la electrónica", por sospechar que fue el organizador del evento.
Gontad declarará el 16 de mayo próximo a las 10 junto a Diego Herrera, director suplente y socio de Conci en la firma Dell, organizadora de la Time Warp.
De esta forma Casanello aceptó el pedido del fiscal Federico Delgado, en el marco de un conjunto de medidas ordenadas para esclarecer las responsabilidades por el hecho y que incluyeron también allanamientos en oficinas del gobierno porteño y en una agencia de turismo de Córdoba, que vendió paquetes para la fiesta.
Para Delgado, en la fiesta hubo una "zona liberada para vender drogas", lo que permitió que los asistentes pudieran comprar diversos tipos de pastillas con excitantes, incluyendo "la gran novedad del Superman", según declaró una médica que asistió a los primeras víctimas.
Los ecos de la tragedia en Costa Salguero escalaron además al máximo nivel del Gobierno ya que el jefe del Gabinete nacional, Marcos Peña, sostuvo ayer que tanto la Nación como el gobierno porteño "van a colaborar con la Justicia para saber si hubo fallas o cosas que tuvieron que haberse hecho mejor". Su referencia a las presuntas falencias en la habilitación de las instalaciones como en la seguridad interior y exterior, fue hecha antes de conocerse que Casanello hubiese ordenado un allanamiento a Agencia de Control Comunal, que dio los permisos para la fiesta y destinó sólo a tres de sus inspectores en el lugar esa noche.
Gontad había declarado como testigo el sábado y aseguró no haber visto "nada fuera de lo común" en el predio de Costa Salguero, donde admitió haber estado por haber sido contratado como "asesor de contenidos artísticos".
Tampoco dijo saber nada sobre el corte del agua en los baños, lo que obligaba a los que consumieron pastilla con drogas de diseño y otros energizantes a comprar la botellitas de agua que se vendía a 80 pesos en la culminación de la fiesta, según datos del expediente.
Las nuevas citaciones a indagatoria se suma a las primeras 28, que incluyeron a los prefectos a cargo del "anillo" de seguridad exterior que recibieron la bolsita con drogas decomisadas en los molinetes de ingreso pero que no reportaron la novedad a la justicia hasta después de que se registraron los muertos.
Casanello ordenó las medidas y luego reimplantó el secreto de sumario al trascender varias de las declaraciones realizadas por testigos, algunos de identidad reservada.
Caos. Antes de la medida, se conoció el testimonio una médica de la empresa Semec, contratada por Dell Producciones para el evento, quien declaró que los dos equipos de emergencias con tres médicos y 15 socorristas quedaron "saturados" apenas comenzaron a producirse los colapsos de los asistentes. "Hasta la 1.50 atendimos emergencias moderadas o leves, código verde o amarillo sería, cada paciente salía por su cuenta, nada grave", recordó.
Pero luego ingresaron un paciente identificado como Leandro Espinoza, con un traumatismo encefalocraneano y fue derivado a la primera ambulancia, tras lo cual llegó un tercer paciente con "excitación psicomotriz, con examen físico difícil de evaluar".
"Al vernos saturados y sin ambulancias pedimos auxilio al Same", recordó la médica, quien dijo que "por comentarios de las primeras personas que atendimos, las anteriores a los casos graves, me hablaron del consumo de éxtasis, LCD, Popper, GHB y mencionaron como novedad de la noche el Superman".
Todos los atendidos sufrían "intoxicación aguda por una sustancia extraña", según la primeras impresiones de los médicos en el lugar.
En Córdoba, la Policía Federal allanó las oficinas de la agencia de viajes Próxima Estación, en la céntrica galería Paseo del Sol, donde se habrían vendido paquetes para el traslado y el ingreso a la rave.
Casanello también detuvo a tres presuntos dealers, un argentino, un dominicano y un colombiano a raíz de que recibió información que los vincula a la venta de droga sintética, proveniente de un juzgado en lo penal económico que ya los investigaba. Los tres se negaron a declarar.
En forma paralela a la investigación judicial, los legisladores porteños aprobaron un pedido de informes al ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, para que explique su actuación en los controles del perímetro externo de los tres pabellones en donde se realizó la fiesta.Trascendió un entrecruzamiento de llamadas y mensajes de whatsapp en el que los organizadores aseguran que asistieron 20.492 personas, cuando los inspectores del gobierno porteño dicen que se habían vendido 10.400 tickets y la capacidad autorizada es de 13.000.
Tres de los cinco jovenes internados que experimentaban los cuadros más graves, presentan "una leve mejoría" en su estado de salud, informó el Ministerio de salud porteño.
Por Carina Bazzoni
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