Las víctimas de una violación pueden practicarse un aborto sin necesidad de previa autorización judicial y, al igual que los médicos que las asistan, están exentas de pena, ratificó ayer la Corte Suprema de la Nación en una sentencia.
Las víctimas de una violación pueden practicarse un aborto sin necesidad de previa autorización judicial y, al igual que los médicos que las asistan, están exentas de pena, ratificó ayer la Corte Suprema de la Nación en una sentencia.
Según el fallo del máximo tribunal, para que la mujer pueda realizarse la práctica deberá completar una declaración jurada dejando constancia del delito del que fue víctima para que los profesionales que la asistan puedan efectuar el aborto sin responsabilidad penal.
La sentencia de la Corte, unánime aunque con votos con distintos fundamentos, fue dictada en el caso de una adolescente (A.G.), de 15 años de edad, que a fines de 2009 fue abusada por su padrastro, un oficial de la policía de Chubut.
El fallo de la Corte, que confirmó el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, despeja incertidumbre y pone fin a criterios dispares en la interpretación del inciso b) del artículo 86 del Código Penal. La norma establece que el médico que practica el aborto no es punible cuando "el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometida sobre una mujer idiota o demente".
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, aclaró que la decisión del tribunal no legaliza o despenaliza el aborto, porque "ese tema está en el Congreso".
Pero el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, advirtió ayer que "el aborto es la supresión de una vida inocente, y no existe ningún motivo ni razón que justifique la eliminación de una vida inocente, ni siquiera en el caso lamentable y triste de una violación".
Resguardar la salud. La Corte ordenó además que, por la "gravedad y trascendencia social" del tema, "tanto en el ámbito nacional como en los provinciales se extremen los recaudos a los efectos de brindar a las víctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia para resguardar su salud y la integridad física". En el fallo se exhorta a los poderes judiciales de todos los niveles a "abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente".
Presentada la situación prevista en el inciso b) del Código Penal, que permite la interrupción de la gestación, "es la embarazada que solicita la práctica, junto con el profesional de la salud, quien debe decidir llevarla a cabo y no un magistrado a pedido del médico".
La Corte recordó que "ningún habitante de la Nación está obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe" para remarcar que la víctima de violación "no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo", porque en estos casos el aborto "lejos de estar prohibido, está permitido y no es punible".
Además, el "tribunal advierte a los profesionales de la salud la imposibilidad de eludir sus responsabilidades una vez enfrentados a la situación contemplada" en el inciso b) del artículo 86 del Código Penal.
Coincidieron en los fundamentos el presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.
Los ministros Enrique Petracchi y Carmen Argibay también votaron por la confirmación del fallo del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, con el argumento de que el recurso contra esa sentencia no justificó por qué sólo debía permitirse el aborto a las víctimas de violación con deficiencias psíquicas. (Télam)
Es el segundo detenido por el crimen de Brian Nahuel “Chino” Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2025. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas entre grupos delictivos de villa La Lata.
Por Elbio Evangeliste
