Dos asambleístas de Gualeguaychú serán juzgados a partir del miércoles por la muerte de un motociclista que chocó contra un acoplado estacionado en un corte de ruta durante las manifestaciones contra las papeleras uruguayas en un proceso que fue interpretado por los ambientalistas como “la judicialización de la protesta”.
La Asamblea Ciudadana Ambiental repudió el juicio, defendió la inocencia de los imputados que son jubilados y anunció una movilización el día del comienzo del juicio.
Luis Leissa, integrante del grupo de abogados de la Asamblea, expresó que a los ciudadanos Miguel Ángel González y Miguel Argentino Pérez “se les atribuye concretamente el no haber adoptado medidas tendientes a evitar el accidente que le produjo la muerte” al motociclista y alertó que “esto busca generar desaliento y desánimo” en la lucha contra las papeleras.
El proceso judicial comenzará entre el miércoles y el viernes próximos y se desarrollará en el Tribunal Oral de Paraná, donde se juzgarán a los dos imputados por la muerte de un motociclista en la ruta internacional 136 que va desde Gualeguaychú a Fray Bentos.
El motociclista uruguayo Walter Maulucci colisionó en la noche del 26 de abril de 2009 contra un acoplado ubicado a la altura de Arroyo Verde, el lugar donde se realizaba el bloqueo.
En la noche del accidente el tránsito estaba abierto porque al día siguiente se realizaría la tradicional marcha anual de la Asamblea al puente internacional General San Martín.
Los asambleístas acusados, dos jubilados que participaban en la Asamblea de Gualeguaychú y concurrían asiduamente al lugar del corte, fueron acusados porque eran quienes se encontraban allí en la noche del accidente.
Fueron citados en calidad de testigos, integrantes de la Policía de Entre Ríos, de Gendarmería Nacional y de la Dirección Nacional de Aduanas.
Leissa consideró que el juicio “es un despropósito porque ellos (los imputados) no estaban encargados de la fiscalización de la ruta” ya que, precisó, “el control y la prevención en la misma tal como lo dispone la Ley Nacional de Tránsito 24.449 está en cabeza de Gendarmería Nacional primero y luego de la Policía de Entre Ríos”.
“Creemos que esta imputación por una presunta omisión constituye una injusticia ya que Pérez y González no podían ser nunca garantes de la circulación”, sentenció el letrado, quien añadió que “lo se busca es que todo aquel vecino que no tiene una firme convicción se vea alejado de la posibilidad de acompañar el reclamo”.
En este sentido, Leissa sostuvo que con este juicio “cualquiera en su fuero íntimo antes de decidir acompañar termina por desistir de hacerlo ante la posibilidad de terminar sentado en el banquillo de los acusados o con un juicio”, por lo que remató: “Esto lo que busca es generar desaliento y desánimo”.
El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, rechazó el pedido de sobreseimiento de los asambleístas y coincidió con la fiscal Federal de Concepción del Uruguay, Milagros Squivo, quien había pedido la clausura de la instrucción y la consecuente elevación a juicio.
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